DERECHOS HUMANOS

LA JUSTICIA URUGUAYA NO RESPETA LOS DERECHOS HUMANOS

A continuación reproducimos un artículo publicado originalmente en el sitio Antimafiadosmil.com. Le agradecemos a la autora por su amabilidad.

Jueves 23 de mayo | 13:51

*Foto de Portada: Our Voice/ Mesa de ponentes: Rafael Michelini, Dra Mirtha Guianze, Dr. Pablo Chargoñia
*Foto 2:Our Voice
*Foto 3:Our Voice/ Dr. Pablo Chargoñia y Victoria Camboni de Our Voice

Gobierno, medios de comunicación, Justicia, políticos, militares. Tantos actores sociales fabrican la impunidad, la moldean, la mantienen sana y salva, aplastando el sufrimiento de familias enteras que, después de más de 30 años, aún no saben dónde están los restos de sus seres queridos.

La Justicia, oprimida y silenciada, fue suplantada por un Poder Judicial servil al terror y a la negación de hechos que atentan contra nuestra democracia y nuestra dignidad.

¿No hay voluntad para juzgar a los culpables y devolvernos la memoria? Aunque el Gobierno de “izquierda” del Frente Amplio se tire el pelo y tenga a sus “voceros” para hablar a los medios y tratar de mantener una apariencia, los hechos hablan por sí mismos. Alcanza con leer las noticias de estos últimos meses para entender cabalmente que el pacto de silencio sigue vigente, y que las personas que tienen potestad y autoridad para juzgar los hechos y limpiar la figura del Estado de las atrocidades cometidas, no quieren hacer nada. Todos ellos son cómplices, miserables y culpables de que exista la impunidad en nuestro país.

Justicia y derechos humanos

El miércoles 15 de mayo se llevó a cabo la tercera ponencia del ciclo de charlas “La memoria está llena de memoria” de la Fundación Mario Benedetti. El enfoque, en esta oportunidad, fue sobre los avances –y retrocesos- jurídicos sobre el tema, y su vínculo con los derechos humanos.

Con el senador frenteamplista Rafael Michelini, como moderador, la ex fiscal Mirtha Guianze y el abogado Pablo Chargoñia, hicieron un recorrido por lo que ha sido la lamentable actuación de la Justicia en los delitos del Estado uruguayo cometidos en los oscuros años de dictadura militar en nuestro país.

Mirtha Guianze

La ex presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) y ex fiscal, comenzó su ponencia con un pedido: “hay que garantizar la convivencia futura en paz, la cual está comprometida por personas que no admiten que hubo crímenes de Estado”. Y puntualizó que hablar de “pasado reciente” es un eufemismo, ya que es una forma de encubrimiento de los hechos. No dimos vuelta la página, como sostienen algunos, porque “no podemos dar vuelta una página que no leímos”, valoró.

También destacó que hay una “tergiversación de los hechos desde la órbita gubernamental y desde los medios de comunicación”.

“Hay una negación del Estado Uruguayo al derecho a la verdad y la memoria”, afirmó Guianze. Existe una impunidad jurídica, moral y social en nuestro país. Jurídicamente no hubo sanción, moralmente hay un discurso legitimador de los delitos cometidos por los militares, y socialmente estos militares mantuvieron sus cargos en las Fuerzas Armadas y estuvieron cerca de la vida política. Aún hoy no se han conseguido domicilios de algunos militares.

“Estamos en un empantanamiento total”, “la situación es peor” que antes, enfatizó la ex fiscal. Y reclamó la necesidad de una respuesta jurídica a los crímenes cometidos durante la dictadura, ya que “poder acudir a la Justicia es un derecho humano”.

“Tenemos el futuro comprometido”, hay estudios que lo confirman. “No podemos vivir sin miedo”, dijo, parafraseando la campaña impulsada por el senador nacionalista Jorge Larrañaga que pretende formar una guardia militar que circule en las calles para combatir la delincuencia y que será votada por referéndum junto con las elecciones nacionales.

“No tenemos garantizado el derecho a la verdad: ni investigación ni dónde volcar lo logrado”, finalizó.

Pablo Chargoña

El abogado centró su ponencia en la necesidad de bajar el discurso jurídico a un lenguaje más adecuado para la comprensión general, y difundirlo a través de los medios de comunicación como una forma de enfrentar el silencio en torno a este tema, ya que todo discurso jurídico se mantiene en la “habitual oscuridad del seno judicial uruguayo”.

