Cultura

HISTORIA Y POLITICA

Justicia: ¿al servicio de quién?

El Poder Judicial vuelve a ubicarse en el centro de la política nacional. El pedido de detención de Hebe, las medidas judiciales antiobreras, las causas por crímenes de lesa humanidad congeladas desde hace tiempo, demuestran la avanzada que el Estado, apoyándose en la Justicia, pretende realizar sobre las conquistas conseguidas por trabajadores y movimientos sociales.

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Jueves 11 de agosto de 2016 | Edición del día

El Estado capitalista está conformado por tres poderes. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. En nuestro país el ejecutivo es presidencialista, lo que significa que el presidente electo actúa casi como un rey. Ante una ley que le es adversa tiene la facultad de vetarla y las que no le aprueban, firma un decreto. El parlamento integrado por diputados y senadores son los que legislan, o sea, aprueban las leyes. Estos dos poderes son elegidos por el voto popular. Esto no quiere decir que sean democráticos puesto que el derecho de la población se limita a votarlos cada dos o cuatro años, y que las leyes que votan los partidos mayoritarios como el PJ y Cambiemos (UCR-PRO) siempre son a favor de las minorías privilegiadas: banqueros y empresarios. Así funciona la democracia burguesa.

No somos iguales ante la ley

Dentro del Estado capitalista, donde las relaciones sociales entre las clases están basadas en la desigualdad absoluta porque una minoría posee los medios de producción, el Poder Judicial representa a la clase dominante.

Pero ante las mayorías populares todo esto queda encubierto, porque es justamente bajo el sistema jurídico capitalista donde queda velada la desigualdad social frente a la aparente igualdad ante la ley. En esto radica la fortaleza del capitalismo: que la peor desigualdad social coexiste junto a una “plena igualdad jurídica”, creando la ficción que más allá del sector social al que pertenezcamos somos todos iguales ante la ley.

Y quienes administran este poder judicial son los jueces elegidos por el Ejecutivo. Es el poder más antidemocrático, sin embargo tiene un poder inmenso, son los jueces quienes juzgan y dictamina quien va a la cárcel. Por ejemplo, cuando el juez Di Giorgi resolvió tomar declaración a Hebe de Bonafini convocó a la Policía Federal y le ordenó un operativo descomunal para detener y llevar por la fuerza a una madre de Plaza de Mayo de más de 80 años. Un circo, un verdadero show.

La misma Justicia, que ayer fallaba a favor del gobierno anterior, es quien absuelve los casos de corrupción del nuevo gobierno. A pesar de que se comprobó que Macri montó un aparato de espionaje en la Legislatura, ni bien este asumió como presidente, fue absuelto. El jefe de gabinete, Marcos Peña, en nombre de su gobierno dice que Hebe de Bonafini tiene que estar a derecho, mientras su gobierno incumple el fallo de la Corte Suprema que pide que publique los acuerdos firmados con YPF-Chevron.

La historia de la justicia burguesa

Lenin, el líder de la Revolución Rusa, afirmó en muchos de sus escritos que el sistema judicial es una pieza fundamental para sostener la desigualdad social, siendo “la mayor traba para la realización de la democracia para los obreros y los trabajadores” (1). Su función es garantizar la dominación de una minoría poderosa sobre las grandes mayorías. El poder judicial forma parte de la compleja maquinaria estatal que protege y legitima la propiedad privada, base del Estado burgués, garantizando el orden a través de las leyes y normas, bajo una supuesta igualdad de derechos de todos. Bajo la democracia burguesa, decía Lenin, una casta privilegiada como los jueces y curas no pagaban impuestos, sus cargos eran vitalicios, tenían sueldos muy superiores a los de un obrero y mantenían relaciones carnales con el poder político (cualquier parecido con la Argentina actual no es mera coincidencia).

La Comuna de París de 1871 fue el primer intento real de destruir desde sus cimientos el aparato del Estado burgués. Marx decía que con la experiencia de la Comuna “los funcionarios judiciales perdieron aquella fingida independencia que sólo había servido para disfrazar su abyecta sumisión a los sucesivos gobiernos ante los cuales iban prestando y violando, sucesivamente, el juramento de fidelidad” (La Guerra Civil en Francia). Una de las medidas más revolucionarias fue la supresión de los privilegios de los funcionarios públicos y jueces estableciendo la revocabilidad de sus cargos y la elección por voto popular. Además sus sueldos eran iguales al promedio de los salarios obreros.

Trotsky realizó un aporte fundamental en “Un Programa de acción para Francia” de 1934. Lo novedoso de su análisis es que demandas como la abolición de los tribunales de clase, elección de jueces y extensión de los juicios por jurado a todos los crímenes y delitos menores son consideradas demandas democráticas radicales, formando parte así de un programa transicional para luchar, dentro de la democracia burguesa, por un gobierno obrero. Para Trotsky estas demandas son acciones defensivas aunque partiendo de la idea de “defensa como forma más fuerte de lucha (mientras que la ofensiva es la más débil, ya que es más fácil conservar que conquistar), se trataba de valerse de la defensiva con el propósito de acumular fuerzas para la ofensiva” (2). La lucha por las demandas democráticas permite fortalecer las condiciones para una democracia más amplia y es una herramienta para “horadar la hegemonía burguesa y conquistar la del proletariado, al mismo tiempo que combate las ilusiones en la democracia burguesa” (3).

Por eso los revolucionarios debemos ser los primeros es ponernos a la cabeza de su defensa.

Notas.

1. Lenin “Tesis e informe sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado” (1919). Este artículo fue presentado en el Congreso de la Internacional Comunista y comparaba la democracia burguesa con la democracia soviética.

2. Emilio Albamonte y Matias Maiello, “Gramsci, Trotsky y la democracia capitalista” Estrategia Internacional Num 29, enero 2016.

3. Ibíd.

***

Para acabar con los privilegios de esta corporación los socialistas revolucionarios luchamos por la ampliación de derechos en base a la elección directa de los jueces, la formación de juicios por jurados, el derecho a la revocabilidad de los magistrados a través del voto popular y que todos los jueces y funcionarios ganen el salario de una maestra, como dice el proyecto de ley presentado por Raúl Godoy, diputado por el FIT de Neuquén.

La disolución del Consejo de la Magistratura y de la de la Corte Suprema y la separación de todos los jueces y fiscales que fueron cómplices de la dictadura, son parte de esas demandas democráticas que sólo podrán hacerse efectivas arrancándolas con la movilización en las calles.

Los números de la justicia burguesa

400

jueces en función juraron bajo la dictadura.

$247.000

ganan los jueces de la Corte Suprema en Santa Fe.

$15.000

es el sueldo máximo al que pueden alcanzar jóvenes metalúrgicos de Santa Fe.

4.000

magistrados, aproximadamente, cobran el equivalente a 40 jubilaciones mínimas.








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