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Jujuy: persecución, amenazas y despidos en la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos

Cinco trabajadores, entre ellos un delegado gremial, de la DIPEC Jujuy, de más de 20 años de antigüedad, fueron despedidos el viernes pasado bajo un violento accionar por parte de la directora Ana Juarez Orieta. Precarizados, peleaban por la planta permanente, denunciaban violencia laboral. Trabajaban en la oficina de Encuesta Permanente de Hogares.

Natalia Morales

@NatuchaMorales

Miércoles 5 de julio | Edición del día

Cinco trabajadores, entre ellos un delegado gremial, de la DIPEC Jujuy, de más de 20 años de antigüedad, fueron despedidos el viernes pasado bajo un violento accionar por parte de la directora Ana Juarez Orieta. Precarizados, peleaban por la planta permanente, denunciaban violencia laboral. Trabajaban en la oficina de Encuesta Permanente de Hogares.

Cinco trabajadores de la DIPEC Jujuy, de más de 20 años de antigüedad, fueron despedidos el viernes pasado. Entre los 5 despedidos, se encuentra el delegado gremial de ATE Horacio Cruz. Los trabajadores denunciaron en reiteradas veces persecución y violencia laboral por parte de la directora Ana Juarez Orieta quien el viernes pasado dio la orden de bajar las persianas del ingreso a las oficinas de la DIPEC, con los cinco trabajadores adentro, el asesor legal y escribana del gobierno para notificarlos sobre sus despidos. Mientras el delegado gremial sufría una descomposición producto de la situación, el asesor legal y la escribana procedieron a realizar el acto administrativo.

Así lo afirmó Noemí Guanuco, una de las despedidas, de 21 años de antigüedad: "El viernes cuando nos despidió, bajó el portón, nos dejó encerrados adentro, al resto del personal le dijo que iba haber desinfección, cuando en realidad lo que quería era despedirnos, ella no dio la cara, mando al asesor legal y a la escribana de gobierno. Cuando le dieron la noticia a mi hermano, Horacio, que trabaja aquí hace 30 años, se descompensó porque él es cardíaco... estaba tirado como perro en la oficina y el asesor y la escribana solamente querían seguir con acto administrativo mientras mi hermano esperaba auxilio, el portón cerrado entorpecía la entrada de los paramédicos, somos personas no somos animales", dijo.

La precariedad laboral como antesala a los despidos

Los trabajadores despedidos denuncian haber pasado casi toda su vida precarizados, primero con contratos de locación de obra y posteriormente con contratos de locación de servicio, una situación que padecen decenas de miles de trabajadores en la provincia, y en el país, sumado a los salarios de pobreza que promedian los $8.500, muy por debajo de la canasta familiar estipulada en $23.000. La precariedad laboral les sirve a funcionarios como Juarez Orieta para ajustar con los trabajadores de manera selectiva y arbitraria, como sucedió el año pasado en otras reparticiones nacionales donde hubo despidos de carácter discriminatorio e ilegales, a trabajadores de más de 6 años de antigüedad como los trabajadores de Agricultura Familiar en Jujuy, quienes eran delegadas y activistas de ATE y de sectores políticos de oposición.

En ese sentido los trabajadores remarcan que la lucha que vienen llevando adelante desde hace varios años y bajo distintos gobiernos es por el pase a planta permanente. Horacio Cruz, delegado de ATE despedido afirmó que "nosotros lo único que pedimos es el pase a planta permanente, mi compañera de trabajo, tiene 64 años y la mitad de su vida estuvo dedicando a esta repartición. Yo tengo 30 años de servicio, más de la mitad de mi años de mi vida en la repartición con contrato de locación de servicio. Pasaron los distintos gobiernos, nosotros tenemos varios pedidos de pase a planta permanente, y todo sigue igual, vimos siempre pasar otra gente por intermedios políticos y acomodos. Ahora nos acusa con falsas acusaciones nos quieren hacer perder la posibilidad de perder la planta permanente".

"La directora nos trata como delincuentes"

Los trabajadores de la DIPEC denunciaron ante el gobernador, el INADI, la Defensoría del Pueblo, amenazas de no renovación de contratos de trabajo, malos tratos verbales, traslados arbitrarios, obligados a renunciar al cobro de honorarios por tareas adicionales bajo amenaza de sumario administrativo, discriminación y violencia laboral, sin tener ningún tipo de respuestas, más que las causas penales y contravencionales a dirigentes de ATE y a trabajadores del sector en diciembre del 2106, una practica recurrente por parte de funcionarios del gobierno de Morales que usaron de blanco a los docentes y estatales, para imponer el ajuste con criminalización de la protesta, descuentos de días de paro y persecución.