“Es necesario publicar procesamientos judiciales para contribuir al enfrentamiento y deconstrucción de la cultura de la impunidad”, insistió.

En ese sentido llamó a “defender las conclusiones a las que arriba la justicia penal ordinaria”.

“Debemos analizar por qué aparece un torturador, por qué un servidor público se transforma en enemigo de aquellos a quienes debería servir”. “¿Qué hace que un individuo vea a la obediencia como una virtud?”.Las personas que mantienen una obediencia sin conciencia “se transforman en cosas”, dijo refiriéndose a quienes ingresan dentro de las Fuerzas Armadas.

“No podemos claudicar” en esta lucha. “La demora es el triunfo en la cultura de la impunidad”, concluyó.

Rafael Michelini

El hijo senador de Zelmar, recordó cuando a raíz de una información brindada por el General Alberto Ballestrino, salió a la luz un supuesto operativo para ocultar los restos de desaparecidos, la Operación zanahoria. Michelini entiende que esta operación militar no fue la remoción de todos los restos de asesinados en la dictadura, como se quiso hacer creer. Lo que en realidad se hizo fue retirar la tumba colectiva del famoso ‘segundo vuelo’, “como hacían los nazis”. Esas personas, que se cree que fueron traídas desde Argentina en un vuelo clandestino, fueron ejecutadas, “en algunos casos sin razón”. “No quisieron dejar testigos de que ellos habían robado la plata”, aseguró.

El que se dice “segundo vuelo” no lo fue, no se sabe cuántos más hubo antes. Gavazzo niega el segundo vuelo, pero sería al menos el tercero, dijo.

Ronda de preguntas

Al finalizar las exposiciones se abrió una ronda de preguntas. Diego Grachot, coordinador de Our Voice en Uruguay, consultó a los ponentes qué reflexión les genera ver el cartel con ex presidentes en la Marcha del Silencio, refiriéndose al que el movimiento utilizó en la movilización de 2018.

“No estoy contenta con el período Mujica”, respondió la ex titular del INDH, y recordó que Mujica visitó al militar Miguel Dalmao cuando fue procesado por delitos cometidos durante la dictadura.

Por su parte, Chargoñia reclamó que desde 2005 no se ha avanzado en estos temas. Reprochó además al fallecido Eleuterio Fernández Huidobro, ex ministro de Defensa en el Gobierno de José Mujica, también a Azucena Berrutti, por restar importancia al Terrorismo de Estado y estar a favor de cerrar ese capítulo que muchas páginas tiene por concluir.

Además instó a los jóvenes a traducir el debate jurídico-político a la opinión pública para que trasciendan las formas discursivas viejas, para “que se trasformen en herramientas políticas para la defensa de la libertad”.

Michelini, por su parte, defendió al oficialismo, del que forma parte: “Los gobiernos del Frente Amplio están en contra de la impunidad”, sostuvo, a diferencia de la postura de los anteriores gobiernos. “No ver la diferencia sería estar ciego”, afirmó.“Yo exijo mucho más, pero se hizo muchas cosas¨

Al finalizar la charla, el abogado Pablo Chargoñia nos concedió una entrevista, donde opinó acerca de las contradicciones de un Gobierno y una Justicia que no tienen la voluntad de terminar con la impunidad y de hacerse responsables como Estado de los crímenes cometidos en la dictadura militar uruguaya.

“Yo creo que hay que tomar registro obviamente de lo que ocurrió en 2005, que hay cambios y que hubo diferencias, estáclaro. Pero desde el 2005 hasta acá hay una cantidad de omisiones -sobre todo de omisiones- de discursos y de símbolos que nosotros tenemos que reprocharle la perspectiva de la persecución más adecuada de los crímenes de lesa humanidad. Hubo signos tan, tan fuertes, como la visita a (General Miguel) Dalmao que se mencionó acá. Mujica, ¿a quién va a visitar? A Dalmao, y Dalmao (en el momento del hecho) está procesado por el homicidio de Nydia Sabalsagaray. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos este asunto? A pesar de todas las críticas que tenemos con el gobierno Kirchenista de Argentina, hubo ciertos símbolos, ciertos gestos; descolgar los cuadros de los militares de la época, que acá no se han repetido. Por lo tanto, yo puedo entender las diferencias entre unos gobiernos y otros, pero estos gobiernos tienen algunas conductas que son reprochables”.

