Sociedad

TIERRA PARA VIVIR

Kicillof, ¿qué va a pasar con niños y niñas si desalojan las tierras de Guernica?

Hay en la toma de Guernica 2797 niños y niñas. Junto a sus familias, solo quieren un pedazo de tierra para una casita. Desde el gobierno provincial, la respuesta es la criminalización de la pobreza. Entre otros, está el peligro de que los niños sean llevados a institutos de menores.

Gloria Pagés

Hermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages

Lunes 28 de septiembre | 22:36

Fotos: Enfoque Rojo

Se trata de niños y niñas a los que siempre les ha falta todo: ropa, alimentación sana, lugar digno para vivir, para higienizarse. Les falta acceso a la salud, a la educación. Espacios y juguetes para jugar seguros y libres. Les faltan papás y mamás con trabajo, que no tengan que salir a hacer changas, papás y mamás que si quieren puedan estudiar.

Después del temporal perdieron lo poco que había en las casillas de apenas palos y nylon –porque la intendenta Blanca Cantero no les deja entrar material como chapa o ladrillos. Hasta los peluches se hicieron bolsa. A muchos pibes en Guernica les está faltando la alegría.

“Es importante que problematizamos en el caso de las infancias de Guernica, desde que son obligados por el Estado a tener que tomar una tierra para ejercer su derecho a la vivienda digna, desde ese momento ya están siendo violentados por el Estado que no garantiza su derecho a una vivienda”, nos dice a La Izquierda Diario Nancy Méndez, licenciada en Trabajo Social, Orientadora social en Equipos de orientación escolar en Zona Norte, AMBA. “Justamente un niño no sabe de negocios inmobiliarios, solo sabe que necesita un espacio, un lugar donde poder jugar a alimentarse bañarse, estar con su familia, a descansar y justamente por eso es que se encuentran peleando las familias, para acceder a eso”, agrega.

Pero además, en el horizonte cercano las familias saben que está la amenaza de desalojo. “Ese es otro acto violento del Estado para con ellos”, dice Nancy, “porque un niño no piensa solo lo que le puede estar pasando o lo que pueda llegar a pasar a él, probablemente piense que va a pasar con su mamá, qué va a pasar con su papá, con sus hermanitos, ya el solo hecho de imaginárselos lastimados o perderlos ya estaría generando un trauma a estos pibes.”

A pesar de todo eso, del barro y la lluvia que para pero vuelve, entre la ropa, las zapatilas, la comida, frazadas y colchones, llegaron juguetes gracias a la solidaridad de miles de otros trabajadores y trabajadoras, algunos precarios como sus papás y mamás. La carita se hace sonrisa. Este domingo la inmensa solidaridad les mostró que no están solos. Que además de amenazas hay miles de personas que están a su lado defendiendo su derecho a la vivienda, a una vida digna y también a la alegría.

¿Los niños primero?

Ningún funcionario los menciona. Parecen parte natural del paisaje. Hay todo tipo de organismo dedicado a “la niñez”, que da la sensación de que niñas y niños son importantes para este y todos los gobiernos.

“Hay un doble discurso que se expresa en los distintos programas, planes o incluso instituciones gubernamentales que vienen dirigidas a la niñez, hasta incluso tenemos una Primera Dama que es la Presidenta del Consejo Asesor del Fondo de las Naciones Unidas en el Sistema de Bienestar de la Primera Infancia, así que imaginate si no hay doble discurso, pero lo real es otra cosa, lo real es que los pibes no tienen acceso a ni siquiera una vivienda digna,” nos dice Nancy Méndez.

El dato es que según las proyecciones de Unicef, para fines de 2020, 7 de cada 10 niños en Argentina será pobre.

La Izquierda Diario conversó también con Laura Taffetani, abogada de la Gremial de Abogados y Abogadas que asesora a los vecinos de Guernica. En defensa de los derechos de los niños presentaron un habeas corpus al Tribunal de Casación Penal por tener “temores fundados” de que los niños, niñas y adolescentes “sufran menoscabos en sus derechos y garantías constitucionales” y sean “víctimas directas de privaciones de la libertad por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y otros funcionarios públicos.”

¿Qué pasa si producto de la represión, padres y madres son heridos o detenidos? ¿Qué pasa si vuelven a quedar en situación de calle?

“Uno de los principales problemas que se presentan urgentes, al momento del desalojo es que muchos de los chicos que están en la toma sean llevados a institutos de menores. Es por eso que presentamos un habeas corpus. Si la única respuesta que va a dar el estado frente a la toma es el desalojo, corren el peligro de que esa única respuesta sea la institucionalización”, señala Taffetani.

“Las consecuencias de esto son graves”, agrega, “cuando el Estado interviene de esta forma los chicos y chicas que son institucionalizados corren el peligro de que los den en adopción a familias pudientes que están sedientas de niños, sobre todo si son chiquitos. Este peligro existe porque para la ley después de 180 días de estar institucionalizados si consideran que sus padres a madres no tienen respuesta, los dan en adopción, esto es lo más grave”.

No tener respuesta, es por ejemplo, no haber conseguido lugar para vivir. Lo que el estado niega, lo perpetúa privando de su libertad y criminalizando a los padres y a sus hijos.

Laura Taffetani ya había hecho presentaciones ante el juez y contra el fiscal, por haber usado argumentos y términos inadmisibles contra los ocupantes. en su respuesta, el juez redobla y profundiza la estigmatización, la discriminación y la mentira.

