Economía

PROYECTO DE LEY DE MOVILIDAD DE ASIGNACIONES FAMILIARES

La Asignación Universal por Hijo y la inclusión social: ¿relato o realidad?

La Cámara de Diputados debatirá este miércoles la movilidad de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo. Este debate plantea la superación de la arbitrariedad de los aumentos instrumentados por el Poder Ejecutivo, que en los últimos años significó pérdida de poder de compra en varios períodos. ¿Qué nos dice la AUH sobre el “modelo” de inclusión social del “relato” K? El planteo del Frente de Izquierda y los Trabajadores.

Pablo Anino

@PabloAnino

Martes 14 de julio de 2015 | Edición del día

El mes pasado la presidenta Cristina Fernández anunció, junto con el último aumento de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el envío al Congreso de un proyecto para establecer por ley su movilidad.

El proyecto define que la movilidad será semestral con ajustes en marzo y septiembre de cada año para la AUH y otras asignaciones tomando como referencia los incrementos en las jubilaciones, según la Ley 24.617. Por lo cual, las asignaciones crecerán en función de una fórmula que pondera 50% el aumento en la recaudación tributaria y 50% el incremento de salarios (de acuerdo al índice general de salario del INDEC o el RIPTE de la Secretaría de Seguridad Social). El límite a los aumentos quedará establecido por la recaudación de la ANSES multiplicado por un coeficiente de 1,03. Es decir, no puede superar en más del 3% el incremento que verifique la recaudación.

Si bien la ley establece que en ningún caso se puede reducir el valor nominal de las asignaciones, con esa fórmula de movilidad, en períodos de crisis donde los ataques al salario pueden generar un freno o subas por debajo de la inflación, como ocurrió notoriamente en los dos últimos años con la política de “techos” en paritarias, o cuando la recaudación se estanca o cae, la movilidad de las asignaciones estará afectada por la situación de crisis sin resguardar a los más vulnerables.

De acuerdo a lo que estimó el diputado nacional Claudio Lozano en dictamen de minoría en el Congreso desde octubre de 2009 (cuando se implementó por primera vez) hasta 2012 los ajustes de la AUH implicaron una pérdida de poder de compra porque estuvieron detrás de la inflación. Desde el 2013 en adelante la AUH recupera el poder de compra de 2009 en el mes en que se implementa el ajuste y luego lo pierde progresivamente en los meses subsiguientes. Según esos mismos cálculos, la AUH tendrá en febrero de 2016 (antes de que se aplique la primera actualización por ley) una pérdida de 6,4% en términos reales en comparación con el valor vigente en octubre de 2009 cuando se implementó por primera vez.

Aunque la AUH es muy importante para amplios sectores de la población, la lógica oficial fue mantener esa asistencia en un nivel mínimo, pero sin permitir superar las condiciones de miseria en que viven los más pobres. El hostigamiento a una supuesta “aristocracia obrera” que paga el impuesto al salario para hipotéticamente redistribuir en favor los más desprotegidos fue una cobertura para mantener condiciones noventistas con una fuerza de trabajo barata y precarizada en beneficio de las patronales.

Prioridades de distinta clase

La destrucción de las estadísticas públicas por la intervención del INDEC impide tener medidas objetivas para establecer el valor de los bienes básicos que requiere una canasta que atienda las necesidades de los menores de 18 años. Siguiendo los cálculos de Claudio Lozano, en mayo de este año, la canasta básica total (no sólo alimentaria, sino que considera vivienda, salud, educación, transporte, vestimenta, etcétera) infanto-juvenil alcanzó un valor de $1.407 en una estimación mínima y de $1.933 en una estimación máxima.

Además, Lozano presentó datos sobre 2.569.801 niños y adolescentes excluidos de la protección social. Es que existen restricciones para el acceso a la AUH para muchos menores por ser hijos de monotributistas o inmigrantes, pero también por el máximo establecido en cinco percepciones o por las incompatibilidades con otras asignaciones no contributivas (de carácter nacional, provincial o municipal), cuando estas se extienden en familias sin trabajo que acceden a distintos planes sociales como forma de supervivencia.

Muchas familias pierden la percepción cuando los padres acceden al empleo formal, aun cuando sus salarios estén muy por debajo de la canasta familiar. En tanto no haya medida oficial de la canasta familiar que sea creíble, la AUH debería ser sostenida al menos a todo hijo de trabajador que acceda a empleo formal en la medida que sus ingresos no superen al salario medio de los asalariados registrados privados que informa el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que en marzo se ubicaba en $12.615.

