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Jujuy: nuevos tarifazos contra el pueblo trabajador

A días del triunfo del radicalismo en las elecciones, los empresarios del transporte y la recolección de residuos exigen nuevos tarifazos, preanuncio de los ataques que preparan el gobierno nacional y provincial.

Viernes 27 de octubre | 08:47

Apenas terminada las elecciones, se aplicó un nuevo aumento en el combustible a nivel nacional y se anuncia un aumento del gas de un 40%. Mientras tanto el gobierno nacional, empresas y sindicatos oficialistas discuten la llamada "reforma laboral" que promete nuevos y más fuertes ataques contra las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Frente a esto, los empresarios del transporte urbano de pasajeros y del servicio privado de recolección de residuos se apuraron a pedir un nuevo tarifazo por los servicios que brindan al Concejo Deliberante de la ciudad. Quieren que el precio del boleto actualmente en $8,40 suba a $15, mientras las condiciones de las unidades de colectivos son de lo más precarias.

El pedido rápidamente tomó estado parlamentario, y esta actualmente en distintas comisiones durante la sesión que realizaron ayer los concejales de San Salvador de Jujuy.

Lisandro Aguiar, que preside la legislatura capitalina y que renovó su banca este 22 de octubre, aseguro que “va a haber un estudio de costos”, y que se realizará un “proceso de participación” ya que “el 70% de los vecinos se traslada en colectivo”, y que se determinará qué tratamiento se le dará en la semana próxima.

De esta forma se mantiene lo que ya vendría ser un “modus operandi” donde las empresas piden y el Concejo Deliberante “da”, tratándose en tiempo récord los pedidos de empresas privadas que lucran a través de servicios públicos esenciales, que no pueden negarse a usar miles de trabajadores, mujeres y jóvenes que viajan hacinados en la ciudad, sin invertir en las unidades de colectivos en el caso del transporte público, o en el caso de LIMSA que renueva su licitación sin que haya ningún “proceso de participación”, y si esto fuera poco también reciben subsidios millonarios del estado provincial.

Se entiende que la celeridad que le dan los bloques radicales y peronistas a un nuevo tarifazo se debe a que los principales jerarcas de cada uno de estos partidos son los dueños de empresas de colectivos, o de la misma LIMSA, propiedad del diputado provincial por el justicialismo Rubén Rivarola.

Como concejales electos del Frente de Izquierda planteamos que lejos de seguir aceptando una de las tarifas más alta del país en transporte urbano y de recolección y nuevos tarifazos, como primer medida se deben abrir los libros de contabilidad de estas empresas para que el pueblo trabajador sepa qué ganancias tienen estas empresas y pueda tener el derecho a decidir que se hace con el pedido de los empresarios.

No se puede confiar en los peritos y contadores de los empresarios, ni en las fuerzas políticas mayoritarias del Concejo Deliberante, se debe dar lugar a un ente autónomo como la universidad, para realizar un análisis de la estructura de costo, beneficio y de los subsidios del transporte de pasajeros a la vista de toda la comunidad de San Salvador de Jujuy, y del mismo deben participar sindicatos, centros de estudiantes y vecinales.

Para derrotar este nuevo ataque al bolsillo del pueblo trabajador, los gremios deben convocar a asambleas y plenarios para definir un plan de lucha contra esta batería de tarifazos que reclaman los empresarios y estar a la cabeza del pedido de la apertura de los libros de contabilidad.

Los centros de estudiantes también deben movilizar al estudiantado, que también sufre el tarifazo frente a un Begu completamente limitado, cuando la mayoría de personas tiene que realizar al menos cuatro viajes al día.

Ver: Llevemos la fuerza de las mujeres y la juventud al concejo deliberante de San Salvador.

Si los empresarios se oponen a esta medida democrática elemental, hay que avanzar con una salida de fondo; la estatización de las empresas de transporte urbano y de recolección en su totalidad, bajo control de trabajadores y usuarios, que garanticen la prestación de un servicio de alta calidad con una tarifa a precio popular.








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