Política

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Jujuy: cuando la represión se hace visible

Trabajadores y referentes sindicales, víctimas de gatillo fácil, integrantes de comunidades originarias, entre otros, dieron sus testimonios y denunciarion la persecución y la represión.

Sábado 10 de septiembre de 2016 | Edición del día

En el día de ayer se constituyó en Jujuy una comisión de organismos y referentes de los DDHH, legisladores y trabajadores que recepcionó una considerable cantidad de fuertes denuncias por la persecución y la represión del gobierno de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy.

Se trató de la primera iniciativa de unificación de las distintas causas de atropellos y violaciones a las libertades democráticas que se llevó a cabo en la provincia desde la llegada del radical Morales y el massista Carlos Haquim al poder.

Un gobierno que arrancó instaurando un régimen policíaco y represivo, rearmando para ello incluso una Justicia con mayoría propia, contra los trabajadores y sectores populares, que hacen de laboratorio represivo para hacer pasar el ajuste, como en otro modo lo es el gobierno del FPV de Bertone (Tierra del Fuego) o Alicia Kirchner (Santa Cruz); y que en el caso de Jujuy, es tomado como ejemplo por el conjunto de los gobernadores para avanzar con igual fuerza en el resto del país.

Aquí reproducimos algunos extractos de los testimonios y denuncias de los trabajadores y referentes sindicales de la industria azucarera de Ledesma y La Esperanza o Aceros Zapla, familiares de víctimas de gatillo fácil, representantes de comunidades originarias, jóvenes víctimas de la violencia policial, docentes, trabajadores estatales, ex presos políticos de Libertador Gral. San Martín y referentes de los DDHH de Jujuy, entre otros.

Cecilia López, Secretaria de Agricultura Familiar.

Se refirió a cómo desde el 2 de febrero de este año fue despedida “junto a dieciocho compañeros”; y explicó “de forma muy sorpresiva nos empezaron a llegar los telegramas de despidos a los que nos organizamos en ATE (…) El día que llegamos a presentarnos a la oficina, nos recibió un policía con una lista (...) y cada vez que nos movilizamos a la puerta de la oficina teníamos cuatro camionetas con policías armados, sin identificación, con mucha prepotencia hacia nosotros”. Además resaltó que el hostigamiento policial, no era solo la presencia de los uniformados con escudos y armas; sino cuando la mayoría son mujeres con bebés, protestando pacíficamente.

Natalia Morales, trabajadora reincorporada de la Secretaría de Agricultura Familiar, y ex candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda.

Señaló “constantemente nos hicieron saber que los despidos eran por cuestiones ideológicas, que estaban vinculados a nuestra solidaridad con el acampe de la plaza Belgrano y el rechazo a la detención de Milagro Sala”. Y destacó que los fallos de la Justicia de Salta y Jujuy reconocen esto ordenando la reinstalación de los despedidos.

Francisco “Paco” Jara, ex preso político de Libertador Gral. San Martín.

Afirmó “la principal inquietud de los ex detenidos es el tema del juicio a Blaquier, más aún, cuando la Cámara de Casación le dictó falta de mérito.” Y añadió otra cuestión muy importante, como es que “a raíz de la huelga del Ingenio Ledesma, muchos compañeros fueron procesados por la justicia en aplicación del Código Contravencional provincial”.

Juan Manuel Esquivel, Dip. Jujuy por el FUyO e integrante del Comité por la Libertad de Milagro Sala.

Se pronunció sobre la detención ilegal e ilegítima de Sala, a quien afirmó que “no se le han reconocido fueros parlamentarios cuando hay una diputada de la UCR imputada por la misma causa y goza de libertad (...) La política represiva del gobierno de Gerardo Morales lo que ha hecho es diezmar la organización Tupac Amaru, no sólo por haber quitado la fuente de trabajo a cinco mil compañeros, sino a través de la política persecutoria, con allanamientos de la policía, violencia, causas penales, detenciones”, agregó.