“Por ejemplo, yo acabo de leer un borrador de una comunicación que va a emitir el Estado Uruguayo al Comité contra las desapariciones forzadas. Yo reviso cuál es el plan de búsqueda de los desaparecidos. Plan de búsqueda de los desaparecidos: no lo encuentro. Si esperamos que nos digan donde están como dice la consigna, (José) Gavazzo o(Jorge) Silveira, no nos lo van a decir nunca. Entonces, ¿cuál es el método de búsqueda y de investigación, sofisticado, complejo, con el presupuesto necesario que tiene el Estado Uruguayo hoy? Si hay algunas cosas que se informan, se comunican, van los antropólogos, no encuentran nada. Eso no es un plan. Y estoy hablando nada más y nada menos que del tema de la búsqueda de detenidos desaparecidos”.

Y llevados al tema del reproche penal, sigue recayendo, como se dijo acá, en las víctimas el aporte de pruebas. ¿Quién investiga los crímenes de lesa humanidad? Siguen siendo cuestiones ‘parladas’. Yo puedo reconocer algunos de los trabajos de los historiadores de Presidencia de la República, que en algunos casos y a demanda de algunos jueces, descubren la forma en que operaba el aparato estatal. Pero sigue faltando la actitud proactiva, que no implique esperar que alguien requiera una actuación. Por esperar que asuma la Justicia como lo hace, esperar a que lo requieran las víctimas, tenemos la situación que tenemos. Muchos casos ni siquiera están judicializados en el interior del país, por ejemplo, porque no hay capacidad organizativa, porque no hay fuerza, porque no hay energía y porque se sigue dependiendo de la sociedad civil, cosa que el Estado debería hacer y no hace”.

Consultado sobre por qué personas como Mujica, que tuvo la posibilidad de hablar con militares que tienen información, no hizo nada para conseguirla, contestó:

“No tiene la verdadera posición que tiene que tener un responsable de Derechos Humanos. Ellos creen que hubo una guerra y que fuerzas beligerantes deben salir de una guerra con amnistías. No tiene nada que ver con lo que ocurrió en este país. Y lo siguen sosteniendo. Y más ciertas confianzas en una aparente modificación de las Fuerzas Armadas. Es muy antiguo lo que voy a decir, pero en una época se hablaba de unas fuerzas armadas ‘peruanistas’, unas fuerzas armadas que se integrarían en proyectos progresistas o de desarrollo nacional. Es un delirio todo eso. Y creo que son personas que no han reflexionado sobre lo que significa el Terrorismo de Estado, y los gestos que han tenido han sido gestos de impunidad”.

El abogado Chargoñia también se refirió a la Marcha del Silencio: “El peregrinaje necrológico tiene efecto solo político si se interpreta como un ritual casi funerario. El sistema lo neutraliza. Vamos un día a la calle, nos damos por satisfechos, creemos que estamos incidiendo en la realidad, y efectivamente las situaciones siguen siendo las que son. De todas maneras, yo no despreciaría la decisión de movilizarse y de ir a la calle. Creo que tiene que ser dialéctico, que tenemos que discutir sobre las consignas, cuál debería ser, qué tendríamos que reclamar, a quién tendríamos que reclamar. Y para eso hay que seguir debatiendo y seguir participando”

-¿Está bien seguir haciendo silencio en esa marcha?

“Eso es muy discutido, lo hemos discutido más de una vez. Yo recuerdo al maestro Soler, decía, no gastamos ni siquiera cuerdas vocales. Estamos aportando tan poco como ciudadanos, que ni siquiera saliva, no decimos nada. Se puede discutir porque el silencio exprese un signo, lo que me preocupa no es tanto el signo o el discurso, porque si el discurso es de buenas intenciones, ¿a mí qué me importa que lo digan aun gritándolo? Es un tema de semantización, de significación… silencio o no silencio, pero el reclamo al Estado, al Gobierno que gobierna actualmente. Me parece, en ese sentido, que no podemos caer los movimientos populares en las lógicas que se están jugando en año electoral entre oposición y gobierno que son rutas de acceso al Gobierno. Eso no puede tener nada que ver con el movimiento de reivindicación de los derechos humanos. No transformemos una marcha reivindicativa en una adhesión casi inconsciente, más o menos inconsciente, al Gobierno con un afán realmente oficialista y de cálculo electoral. No está bueno, está claro que no está bueno. En ninguna agenda de derechos humanos, del pasado reciente, ni la ecologista ni la feminista. En ninguna”.







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