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INVESTIGACIÓN

Jueces y fiscales brasileros hacen negocios millonarios con los testimonios de “arrepentidos”

El juez Sérgio Moro, que investiga los esquemas de corrupción en Petrobras, homologó los acuerdos de “delación premiada” a cambio de beneficios en las penas de poderosos empresarios.

André Augusto

Natal | @AcierAndy

Viernes 29 de julio de 2016 | Edición del día

El juez federal Sérgio Moro, responsable por las causas de la operación judicial conocida como “Lava Jato” que investiga los esquemas de corrupción en Petrobras, homologó los acuerdos de “delación premiada”, como se conocen los testimonios de acusados arrepentidos a cambio de beneficios en sus penas, de los empresarios Vinícius Veiga Borin, Luiz Augusto França y Marco Pereira de Sousa Bilinski. ¿Qué tiene que ver esto con los negocios millonarios que enriquecen al equipo de la Lava Jato?

Según el acuerdo de colaboración, los socios deben contar cómo funcionaba el esquema, así como otras actividades ilícitas sobre las que puedan haber paticipado. Tendrán además que pagar una multa de un millón de reales (más de 300.000 dólares) cada uno. Un porcentaje de lo que sea devuelto por los delatores irá a los “republicanos” de Curitiba (en el sentido de quien se apropia de lo que es público).

Según la Constitución de 1988, cualquier monto de dinero recuperado durante investigaciones de corrupción debe ser reparada a la parte perjudicada. En decisión de 2008, el propio Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP) entendió que el destino de montos de acuerdos judiciales a órganos de investigación configura una “afronta al principio de impersonalidad” y puede generar dudas sobre la actuación de los procuradores y delegados, ante los resultados buscados, durante la instrucción.

No es lo que entienden la Fiscalía y los procuradores de la Lava Jato. Para esos caballeros que están en una cruzada contra la corrupción, no todo dinero público resarcido debe seguir siendo público. Las cruces y las espadas pesan y cuestan caro, no estando del todo mal que haya resarcimiento a los propios investigadores.

Según Carlos Fernando dos Santos Lima, procurador de la Lava Jato ligado a Moro, “Los órganos de persecución se beneficiarían mucho del aporte de recursos para la adquisición de equipos y softwares sofisticados, esenciales en investigaciones modernas y eficientes”.

De hecho, la “fuerza especial” que es la Lava Jato ya incluyó en todos los acuerdos de relentización que está negociando una cláusula que determina el repase a los órganos responsables por la investigación de hasta 20% del valor de las multas pagadas por las empresas.

Como la innovación jurídica –de destinar montos resarcidos a los órganos de investigación que general el castigo- no está prevista en la Constitución, fue necesario un pedido del equipo de la Lava Jato a la Corte Suprema (STF). El pedido fue realizado por el fiscal general Rodrigo Janot.

El ministro informante de la operación Lava Jato en el STF, Teori Zavascki, negó el pedido. En la decisión, afirmó que “no hay justificación legal para limitar a 80% (ochenta por ciento) de ese valor la reparación debida a Petrobras”, que fue la empresa perjudicada. Determinó que el 100% de los recursos desviados de Petrobras deberían ser devueltos a la empresa estatal.

Pero el equipo de los cruzados de Curitiba decidió no aceptar la disposición del Supremo. La fiscalía federal de Paraná envió al diario Folha de S. Paulo un mail firmado por el fiscal Carlos Fernando Lima en el que reconoce que el “percentual de 10% está siendo aplicado en los acuerdos de mayor valor”.

“El criterio fue muy simple. Definimos dos alícuotas, una de 10% para acuerdos mayores y [otra de] 20% para acuerdos de menor valor. No existe obviamente ningún fundamento científico en esto, pero se trata de la construcción de una práctica del derechos sancionador negocial”.

Veamos como ya funciona este “criterio simple” de Sérgio Moro: los acuerdos de relentización de las empresas Andrade Gutiérrez y Camargo Corrêa, multadas en 1.000 millones y 700 millones de reales respectivamente, determinan 10% para el equipo de procuradores de Sergio Moro. Eso significa una recaudación total de 170 millones a los fiscales de la Lava Jato.

Deltan Dallagnol, fiscal jefe de la Lava Jato en Curitiba, que da un sinnúmero de entrevistas alertando el “riesgo de que se contenga la Lava Jato”, tiene intereses materiales profundos en las delaciones: fue el primero en atacar al archicorrupto Renan Calheiros cuando éste hizo mención a que la delación no podría ser ejercida por personas presas. Janot, por su parte, es jefe de los procuradores del MPF y elegido por sus pares, teniendo interés en que sea visto como pieza clave del esquema de las delaciones.

Según las cuentas del insigne matemático (y procurador de la Lava Jato) Carlos Fernando Lima, en aquellos últimos días de junio, contabilizando los 20% “debidos” por Paulo Roberto Costa y otros delatores, además de las grandes constructoras Andrade Gutierrez y Camargto Corrêa, en acuerdos cerrados de relentización, la fuerza especial de la Lava Jato recibiría más de 300 millones de reales en la cuenta de la jurisdicción federal de Curitiba.