En este marco, Esquivel, denunció que “la compañera Carla Wayar, que milita en el Comité, ha sido objeto mientras participaba en la ronda que hacemos todos los jueves en la Plaza Belgrano, entraron a su departamento, le revolvieron la casa y llevaron sólo la computadora y un disco externo”.

Silvio “Chopper” Egüez, obrero del Ingenio La Esperanza.

Comentó que lleva 36 años de trabajo en la empresa, señaló sentirse orgulloso de que el ingenio funciona gracias al esfuerzo de los trabajadores y la lucha. Y luego denunció que “hace dos meses hicimos una asamblea de 300 donde se decidió correr a los gerentes por corruptos. Nos denunciaron y aducen que fuimos violentos (...) a 19 compañeros nos suspendieron 29 días y 9 fuimos procesados penalmente. Yo soy miembro de la Comisión Directiva. Les dije que tengo fueros y no me podían suspender. Todo era mentira, no tienen pruebas. En el derecho laboral, les ganamos en lo que me compete, porque tengo fueros”.

Y resaltó que los azucareros son muy golpeados tanto en Jujuy como en Salta, “allí los compañeros de El Tabacal estuvieron sin trabajar dos meses no porque ellos quisieron; sino porque la empresa cerró al querer aplicar un cuarto turno que implica menos salario y más explotación”.

Sara Velázquez, Madres y Familiares de detenidos - desaparecidos Jujuy

Señaló que “más allá del acompañamiento a la gente que ha sido despedida e intimidada por la persecución de la policía, puntualmente quiero hacer una denuncia: Ines peña fue amenazada el mismo día que detienen a Milagro Sala (...) Se hizo la denuncia ante la Justicia y después tuvo dos llamados más. También a mi me llamaron”.

Nelson Tolaba, jóven detenido en San Pablo de Reyes.

“Me sacaron de mi casa por averiguación de antecedentes, me llevaron dos cuadras y me dijeron que vaya atrás, me tuvieron hasta las 12hs dando vueltas en la camioneta en la brigada, uno me amenazó (...) un oficial me pega adentro, me dijo que no diga nada, ahí me tuvieron hasta las 22hs (...) tengo 21 años”.

Mamá y Hermana de Nelson Tolaba

“El lunes 13 de agosto sufrimos un allanamiento en nuestro domicilio porque vecinos denunciaron que les habían desaparecido cosas (...) los autos de la policía no tenían patente y se llevaron detenidos a ocho chicos, era por averiguación de antecedentes (...) no encontraron nada; los detuvieron por tener gorrita, ser morocho y sospecharon de ellos”.

“El Comisionado Municipal (Santiago Tizón) dijo que no se podía meter en este tipo de problemas; y por otra fuente nos enteramos que fue él quien dio la orden para que vayan a nuestras casas”, agregó.

Lucía Brunetto, Trabajadora de Parques Nacionales.

Acercó la denuncia de la Asamblea Parque Nacional Calilegua exige el cese de la explotación del pozo caimancito 3 que “contamina aguas que consumen las poblaciones vecinas”, y agregó que “la explotación petrolera no sólo contamina sino que son mínimas las fuentes de trabajo que genera a nivel local”.

Señaló el doble discurso de Gerardo Morales que tomó como uno de sus ejes en las elecciones la campaña “Jujuy verde” con el compromiso del cese de la explotación petrolera dentro del Parque Nacional e incluso fue votado en la Legislatura, y sin embargo “se continúa la explotación del pozo”.

“Lo que se está evaluando como salida al cierre es renovar la concesión por 6 años más con la excusa de que es la única forma de que se pueda remediar los daños”, lo cual “no puede ser de ninguna forma la solución” y cerró señalando que la empresa Petroap “se tiene que hacer cargo de pagar los daños”

Gustavo Ontiveros, integrante de la Comunidad Originaria de Valiazo

Denunció “los estragos” al medio ambiente y a los territorios de los pueblos originarios ocasionados por los “misiles anti lluvia” utilizados por las empresas mineras que extraen litio y “que está produciendo una sequía de los manantiales de la puna”.

