Política

NEUQUÉN

Juicio ’Escuelita II’: fallo en favor de la impunidad

Ayer en la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal se realizó la audiencia oral fijada para pedir la revocación de la sentencia en el juicio Escuelita II dictado por el Tribunal Oral Federal de Neuquén, en el que absolvió a los integrantes de la Policía de Río Negro y de la Gendarmería Nacional. Las querellas están a cargo del CeProDH y la APDH, representadas por la abogada Natalia Hormazabal y Juan Cruz Goñi respectivamente.

Jueves 16 de octubre de 2014 | 15:47

Imagen: Enfoque Rojo

La audiencia se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, en la Sala IV de Casación Penal de la Nación, a cargo de los jueces Gemianini, Figueroa y el Presidente Hornos. Durante siete horas las partes expusieron contra la sentencia de fecha 28 de diciembre de 2012, dictada por el Tribunal Oral federal de Neuquén N° 2 en el megajuicio Escuelita II (realizado durante ese año). Tres representantes de las querellas y seis defensores entre particulares y oficiales.

Las abogadas del CeProDH consideraron la sentencia como "escandalosa", ya que no sólo absolvió a ocho imputados en forma total y a otros tantos en forma parcial (todos integrantes de la Policía de Río Negro y de la Gendarmería Nacional), sino que dictó penas irrisorias en la mayoría de los casos, llegando a condenar a Raúl Guglielminetti a 12 años de prisión, quien fuera personal de Inteligencia que actuó en varios centro clandestinos de detención en todo el país. Asimismo, plantearon que deben revocarse las prisiones domiciliarias, y que todos deben ir a cárcel común, ya que es un extremo de beneficio para quienes se encuentran condenados por delitos de lesa humanidad.

La Izquierda Diario dialogó con la abogada querellante Natalia Hormazabal, miembro del CeProDH.

¿Cómo fue la audiencia de hoy?

En primer lugar debemos decir que es muy importante que se haya realizado, ya que en principio se había fijado para el 28 de Agosto pasado, donde a la hora indicada, y luego de que algunos viajáramos desde Neuquén, como en mi caso, los jueces decidieron suspenderla para tratar la recusación de uno de sus vocales.

Hoy pudimos exponer todos los motivos por lo cual esa sentencia debe ser revocada.
Expusimos que el Tribunal Oral en la sentencia no valoró los testimonios de las víctimas y sus familiares, quienes valientemente debieron esperar 36 años para declarar, y algunos de ellos no llegaron a hacerlo porque fallecieron antes del juicio o se encuentran desaparecidos. Por eso afirmamos que esta sentencia es un agravio para todos aquéllos que luchamos por cárcel común para todos los genocidas.

Pero además este fallo muestra en forma cabal la impunidad y la política que quiere imponer el kirchnerismo en estos juicios: terminarlos cuanto antes y que no se condene más. Con esta sentencia, digan lo que digan, se niega la existencia de un genocidio en Argentina durante la última dictadura militar. Niega que la Policía de Rio Negro brindara un aporte fundamental al circuito represivo llevado adelante en la región del Alto Valle.

Tenemos el convencimiento de que no sólo utilizaron sus comisarías como verdaderos centros clandestinos de detención, sino que cada uno de sus integrantes ofreció un aporte concreto en la " división de tareas" de los distintos operativos de secuestro y tortura en la región. Las comisarías y cárceles cumplieron un rol sumamente necesario al plan genocida, antes y después del paso de las víctimas por el CCD conocido como "La Escuelita de Neuquén".

¿Cuánto duró el juicio y cuántos testigo declararon?

Fueron ocho meses de juicio y más de 200 testigos los que pasaron por las audiencias de debate. La sentencia parece una burla contra todas las víctimas y sus familiares. Por eso viajamos hasta la ciudad de Buenos Aires para hacer oír la voz de todos ellos en la audiencia ante la Cámara de Casación.

¿Qué evaluación hacés sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad?

Faltan miles de genocidas de cada una de las fuerzas represivas aún por juzgar. En estos diez años de gobierno de supuestos derechos humanos hay tan sólo un puñado de genocidas enjuiciados y muchos menos condenados. Faltan civiles, como los empresarios Blaquier o los gerentes de la Ford y Mercedes Benzn que entregaban a sus obreros y fueron parte del engranaje genocida.

Pero también los funcionarios judiciales que rechazaban los hábeas corpus de las familias de los compañeros y compañeras. Hoy, en Neuquén, junto a Ivana Dal Bianco somos patrocinantes de Inés y Oscar Ragni, padres de "Oscarcito" Ragni en la causa iniciada justamente contra los jueces y fiscales que fueron parte del genocidio en el Alto Valle.

Aún el Estado no nos dice qué hicieron con los compañeros y compañeras que desaparecieron; dónde están los más de 400 niños y niñas apropiados y quiénes son los responsables. No han entregado los archivos de la dictadura que están en manos de la Iglesia y el Estado. Tenerlos permitiría conocer la verdad de lo que paso, acabar con la impunidad y por sobre todo evitar que las víctimas de este genocidio tengan que declaran una y otra vez.

Tenemos muchos motivos por los que seguir luchando en los tribunales y, sobre todo, en las calles.







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