Política

REGIMEN POLICIACO

Juicio político al Juez Baca: ¿Una jugada del bipartidismo jujeño?

Al pedido de licencia de Pablo Baca, presidente del Superior Tribunal de Justicia, luego del escándalo de los audios, siguió la respuesta del PJ, solicitando el juicio político. Su cargo lo asume Sergio Jenefes, un hombre del justicialismo, mientras se preserva una Justicia que es el brazo ejecutor del régimen policíaco de Gerardo Morales.

Gastón Remy

Economista, docente en la Facultad Cs. Económicas UNJu.

Miércoles 5 de febrero | 08:16

En el día de ayer el PJ jujeño ingresó a la Legislatura un pedido de juicio político al Juez Pablo Baca, quien tomó licencia de la presidencia del Superior Tribunal de Justicia, a partir de la filtración de audios donde el acusado confiesa “acomodar cosas” a pedido del gobernador Gerardo Morales.

La confesión de Baca en los audios no pudo evitar el repudio de todo aquel que los escuche por la forma en que, con total impunidad, manifiesta la injerencia del Gobernador sobre la Justicia y cómo se acomodan las causas desde el Superior Tribunal de Justicia.

Sin embargo, el contenido poco de sorpresa tuvo para los trabajadores, dirigentes sindicales y sociales, vendedores ambulantes, estudiantes y jóvenes de los barrios populares permanentemente perseguidos por la policía que aplica el Código Contravencional que el Superior Tribunal de Justicia ha defendido en cada oportunidad que tuvo a su alcance.

Al gobierno de Gerardo Morales la actitud poco cuidadosa del ex diputado, Pablo Baca, en su función de juez, le cuesta caro cuando intenta venderse ante el nuevo gobierno nacional como garante de la “república” y la independencia de poderes. Luego de protagonizar un episodio de clara injerencia con el pedido de juicio político al fiscal Ficoseco que terminó en una derrota para el Gobernador.

Luego de este traspié, vinieron las desafortunadas declaraciones de la entonces presidenta del STJ, Clara de Langhe de Falcone, ex diputada radical, por sus afirmaciones estridentes a favor de la ratificación de la condena a Milagro Sala, en momentos donde el Gobernador se acercaba a Alberto Fernández.

Como reprimenda Baca llegó a ocupar la presidencia del STJ elegido por sus pares, aunque a poco más de un mes de esta designación de los hombres y mujeres de la toga, tuvo que solicitar licencia, a partir del conocimiento de los audios que desataron el escándalo político.

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Ahora otro ocupa su lugar, se trata de Sergio Jenefes, un juez que tuvo su paso como funcionario durante la dictadura y tiene un estrecho vínculo con el PJ, como hermano del ex vicegobernador, Guillermo Jenefes, uno de los dueños de Jujuy.

Este movimiento de fichas forzado para el Gobernador, pone en evidencia el bipartidismo judicial, con jueces puestos a dedo por las gestiones justicialistas y luego por el propio Morales, como fue el nombramiento de dos diputados como jueces, Beatriz Altamirano y el propio Baca, un tercero ex diputado, Federico Otahola, en los primeros días de su mandato allá por diciembre de 2015, cuando decidió ganar la mayoría del STJ a fuerza de ampliar el número de integrantes.

Una mano lava la cara y la otra preserva el régimen policíaco

En lo que al PJ refiere con su pedido de juicio político, si bien, ya tiene casi asegurado por este año la presidencia del STJ, puede anotarse otro poroto haciendo el trabajo sucio de destituir al caído en desgracia, Baca, cuestión que le generaría un golpe mayor a Morales si la decisión tuviera que salir de su propia autoría, ingresando el pedido de renuncia a sus legisladores, que deberían levantar la mano para que dimita uno de los suyos.

Estará por verse cómo continúa la principal crisis política que atraviesa el gobierno de Morales, que ya acusa recibo por la derrota electoral de Mauricio Macri, hasta qué punto Baca estará dispuesto a “resistir con aguante”, o si aparece su renuncia antes del inicio del juicio político que llevará su tiempo a costa de agravar el desangre personal y, sobre todo, significar un mayor costo político para el gobierno.

Mientras tanto, la cuestión de fondo como indica la jerga legal, se mantiene intacta. Por un lado, la Justicia preserva a los jueces de la UCR y el PJ; por otro, instituciones de persecución y criminalización de la protesta como el Ministerio Público de la Acusación, el Código Contravencional y el Juzgado creado como ámbito de aplicación del rigor de la voluntad del Poder Ejecutivo (Gerardo Morales) continuarán en pie. No hay un rechazo a su existencia por parte del PJ, por el contrario, terminan siendo funcionales a cimentar un régimen policíaco que sirve a los fines de bajar las aspiraciones de los trabajadores y sectores populares frente a la crisis a fuerza de palos y causas.

Sin ir más lejos, el próximo lunes 10 comienza un juicio contravencional contra los sindicatos ATE, CEDEMS, ADEP, ATSA, Luz y Fuerza, organizaciones sociales y la izquierda (PTS y PO) por manifestar contra el gobierno en la apertura de sesiones de abril de 2018.

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El Código Contravencional tiene que caer

En este marco, la exigencia de derogar el Código Contravencional adquiere un valor práctico urgente, como parte de enfrentar al régimen policíaco, en un momento donde acusa el golpe del escándalo del juez Baca, pero donde está planteado enfrentar su brazo persecutor.

Este planteo de los diputados del PTS en el Frente de Izquierda es parte de un programa de conjunto frente a una casta judicial, que está plagada de privilegios y actúa contra los intereses del pueblo trabajador: los jueces deben ser electos por el voto directo así como se elige a los legisladores o al presidente y no puestos "a dedo" por el poder de turno, sus cargos tienen que ser revocables, es decir, no vitalicios y tienen que ganar como una maestra, como debería hacerlo todo funcionario público. A la vez, se deben establecer los juicios por jurados.

Frente al bipartidismo que más allá de los cambios de funcionarios, se empeña en mantener un régimen cimentado en la persecución y la arbitrariedad contra los que menos tienen, desde la izquierda opinamos que un cambio radical, en este caso de la justicia, sólo se puede imponer con la movilización popular que empieza por la defensa unitaria contra las persecuciones antidemocráticas a referentes de organizaciones sociales, sindicales y políticas como el FIT, que nos movilizamos contra las políticas de ajuste del gobernador Morales.







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