LA PLATA

Juicio CNU: perpetua para Carlos “el indio” Castillo y absolución para Juan José “Pipi” Pomares

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal N°1 de La Plata dictó el veredicto en el juicio a dos miembros de la CNU. Se los reconoció como crímenes de lesa humanidad, sin embargo Pomares fue absuelto por el beneficio de la duda. Indignación de las víctimas, familiares y organismos de Derechos Humanos.

Sebastián Maiden

Abogado CeProDH

Viernes 1ro de diciembre | Edición del día

Luego de seis meses de juicio oral, el 29 de noviembre con la sala colmada de familiares de víctimas y víctimas del accionar de la CNU (Concentración Nacional Universitaria) y con la concentración de organizaciones de DDHH, sociales, políticas y sindicales en la puerta de los tribunales federales, el Tribunal integrado por los jueces Castelli, Vega y Esmoris dio a conocer el veredicto por crímenes de lesa-humanidad cometidos durante febrero y abril de 1976 por la banda paraestatal.

Castillo fue condenado por unanimidad a prisión perpetua por el secuestro y homicidio de Carlos Antonio Domínguez, Leonardo Miceli, Néstor Dinotto y Graciela Martini y el secuestro de Úrsula Baron y Daniel Pastorino. Pero el sentimiento de justicia duró apenas unos segundos, pues a los aplausos por la condena le siguieron gritos de repudio, bronca e impotencia cuando el tribunal decidió “absolver por unanimidad por el beneficio de la duda”,y disponer la inmediata libertad de Pomares.
Cabe recordar que entre las numerosas víctimas de la CNU platense entre 1974 y 1976, y cuyos casos no entraron en este juicio, figuran militantes, delegados y activistas como Carlos Pierini, Rolando Cháves, Luis Macor, Carlos Alberto Miguel, Rodolfo Achem, Rodolfo Carlos “el rusito” Ivanovich, Enrique Rusconi, Mario Gershanik, Luisa Marta Córica, Arturo “Patulo” Rave, Horacio Urrera, Carlos Saticq, Carlos Escafide, Alcides Mendez Paz, Adriana Zaldúa, Lidia Agostini, Nélida Villarino y los hermanos Gerardo y Raúl Arabel, entre más de 60 víctimas.

Tanto la fiscalía como las tres querellas habían requerido en los alegatos la pena de prisión perpetua para “Pipi” Pomares en base a la prueba aportada en el juicio. En el caso de la querella de Justicia Ya solicitó que se lo condene por ser penalmente responsable del delito internacional de genocidio por el homicidio agravado contra Néstor Hugo Dinotto y Graciela Martini; por la privación ilegal de la libertad agravada y la aplicación de tormentos contra Néstor Dinotto, Graciela Martini, Adelaida Barón y Daniel Pastorino.

En sus últimas palabras antes del fallo, Pomares se declaró “absolutamente inocente” y repitió dos veces: “No soy el que algunos quieren que sea”, pese a estar comprobada su participación en los hechos que se le imputaban y que era un miembro activo de la CNU en los secuestros y asesinatos cometidos contra militantes políticos, activistas gremiales y estudiantiles. Castillo, a su vez, amenazó con “más sangre y más dolor” si no “se restaura el Estado de derecho”, en un discurso cargado de violencia y cinismo.

Al salir de la sala María Luz Santos Morón, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y de la querella de Justicia YA! expresó ante los medios presentes en relación a la absolución planteó que : “Aunque estaba todo claramente probado, lo acaban de absolver (a Juan José Pomares, NdR). Estamos completamente indignados, y vamos a redoblar esta pelea. No nos van a quebrar, vamos a seguir en las calles reclamando juicio y castigo a todos los genocidas por todos los compañeros, movilizándonos con las Abuelas y las Madres”. Además agregó “Hemos sido anoticiados que familiares del Indio Castillo que ejercen funciones en el gobierno del Intendente Garro han sido denunciados por trabajadores de la Municipalidad de La Plata por maltratos, el propio Castillo trabajó en el municipio y Pomares fue asesor en la Cámara de Senadores como asesor del bloque FPV-PJ además de cumplir funciones durante la gestión local de Alak, es impresionante como se les ha garantizado la impunidad durante años y años. Aquí se ve claramente las relaciones con el Estado”.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán en febrero del 2018 y las querellas han asegurado que apelaran el fallo.








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