Y agregó “cómo este gobierno, al igual que los anteriores, sigue violando el “derecho indígena” (...) La “Ley 5.915 de servidumbre para propiedad comunitaria votada recientemente, facilita el despojo de las comunidades de la provincia de Jujuy”.

María López, miembro de organizaciones sociales.

Denunciada por Gerardo Morales y perseguida por la Justicia, denunció torturas de la policía. “En el año 2007 denunciamos que Morales quería dar de baja en la provincia a todas las organizaciones, cinco mil obreros de la construcción y en un escrache tiramos un par de huevos (...) Ahí me inician una causa a mi, cuestión que hasta el día de hoy sufro la persecución (...) es una política de hostigamiento y de miedo, manifestó.

Julio Mamaní, delegado de Aceros Zapla y referente del PTS-FIT en Palpalá

Comentó cómo a partir de la huelga que realizaron en 2014 la empresa inició una causa. “Quiero recalcar que estuvo quieta dos años la causa y con el nuevo gobierno la reactivaron y nos quisieron enviar a juicio por compulsión a la huelga”, señaló y agregó que “como dicen acá, es la política del apriete”.

“Hace dos semanas me llega la notificación del sobreseimiento. Quiero agradecer al CeProDH”, manifestó. Luego saludó la iniciativa y concluyó “espero que esto sirva para que perdamos el miedo”.

Miembros de la Comisión Interna del Sindicato y Trabajadores del Ingenio Ledesma (S.O.E.A.I.L)

Ricardo Aguilera, denunció: “Tenemos denuncias por “usurpación”, por “turbación” (...) tenemos multas por quemar gomas.” Y agregó que el gobierno puso la fuerza policial al servicio de la empresa Ledesma.

“Nuestros reclamos son por la multa que nos está imponiendo el gobernador Morales. Es injusta y vine para decirlo y que lo difundan”, afirmó Miguel López.

Alberto Gómez, “... buscamos el apoyo de parte de Uds. No queremos que se judicialice la protesta, en primer lugar porque si van los obreros a reclamar sus derechos (...), ¿Por qué vamos a ser reprimidos? ¿Quiénes son más asesinos, nuestras piedras o los rifles que ellos tiene?.”

Juan Gómez, papá de “Sonrisa” Gómez víctima de gatillo fácil.

El relato fue estremecedor. Juan afirmó, “perdí a mi hijo hace 50 meses, lo torturaron y no hay ningún policía preso. En 2012 mi hijo aparece muerto en la casa de un policía. El que pudo ver la foto de como estaba el se da cuenta de que mi hijo no murió como ellos dicen, lo mataron. Dicen que investigan pero no nos dejan ser querellantes, no nos dejan. Nadie quiere ayudarnos, pedi ayuda por todos lados. Antes denunciaba la violencia policial; ahora denuncio la violencia judicial, porque son los jueces y fiscales que saben y no quieren hacer nada (…) Yo no me voy a cansar (...) Algun dia los voy a atrapar”.

La Comisión también recibió la de Anacleto Llampa integrante de Comunidad Aborigen, quien manifestó el atropello, la discriminación y la violencia policial que sufrió a principios de año; Lucio Paza abogado quien denunció la violencia policial y torturas en la Comisaría 6ta del barrio 12 de Octubre de San Salvador de Jujuy contra travestis; los padres de Pablo Obiña también víctima de gatillo fácil en Libertador Gral. San Martín asesinado por la policía junto a su amigo Gonzalo Calderón; también hubo denuncias de Gladys López, Santiago Hamud; Mercedes Zalazar, María Martínez, entre otros.







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