Política

CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN

Juicios de Atlético - Banco - Olimpo: la necesidad de volver a encontrar justicia

Martes 23 de agosto de 2016 | 13:07

En el marco de la 38º conmemoración de los detenidos desaparecidos en el Ex CCDTyE “Olimpo”, la Fiscal Gabriela Sosti confirmó el comienzo de la tercera parte del juicio por la causa “Atlético-Banco-Olimpo”, más conocido como los juicios ABO. La fecha estipulada será el 20 de septiembre en los tribunales de Comodoro Py, a cargo del Tribunal Federal Oral nº 2 (TOF 2).

A pesar de la importancia que representan los juicios de lesa humanidad en nuestro país, no sorprende –mucho menos en la actualidad donde existe una marcada tendencia a minimizar, anticuar y hasta ridiculizar la lucha por los Derechos Humanos- que la homogeneización de los medios traten de desplumar de agenda aquello que roce directa e indirectamente lo ocurrido durante el “proceso de Reorganización Nacional”.

Es por eso que, con el cerco monopolista de medios hegemónicos y las medidas de un gobierno que viene con aires vengativos, es necesario desempolvar y remarcar lo ya obtenido en base a una lucha verdadera y constante, iniciada mucho antes del 2003.

¿Qué fue el circuito ABO? ¿Qué son los juicios ABO? ¿Qué ocurrió durante los juicios anteriores? ¿A quién se juzgó? ¿A quién se intenta juzgar?

El “Atlético-Banco-Olimpo” fue un circuito clandestino que se llevó a cabo del 1976 hasta el 1979. Funcionó bajo la órbita operacional del Primer Cuerpo del Ejército Argentino que guiaba el General de División Carlos Guillermo Suárez Mason.

El “Club Atlético” fue el primer Centro Clandestino de Detención del circuito. Se ubicó en las calles Paseo Colón, San Juan, Cochabamba y Azopardo en plena capital porteña, en los sótanos del Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de la División Administrativa de la Policía Federal. Funcionó durante el año 1976 hasta finales de diciembre de 1977, cuando se abandonó debido a la construcción de la Autopista 25 de Mayo.

El traslado fue directo y sin escalas a “El Banco”, ubicado a 200 metros del cruce de la Autopista General Ricchieri y Camino de Cintura, en el partido de la Matanza. Operó desde finales del 1977 hasta agosto de 1978.

El 16 de agosto, los represores y los detenidos fueron trasladados a “El Olimpo”, en la División de Automotores de la Policía Federal, ubicada en Ramón Falcón, entre Lacarra y Olivera, en el barrio de Floresta. El CCDyE fue el último lugar del circuito, el cual funcionó hasta finales de enero de 1979.

A partir de los hechos ocurridos durante parte del período dictatorial, el 24 de noviembre de 2009 el Tribunal Oral Federal nº2 inició el juzgamiento a 17 represores que conformaron uno de los escalafones más terroríficos durante los tres años del circuito ABO. En esta causa se investigaron los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 181 víctimas. De los acusados, doce represores fueron condenados a prisión perpetua (Avena, Rolón, Donocik, Kalinec, Uballes, González, Simón, Miara, Pereyra Apestegui, Cardozo, Rosa y Del Pino), cuatro recibieron 25 años (Guglielminetti, Taddei, Tepedino y Gómez Arenas) y uno fue absuelto (Juan Carlos Falcón, quien aun habiendo sido señalado como uno de los principales violadores de las mujeres secuestradas, el tribunal expresó no tener suficientes pruebas para condenarlo).

En 2012, como desprendimiento de la primera causa y por encontrarse prófugos durante el tiempo que duró el enjuiciamiento dictaminado en el 2009, el mismo tribunal condenó al ex policía Pedro “Calculín” Godoy y al ex miembro del Ejército Alfredo “Cacho” Feito a 25 y 18 años de prisión respectivamente, en el marco de la causa ABO II (o Bis).

En el tercer tramo de la investigación, que comenzará el 20 de septiembre, el TFO nº2 enjuiciará a Eduardo Ángel Cruz y Raimundo Oscar Izzi, de la Policía Federal; Juan Miguel Méndez, de Gendarmería Nacional; y Héctor Horacio Marc, del Servicio Penitenciario. Los cuatro están acusados por más de 200 secuestros y privaciones ilegales de la libertad.

A poco más de ocho meses del comienzo de la gestión macrista, se vislubra un panorama desolador para quienes siguen buscando justicia para los miles de torturados, detenidos y, (aunque el Presidente Mauricio Macri no lo sepa) 30.000 desaparecidos: más de 50 represores beneficiados con prisión domiciliaria, la participación de ex militares- entre ellos, el ex Carapintada Aldo Rico- en la marcha por el 9 de julio y la- nuevamente- estrecha relación con EE.UU, país señalado como el gran conspirador e instaurador de las dictaduras en Latinoamérica, son algunas muestras de ello.

Tan sólo será cuestión de duplicar la lucha encausada hace ya más de 30 años, y de volver a tomar cartas en el asunto desde el legado de la justicia, para nunca dejar de gritar: “Presentes, ahora y siempre”.






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