Géneros y Sexualidades

TUCUMÁN

#JusticiaParaCeleste, un grito contra la transfobia y la violencia policial

Se desarrolla el juicio a siete policías por su participación en el abuso sexual de una joven trans en una comisaría. Numerosas organizaciones conformaron una mesa para visibilizar el caso.

Maximiliano Olivera

@maxiolivera77

Martes 18 de octubre | Edición del día

Desde el 4 de octubre se desarrolla el juicio oral y público a los siete policías de la comisaría IV implicados en el abuso sexual a Celeste, una joven trans. La semana pasada Celeste declaró ante el tribunal de la sala III compuesto por Dante Ibañez, Néstor Rafael Macoritto y Fabián Fradejas (los jueces del caso Belén) y con fortaleza reafirmó su denuncia de lo ocurrido en noviembre de 2013.

En la causa caratulada como “Aguirre Rubén E. y otros por abuso sexual con acceso carnal y otros delitos” se encuentran acusados los policías Rubén Ernesto Aguirre, Walter Francisco Trejo, Miguel Antonio Concha, José Luis Décima, Ramón Julio César Ledesma, Roberto Antonio Gallardo y el jefe de la comisaría Aldo Omar Quiroga. Por falta de asesoramiento desde el Estado, Celeste no pudo constituirse como querellante por lo que la causa es llevada por el Ministerio Público Fiscal.

En su declaración, Celeste contó cómo fue detenida de manera ilegal en el interior de su hogar y trasladada a la comisaría, donde fue abusada sexualmente. Continuando los tratos vejatorios, fue obligada a utilizar ropa de varón, desapareciendo evidencia del abuso, y fue arrojada a un calabozo con presos varones.

Celeste también contó cómo era obligada a limpiar la cocina de la comisaría en medio de insultos por parte de los policías. En una oportunidad Celeste pudo escapar y dirigirse al hospital Centro de Salud, donde se pudo constatar signos de golpes y abuso sexual.

En las horas siguientes, agentes de la comisaría IV se cruzaron con Celeste para intentar convencerla de que no realice la denuncia. Inclusive, en una aparición en su casa los policías le ofrecieron plata para evitar ser denunciados. “Aceptarlo (al dinero) era dejar todo en la nada”, dijo la madre de Celesta cuando contó su versión del episodio.

Los abogados defensores recurrieron en numerosas oportunidades a la revictimización de Celeste, insistiendo en que cuente detalles o que repase los hechos que ella ya había descrito. Como si fuese poco, la acusaron de denunciar hechos que no constaban en su denuncia inicial o de no haber pedido ayuda al personal policial. “¿Acaso usted denunciaría todo si lo amenazan con matarlo y le ponen una pistola en la cabeza?”, respondió. Además, distorsionando hechos de la vida privada de la joven buscan construir la imagen de un “persona peligrosa”.

Un párrafo aparte merece el hecho de que a la hora de afirmar o preguntar los defensores y los testigos de parte de las defensas se refieren muchas veces a Celeste sin respetar su identidad autopercibida. Cuando declaró, Celeste tuvo que remarcarlo ante una pregunta. Inclusive, el juez Fradejas le pidió a Celeste que “se vista con decoro”, cediendo a una chicana del defensor Cergio Morfil.

El Código Contravencional, una herramienta para la represión

La detención de Celeste, realizada sin ninguna orden judicial para ingresar al domicilio, fue justificada por una “contravención por desorden en la vía pública”. Tanto Celeste como su madre señalaron que en ningún momento le informaron certeramente sobre la contravención, ocultando el derecho a un abogado e inclusive a pagar una multa de $20 para ser liberada (en el acta policial de libertad de Celeste se afirma que pagó la multa para ser liberada).

Citado como testigo, el oficial José Luis Sánchez –el oficial de más alto rango presente en la comisaría, según sus palabras– dio detalles de la detención ilegal. Afirmó que la contravención fue por “nada en particular” y que fue consultada a su jefe (en referencia a Quiroga). Con respecto al acceso a un abogado sostuvo que no hubo porque “nunca me pidió”. Cuando la fiscal Estela Giffoniello le preguntó por los testigos de la contravención, Sánchez contestó que no recordaba. Al leerle la fiscal el acta donde figuran Trejo y Aguirre como testigos le preguntó cómo era posible que los mismos policías que realizan la detención aparezcan como testigos. “En el ámbito jurídico quizás no (sea válido) pero por lo general lo hacemos de esa manera”, se sinceró Sánchez.

Cuando el juez Fradejas le preguntó si dio aviso a la Fiscalía de instrucción de turno, Sánchez afirmó que le ordenaron “que no tome medida privativa”. “¿Y por qué la arrestó?”, repreguntó el magistrado. “Eso era en el ámbito penal, pero nosotros podemos hacerlo por contravención”, respondió el policía.

El Código Contravencional que rige en Tucumán fue implementado durante la última dictadura y permanece vigente, aunque haya sido declarado inconstitucional. Otorgándole el poder de “juez y parte” a la Policía, funciona como una herramienta para el control de los barrios pobres, hostigar a la juventud, y como una “caja chica” de ingreso de dinero. Se estima que en un mes son detenidas 500 personas y que la mitad de ellas cumple los siete días de arresto. La mayoría son jóvenes, los motivos son arbitrarios (“desorden en la vía pública”, “merodeo”). En el caso de Celeste también se evidenció otros maltratos: nunca le dieron la comida que la madre le llevaba todos los días ni hubo derecho a visitas.

Los distintos acoples que responden al Frente para la Victoria y el Acuerdo para el Bicentenario nunca han avanzado en la “revisión” del Código Contravencional que pregonan desde la Legislatura. Inclusive se ha votado en 2014 una “ley contra la tortura” pero nunca se reglamentó.

Se movilizarán ante la lectura de los alegatos

La Mesa Provincial por #JusticiaParaCeleste –constituida por numerosas organizaciones de mujeres y LGTBI, de derechos humanos y políticas– está convocando a una concentración frente al Palacio de Tribunales (Lamadrid y Congreso) para el miércoles 19 a las 14. Ese día está prevista la lectura de los alegatos.

Entre los puntos exigidos por la Mesa Provincial se encuentra como principal demanda la cárcel común y efectiva de todos los policías imputados.

“Venimos de un Encuentro Nacional de Mujeres donde las miles de compañeras que participaron con Pan y Rosas también levantaron las banderas de lucha contra los crímenes de odio y la transfobia. El reclamo de #JusticiaParaCeleste también se escuchó en el taller de personas trans, planteándonos el desafío de dar esta pelea en las calles como se demostró en Rosario”, sostuvo Alejandra Arreguez.




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