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Noemí cuenta que "esta directora desde que asumió el año pasado como directora de la DIPEC ejerció persecución y violencia laboral de forma sistemáticas de todas las formas posibles contra nosotros. El accionar de esta mujer no representa a lo que el gobierno pregona, todo lo contrario, inventa causas. Nos ha denunciado penalmente solamente por pedir nuestro pase a planta, nos denunció por amenazas de muerte, privación ilegitima de la libertad".

Florencia Nuñez, despedida con 32 años antigüedad afirma que "la directora nos trata como delincuentes porque ella primero trae a la policía, nos privó de la libertad porque no nos dejó salir y nos obligó estar en el acto administrativo, mientras un compañero necesitaba que lo auxilien porque se descompensó". Y agregó que los "vivió acosando desde que llegó, con mentiras, al principio nos felicitaba incluso sobre nuestro trabajo y posteriormente avanzó con persecuciones generando falsas acusaciones" denunció Héctor.

Ajuste con indices poco confiables

No es casual que los 5 despedidos hayan trabajado por años en la parte de Encuestas Permanentes de Hogares (EPH) y los hayan cambiado de sector, ya que es un lugar estratégico donde se elaboran información referida a la pobreza, empleo e indigencia, y donde los gobiernos pretenden tener incidencia para tergiversar la realidad que afecta al pueblo trabajador. Así pasó en el año 2007 con la intervención del INDEC durante el gobierno kichnerista. Con el gobierno de Morales, la situación no es distinta, ya que los datos arrojados por la DIPEC, son poco confiables. Este año en el discurso de inicio de sesiones de la legislatura el gobernador hizo responsables a los trabajadores de la DIPEC por los escandalosos cambios en las cifras de pobreza en la provincia, que habían pasado de dar cuenta de un 42% de pobres en octubre de 2016, a un 24,6 % en abril del 2017, yendo a contra mano de los indices nacionales que el mismo macrismo tuvo que reconocer.

Hector Cruz decía al respecto "...todos eramos del sector de Encuesta Permanente de Hogares, que elabora indicadores de desocupación, y de ahí sacamos datos de pobreza, indigencia. Ella desmanteló el sector, nos mandó a otros sectores, trajo personal nuevo. Es la única estructura del país, donde tenemos solo dos supervisores para la cantidad de encuestadores que tenemos..." "Desde el año 93 estoy a cargo de la Encuesta Permanente de Hogares, tuve una situación parecida en el año 2005, donde el director quería hacer un manejo de la información en la cual yo me rehusé y sufrí un despido así como ahora, nosotros nos plantamos con los compañeros en ese momento. Toda esta situación ha generado miedo. A mí me provocó una enfermedad por el mismo acoso..."

¡Todos los despedidos de la DIPEC adentro. Basta de persecución y criminalización a los que luchan!

El accionar de la funcionaria Juarez Orieta no es distinta al de los funcionarios de otros ministerios del gobierno de Gerardo Morales y da muestra de los ataques hacia los trabajadores estatales y docentes.La precariedad laboral de miles de trabajadores en la provincia recibida como herencia de los gobiernos anteriores como el PJ/FPV, allana el camino para aplicar el ajuste con despidos, imponiendo condiciones de flexibilización laboral, y techos salariales por debajo de lo que cuesta la canasta familiar de $23.000. Para ello es fundamental avasallar derechos elementales como la protesta, descontando días de paro, persiguiendo a los trabajadores, armando listas negras, y criminalizando a los que luchan, sobre todo de sectores claves como es la DIPEC.

Tergiversar la información sobre las condiciones de vida que viven la mayoría de los trabajadores y sus familias impide contar con la verdad para conocer sobre el ajuste en curso y quienes lo estamos pagando, mientras un puñado de empresarios, terratenientes y banqueros siguen llevándose la riqueza generada por nosotros, los trabajadores, avalado por el gobierno nacional de Cambiemos y el provincial de Morales y Haquím, y avalada por la oposición patronal del PJ/FPV.

Es importante rodear de solidaridad a los trabajadores despedidos de la DIPEC, como así también que las direcciones sindicales como ATE definan medidas de lucha a la altura del ataque para lograr la reincorporación de todos los despedidos, definidos en asamblea pos los trabajadores, y el pase a planta permanente de todos los precarizados, por salarios igual a la canasta familiar, y contra la criminalización de la protesta.








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