Entre otras cosas, dice: “No podemos dejar de preguntarnos si (las personas que están en la toma) ¿están usando a sus hijos como escudos ante un eventual desalojo? ¿Están protegiendo los derechos de sus hijos o los están exponiendo?” Y sigue: "Desde hace más de un mes que estos padres o tutores, someten a los menores a vivir en carpas sumamente precarias, rodeados de conexiones de electricidad clandestinas y soportando temperaturas de un dígito”.

Así lo analizamos en el programa Alerta Spoiler:

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Estigmatizar y criminalizar la pobreza

El gobierno provincial ha cedido ante el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y el juez Martín Rizzo. Mientras estigmatizan a las familias, tratándolas de delincuentes por estar usurpando tierras “ajenas”, que nadie, dicho sea de paso, reclamó durante cuarenta años, tratan de mostrar su costado humano: "Estamos trabajando de manera denodada para evitar un desalojo forzoso, queremos evitar el uso de la fuerza porque creemos que podemos llevar una alternativa, una solución pacífica para un desalojo voluntario y una solución para las familias que llegaron en situación vulnerable". Así lo expresaba Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

El desalojo será forzoso, no hay otro modo de que lo sea, porque nadie quiere irse. Y porque además no le han dado nada a cambio. Solo volver a la calle.
Ahí viene la operación macartista, tratar de “violentos” a los ocupantes, como hizo donde pudo encontrar un micrófono, el Cuervo Larroque durante este lunes y domingo. ¡Llegaron a decir algo tan digno del gorilismo como que no se dejan ayudar!.

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Solo se trata de preparar el terreno de para el desalojo. Que no solo será forzoso sino violento. Pero lo violento no estará dado nomás por el uso de las fuerzas represivas. Sacar de ese pedazo de tierra a las 2500 familias es en sí un hecho violento. No puede llamarse de otra manera. No hay eufemismo que valga.

"Queremos dar una solución real y generar ayuda en la transición hasta que llegue la solución final a una problemática que viene de larga data como es la crisis habitacional en la provincia de Buenos Aires", dice suelto de cuerpo Pellegrini, que duerme calentito todas la noches.

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¿Cuál sería esa solución? Hasta el momento las autoridades no dicen una solo palabra respecto de cuál es el plan, dónde está la solución para las familias que solo piden un pedazo de tierra para no dormir en la calle.

El derecho al gran negocio inmobiliario

Como decíamos, el gobierno provincial ha cedido a las presiones del fiscal y el juez Rizzo. Funcionarios judiciales que junto a la intendenta Blanca Cantero, son parte del mega negocio inmobiliario que sale a la luz con la toma de las 100 hectáreas de Guernica.

Llamativamente, ninguno de esos propietarios pudo acreditar la titularidad de la tierra. O sea, no son los dueños, pero la intendencia y la justicia los tratan como si lo fueran. ¿En base a esa nula evidencia -o a esta causa con denunciantes flojísimos de papeles como bien los califica el periodista Mario Wainfeld- se llevará adelante el desalojo ”ordenado” este jueves?

Ensordece el silencio de funcionarios de áreas de derechos humanos como Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, o su par nacional Horacio Pietragalla. Ambos son hijos de desaparecidos, que vienen de haber sido parte del llamado "movimiento de derechos humanos". Parece que el derecho al negocio, prima sobre el derecho a la vivienda.

“El estado provincial podría negarse a cumplir la orden del juez si considera que ésta es ilegal"

Un sentido común se impone, que es el de deber respetar la orden jundicial. Al respecto, Taffetani es categórica, y esto nos decía: “El estado provincial podría negarse a cumplir la orden del juez si considera que esta es ilegal o como dice la Ley Nacional de niñez, que cuando hay intereses contrapuestos de otros derechos en relación a los chicos, éstos deben prevalecer. Entonces fíjense cómo actúa el Estado provincial cuando dice ‘no me queda otro remedio que hacer lo dice el juez’. Sí, el Estado podría pararse desde otro lugar y decir que no es legal lo que está pasando, hay derechos muchos más importantes.”

La abogada de niños y niñas, integrante de la Gremias de Abogados y Abogadas agrega: "Entonces tendría herramientas el Estado para no prestar su fuerza pública argumentando que los están obligando a incumplir la ley a ellos y sin embargo está claro que esto no lo hace y está claro su complicidad con lo que está sucediendo." Sostiene además que dado que el Estado es quien maneja la fuerza pública, es quien decide o no si esta se usará. sencillo. "Hay que erradicar esa idea de que el ejecutivo no puede hacer otra cosa, sí puede y como además tiene la fuerza pública y el fiscal o el juez no cuenta con esa fuerza pública, entonces no pueden llevar adelante el desalojo. Hay una responsabilidad política muy grande".

Hasta el jueves son horas decisivas. El gobierno provincial tiene en sus manos la resolución de un problema estructural como el derecho a la vivienda. Elegir entre ese derecho humano elemental, o el de los especuladores está en sus manos. No está obligado, como pretende hacer creer Axel Kicillof, a cumplir la orden del juez Rizzo.

Pero por lo visto hasta ahora, parece estar sembrando el terreno para ir hacia un desalojo, que como todo desalojo, no hay en su esencia, posibilidad de que no sea violento.

Estaremos las organizaciones sociales, de trabajadores, de derechos humanos y la izquierda, miles y miles de manos solidarias acompañando a las familias para tratar de impedirlo y para proteger a los 3000 niños y niños que allí viven.

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