Durante el transcurso de 2015 se estarán pagando unos u$s15 mil millones entre capital e intereses de la deuda. Al tipo de cambio oficial de $9 por dólar, significan $135 mil millones. Según los datos ofrecidos en el discurso en el cual la presidenta de la Nación anunció el último aumento de las asignaciones se puede estimar que se destina a la AUH $40 mil millones anuales. Es decir, menos de un tercio de lo que se gastará este año en pagos de la deuda externa. Si se dejará de pagar la deuda, los $837 por hijo de la AUH podrían ser casi $1.672 y cubrir a un total de 6.211.801 niños y adolescentes (3.642.000 que ya la perciben y 2.569.801 que están excluidos).

En los fundamentos del proyecto oficial sobre movilidad de la AUH se destaca que el presupuesto de asignaciones familiares pasó del 0,4% del PBI en 2004 al 1,14% en 2014. Pero los intereses de la deuda que recibe un puñado de especuladores significaron el 1,6% del PBI en 2014 según consta en las estadísticas de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Incluso, el 67% de los recursos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) del ANSES está “invertido” en títulos y obligaciones negociables. Es decir, en gran medida en deuda pública. Lo que el oficialismo llama desendeudamiento, lo pagan en gran parte los jubilados resignando recursos que podrían ir al 82 % móvil o a mayores asignaciones, pero van a los especuladores. La restitución de las contribuciones patronales a los niveles previos a los noventa también sería una gran fuente de recaudación, pero el kirchnerismo no se atreve a tocar esa conquista que obtuvieron las patronales con Menem. Las prioridades de clase del gobierno que “redistribuye” son notorias.

Lo que “relato” no dice: precariedad laboral y de la vida

Así como la movilidad no permitió a los jubilados alcanzar el 82% móvil para tener un ingreso que les permita cubrir sus necesidades (el 70% cobra la mínima de $3.821), su aplicación para las AUH y otras asignaciones difícilmente pueda resolver el problema de precarización de la vida. Es que los niveles y la movilidad no están fijados en función de parámetros objetivos que den cuenta de las necesidades reales de jubilados, niños y adolescentes que perciben esos beneficios, sino de acuerdo a la capacidad recaudatoria del Estado.

La importancia que adquiere en Argentina la AUH que perciben los hijos de los trabajadores desocupados y no registrados expresa la consolidación de condiciones precarias de vida. Según los últimos datos oficiales del INDEC, en el primer trimestre de 2015 el 32% de los trabajadores no estaba registrado (estaba en “negro”), los desocupados alcanzaban el 7,1% y los subocupados 8,1%. Casi el 50% de la fuerza de trabajo sufre esas formas de precarización. Incluso, hay fuertes cuestionamientos sobre la veracidad de los datos que está publicando el organismo de estadística.

No sólo eso. Hay amplios sectores de trabajadores que aun contando con puestos de trabajo registrados sufren la inestabilidad y los bajos salarios con contratos “basura”, a término, tercerizaciones y tantas otras formas de precariedad. No es casual que en el primer trimestre del corriente año (siempre siguiendo los datos oficiales del INDEC) el 60% de los asalariados recibía por mes menos de $7.000.
Esos ingresos no permiten a grandes sectores de la población eludir la situación de pobreza estructural que alcanzaba al 25,1% de las personas en el segundo semestre de 2014, según estiman los trabajadores del INDEC que combaten la intervención y la manipulación de los índices.

En esta situación social, el nivel de la AUH y del resto de las asignaciones no asegura a las familias un ingreso que alcance para vivir. En febrero de este año los trabajadores que denuncian la manipulación estadística del INDEC estimaron la canasta familiar en $12.227. Con la inflación que corrió desde entonces en la actualidad no baja de $14.000. Como se ve, la AUH aunque es muy importante para quienes la reciben, es un monto ínfimo que no permite cubrir las necesidades mínimas. No existe un plan integral para atender las necesidades de salud, educación, vivienda, infraestructura urbana y acceso a trabajo registrado que sea adecuado a las familias más vulnerables.

La movilidad por ley de las asignaciones no dejará las manos del todo libres a los Scioli, Macri y Massa que aspiran a suceder a la presidenta en la perspectiva de un ajuste más profundo sobre el pueblo trabajador, pero tampoco revierte las condiciones estructurales de precariedad de la vida. Incluso la fórmula de movilidad deja abierta la posibilidad que en situaciones de crisis se vean gravemente afectados los ingresos por AUH y otras asignaciones.

Por el contrario, el Frente de Izquierda y los Trabajadores va a las elecciones a defender un plan en beneficio de las mayorías trabajadoras afectando los intereses de la clase capitalista: no al pago de la deuda externa, aumento de las contribuciones patronales, asignaciones familiares y AUH sin topes ni restricciones para la clase obrera en función de las verdaderas necesidades de los niños y adolescentes, salario mínimo igual a la canasta familiar y 82% móvil para jubilados, obras públicas bajo control obrero para dar trabajo a todas las manos disponibles, son medidas que forman parte de un programa a conquistar con un gobierno obrero.







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