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REPRESIÓN

La Brigada Político Social y su continuación en la “democracia”

En junio la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina iniciaba una nueva estrategia judicial basada en presentar querellas individuales contra torturadores franquistas.

Verónica Landa

Barcelona | @lierolaliero

Miércoles 13 de septiembre | 18:16

Por la sede de la Brigada Político Social (BPS), situada en la Dirección General de Seguridad, pasaron muchos activistas estudiantiles y militantes de izquierda. La BPS se dedicaba a perseguir y reprimir a toda la oposición al régimen franquista.
La nueva estrategia judicial de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAqua), comenzó con la querella de Luis Suárez-Carreño. La primera querella individual presentada en el Estado español contra Antonio González Pachecho, conocido como ‘Billy el Niño’. Suárez-Carreño, exmilitante de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y miembro de ‘La Comuna’, grupo de represaliados y represaliadas por el franquismo, así como los otros querellantes, pretenden demostrar que las torturas de la Brigada Político Social (BPS) no eran casos aislados, si no un método de represión contra la resistencia política al franquismo.

De este modo, esperan que sean considerados crímenes contra la humanidad, que según el derecho internacional no prescriben. En los próximos meses, el resto de querellantes irá tramitando sus querellas individuales al igual que Suárez-Carreño.
Suárez-Carreño además apuntaba contra otros dos policías franquistas e inspectores de BPS: Manuel Gómez Sandoval y Tomás Nieto Berrocal.
Otros de los querellantes son Rosa María García (FRAP), Adolfo Rodríguez (PCE), Willy Meyer (PCE e Izquierda Unida), Jesús Rodríguez (LCR), Felisa Echegoyen (LCR) o José María ‘Chato’ Galante (LCR).

¿Qué fue de los torturadores de la BPS?

Se calcula que en 1968 había unos 22.000 torturadores en la Brigada Político Social. Hoy en día, muchos miembros de la BPS no solo siguen libres, sino que además muchos continuaron sus carreras dentro de la Policía. Muchos no fueron identificados, y solo los casos más mediáticos como el de ‘Billy el Niño’ tienen mayor repercusión.

A continuación, algunos de los nombres que figuran en la Querella Argentina, acusados por torturas.

Antonio Gónzalez Pacheco, ‘Billy el Niño’. Una de sus “gestas” policiales es haber participado en la liberación del general Villaescusa, secuestrado por los GRAPO. Por ello, en 1977 Rodolfo Martín Villa, ministro de Gobernación, le concedió la Medalla al Mérito Policial. Pacheco fue uno de los miembros más activos de la BPS, hasta su disolución en 1976.

A pesar de que una gran cantidad de las personas detenidas e interrogadas por Pacheco le denunciaron, solo fue condenado a pagar dos multas. Una de ellas por la agresión al periodista Paco Lobatón en 1974, por entonces estudiante universitario.

Todos los procesos que González Pacheco tenía pendientes se sobreseyeron al beneficiarse en 1977 de la Ley de Amnistía. Pero continúo desde 1977 en la Brigada Central de Información, siguiendo bajo el mando del comisario Conesa. Trasladado después a la Brigada Antiterrorista, se le vincula a la guerra sucia contra ETA y con atentados de ‘Antiterrorismo ETA’ y ‘Batallón Vasco Español’ en Francia.

Dirigió el grupo ‘Anti-GRAPO’, de la Brigada Central de Información. Muchos de sus miembros acabaron tiempo después en la Brigada Antigolpista, dirigida por Emilio Sánchez.

En un intento de lavado de cara del Régimen, en 1984 Pacheco pide la excedencia del Cuerpo Nacional de Policía y pasa al sector privado trabajando como jefe de seguridad en una fábrica de Madrid. En 1996 monta su propia empresa: Spas Consultores (Servicios de Prevención de Atentados y Secuestros SL).

Pascual Honrado de la Fuente, considerado uno de los principales torturadores franquistas en Asturias. En 1977 le admiten en el Cuerpo General de Policía. La jueza Servini acusa a Pascual Honrado de “torturar a Gerardo Iglesias, exsecretario del PCE y ex Presidente de IU” por incitar a la huelga.

Benjamín Solsona, alias ‘El Galleta’. Señalado como torturador, participó en los interrogatorios y torturas de estudiantes universitarios militantes del Partit Comunista del País Valencià en 1971. En 1980 fue nombrado Jefe Superior de Policía en Bilbao. y Jefe Superior de Policía de Balear hasta 1988.

Roberto Conesa Escudero. Policía implicado en la represión política desde 1939 y en la detención de grupos como Las Trece Rosas. Al principio de la dictadura se dedicó a perseguir a las Juventudes Socialistas Unificadas, al PSOE y al PCE. Más tarde, al movimiento estudiantil y el movimiento obrero, así como a la extrema izquierda.

También estuvo implicado en la resolución del secuestro de Villaescusa en 1977.
Jesús González Reglero. Formaría parte del grupo ‘Anti Grapo’’ dirigido por Billy el Niño. Acusado de torturas a varios militantes antifranquistas, fue Comisario Jefe de la Comisaría de Leganés hasta 2014.

Ricardo Algar Barrón y Celso Galván Abascal. Algar Barrón fue policía hasta 1988. Celso Galván estuvo implicado en la muerte de Enrique Ruano, de 21 años, estudiante y militante del Frente de Liberación Popular. Fue escolta de Franco y más tarde de la Casa Real.

Jesús Martínez Torres. En 1982 al ganar el PSOE las elecciones, ascendió a Comisario General de Información responsable de a lucha antiterrorista. Tiempo después, sería imputado por los crímenes de los GAL. En 2013 fue nombrado comisario de honor del Cuerpo Nacional de Policía.

Jesús Quintana Saracibar. Capitán de la Policía Armada, responsable de las fuerzas que asaltaron la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga de Vitoria en marzo del 1976. El resultado fue cinco obreros asesinados y decenas de heridos.

Manuel Ballesteros. Trasladado desde Valencia a San Sebastián, fue comisario allí en 1974, para ser luego Jefe superior de Policía en A Coruña en 1976. En 1978 lo es de Bilbao. Fue director del Gabinete de Información del Ministerio del Interior con el gobierno del PSOE, con Barrionuevo como ministro, imputado por desviar fondos públicos al GAL.

¿Reclamo de justicia a una institución heredera del franquismo?

En 2013 la jueza argentina María Servini de Cubría emitía una orden de búsqueda y captura internacional contra González Pacheco y el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas.

En abril de 2014 la Audiencia Nacional rechazaba la extradicción argumentando que los delitos de los que les acusan han prescrito al no considerarlos crímenes contra la humanidad. Según la Audiencia Nacional, las torturas de las que se acusan a los miembros de la BPS no son crímenes de lesa humanidad porque no suponían un “ataque sistemático y organizado a un grupo de población”.

Más allá de la reconversión del Tribunal de Orden Público en la Audiencia Nacional, ni en el ejército, ni en la Justicia, ni en el aparato policial hubo expulsiones significativas. Es más, muchos de los miembros de la policía, la Justicia y el ejército franquistas ocuparon cargos similares, e incluso ascendieron, durante la Transición y su Democracia.

Este entramado represivo que el actual Régimen del 78 mantiene heredado del franquismo, ha sido utilizado por los diferentes gobiernos, tanto del PSOE como del Partido Popular, para reprimir a activistas y militantes de izquierda.

Y este no consta tan solo de las fuerzas represivas, sino que cuenta también con la judicatura. Es por ello que buscar justicia apelando a estas instituciones y bajo sus reglas es, en la gran mayoría de casos, una derrota anticipada.






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