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CATALUÑA

Jueza dicta prisión para el vicepresidente catalán y siete consejeros

Es parte de la ofensiva judicial contra los miembros del gobierno catalán. Se suma a la intervención aplicada por Rajoy luego de la declaración de independencia catalana.

Jueves 2 de noviembre | 14:26

Una jueza española ordenó este jueves la prisión incondicional sin fianza para el vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, y 7 consejeros de su gabinete. Los acusa de los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista en Cataluña.

La jueza que dictó la orden, Carmen Lamela, es la misma que lleva la causa por sedición contra Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y el ex major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.

La magistrada impuso una fianza de 50.000 euros al consejero de Empresa Santi Vila (quien dimitió antes de que el Parlamento regional declarase unilateralmente la independencia) para poder eludir la cárcel.

De este modo la magistrada asume por completo la petición de la Fiscalía española y envía a la cárcel por un supuesto riesgo de fuga y de reiteración delictiva a Junqueras y a los ocho exconsejeros que comparecieron este mismo jueves en la Audiencia Nacional española.

Además del vicepresidente, Junqueras, quedarán detenidos los consejeros del gobierno catalán Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo), Joaquim Forn (Interior) y Vila (Empresa), este último hasta que presente la fianza.

La Fiscalía española también solicitó hoy que emita una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra el expresidente del Gobierno regional catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que no acudieron este jueves a su citación por rebelión, sedición y malversación.

La vía judicial es en estos momentos la punta de lanza de la escalada represiva del Gobierno de Mariano Rajoy contra el pueblo catalán y sus aspiraciones democráticas. A la vez, mantiene la aplicación del artículo 155 mientras se juega a derrotar al “procesisme” mediante las elecciones del 21 de diciembre.

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