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La Audiencia Nacional acepta la denuncia por sedición a petición de la Fiscalía

Las protestas de la semana pasada en Barcelona tras la escalada represiva del Gobierno central serán juzgadas bajo pena de sedición tras la decisión de la jueza Carmen Lamela.

Ivan Tamajón

Barcelona | @Ivan_Borvba

Miércoles 27 de septiembre | 18:09

Foto: EFE

El Régimen del 78 sigue lanzando su arsenal represivo sobre Catalunya con el objetivo claro, ya no solo de impedir el referéndum, sino también de juzgar a toda aquella persona o institución que haya mostrado su apoyo a la cita del 1 de octubre.

Una escalada represiva sin precedentes en los últimos meses que tuvo un recrudecimiento el pasado miércoles 20 de septiembre con la detención de 14 miembros de las instituciones catalanas relacionadas mayoritariamente con la Conselleria d’Economia i Hisenda, además del registro por parte de la Guardia Civil de la sede nacional de la CUP.

Fue a raíz de estos ataques por parte del Gobierno central y la judicatura que se produjo una gran movilización en las calles de Barcelona. En universidades, en la Plaza Sant Jaume, en la sede nacional de la CUP pero sobre todo frente a la Conselleria d’Economia i Hisenda, se concentraron miles de personas exigiendo la libertad de los 14 detenidos y el fin de los registros por parte de la Guardia Civil.

Precisamente estas movilizaciones son las que la Audiencia Nacional va a juzgar bajo condena de sedición tras admitir a trámite la petición de la Fiscalía. La titular del Juzgado Central de Instrucción 3, Carmen Lamela, se ha declarado competente para juzgar los casos expuestos en el auto presentado por el Ministerio Publico, puesto que, según sostiene, pueden constituir un ataque contra la forma de Gobierno.

La primera medida que ha adoptado la jueza ha sido la solicitud a la Guardia Civil de un atestado detallado sobre las movilizaciones de los días miércoles y jueves de la semana pasada.

La sedición se contempla en el artículo 544 del código penal contra “quienes se alcen pública y tumultuariamente” para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”. Cabe recordar que la pena de sedición contempla penas de hasta 15 años para las autoridades políticas promotoras.

Esta medida es la última en sumarse a la larga lista de acciones represivas que desde el Gobierno central, Judicatura y fuerzas represivas están llevando a cabo contra las instituciones y el pueblo catalán en su defensa del legitimo derecho a decidir.

Más de 700 alcaldes llamados a declarar, imprentas precintadas, webs cerradas, 14.000 policías Nacionales y Guardias Civiles desplegados en Catalunya, miembros del gobierno catalán detenidos, control económico arrebatado a la Generalitat, disputa por el control efectivo de los Mossos y un sinfín de medidas que han supuesto un golpe definitivo para la realización de un referéndum como el que apostaba la dirección del procés, tal y como ellos mismo han reconocido.

Pero todos estos ataques y amenazas han servido también para activar las movilizaciones en la calle. Tanto el movimiento estudiantil con la ocupación del rectorado de la Universidad de Barcelona como la huelga promovida por la IAC, CGT y la COS, reflejan que la juventud y la clase trabajadora empiezan a entrar en escena con la fuerza que no han tenido en 5 años de procés encorsetado por su dirección y se demuestran como la única alternativa para enfrentar los ataques del reaccionario Régimen del 78.






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