Tales criterios “simples y sin ningún fundamento científico” son responsables, por lo tanto, por llenar los bolsillos del heroe del golpismo y de la derecha nacional, Sérgio Moro, Dallagnol y los procuradores de Janot, con la mismo dinero que debería ser restituido al tesoro público e invertido en salud y educación, servicios básicos que están bajo el control de Michel Temer y el ministro de Hacienda Henrique Meirelles.

La “República de Curitiba” tiene su propia empresa privada de delaciones premiadas para el enriquecimiento de jueces y fiscales.

Carlos Fernando admitió que el equipo ya recibió “algo cercano a 342 millones de reales” de los acuerdos cerrados hasta ahora. Pero que “siempre es bueno observar que ya fueron devueltos a Petrobras cerca de 159 millones de ese valor”.

Petrobras, que debería recibir 100% de los resarcimientos, se quedó solo con el 46% del monto total de los acuerdos de ralentización.

Los ejemplos de Paulo Roberto Costa y de Sérgio Machado: ¿cuánto ganan estos “heroes”?

Todo lo que fue recaudado por los investigadores hasta ahora está siendo depositado en cuentas judiciales de la Caixa Econômica Federal, vinculadas a la 13a jurisdicción federal de Curitiba, comandada por nadie menos que Sérgio Moro.

En el caso de Paulo Roberto Costa, exdirector de abastecimiento de Petrobras, el monto pedido por el equipo de la Lava Jato es de 20%, “dejando el 80% restante a la Unión”. Considerando que el valor a ser resarcido fue de 15,8 millones de reales, más de 3 millones quedarían en la 13a jurisdicción de Curitiba.

Pero la gula se traga a sí misma cuando ponemos sobre la mesa el caso del expresidente de la subsidiaria de logística de Petrobras, Transpetro, Sérgio Machado. En el caso de este acuerdo de testimonio premiado, la cláusula es aun más osada: no son acordados 80% a Petrobras sino 20%. Como si Transpetro y Petrobras fuesen una extensión de la comarca de Paraná, la mayor parte de la multa de 75 millones de reales de Machado va a la “Unión”, mismo término usado por los fiscales para intentar posteriormente repasar el monto a los equipos de investigación.

Eso equivale al embolso de 60 millones de reales por la 13a jurisdicción de Curitiba. Para una casta ya colmada de beneficios (Moro cobra 77.000 reales por mes, más de 23.000 dólares) y que no es elegida o controlada por nadie, a lo sumo por sus privilegiados pares., los métodos antidemocráticos de la Lava Jato con centro en la delación premiada son una excelente fuente de negocios, muy parecida a la forma como las empresas carcelarias lucran con la administración privada de cárceles en Estados Unidos. Incluso puede desconfiarse de dónde sacó Moro esta “idea iluminada”.

Un triángulo amoroso entre el poder judicial, la fiscalía y el imperialismo

Zavascki relata en el documento que Janot pidió la restitución a Petrobras del 80% de los 79 millones de reales repatriados de Paulo Roberto Costa “con respecto a los 20% remanentes, la fiscalía general de la República requiere que sean destinados según previsto en el artículo 7º, § 1º de la Ley nº 9.613, del 3 de marzo de 1998 (Ley de Lavado de Dinero)”.

Rilke decía que el destino no viene de afuera del hombre, sino emerge del propio hombre. Los cruzados de la Lava Jato hicieron su propio destino en el entrenamiento recibido por el Departamento de Estado norteamericano, cuyo objetivo era efectivamente, investigar y combatir el “lavado de dinero”.

La Lava Jato usa la Ley de Combate al Lavado de Dinero para justificar la apropiación de parte de la multa. Un tramo largo de la norma dice que la Unión debe regular el destino de “bienes, derechos y valores” blanco de la aprehensión judicial y asegurar su utilización “por los órganos encargados de prevención, del combate, de la acción penal y del juicio de crímenes”.

Pero ¿qué darían a cambio los fiscales de la Lava Jato de Panamá, Moro y Janot, al imperialismo norteamericano? Si por detrás de toda la gran fortuna hay un crimen, lo de la Lava Jato se hace pasar por virtud. Pese a que haya sido estrictamente selectivo hacia los políticos ligados al PT, incluyó en la cruzada a los políticos del PSDB, claramente vinculados a la mafia de las viandas con el gobernador de San Pablo Geraldo Alckmin, a los desvíos en la obra de la autopista Anillo Metropolitano con José Serra, actual ministro del Exterior, o al escándalo de la empresa estatal de electricidad Furnas, que involucró al excandidato Aécio Neves, para no mencionar el “propinoducto” en San Pablo, e incluyó también a empresas extranjeras.

Basta observar los monopolios extranjeros beneficiados por las “investigaciones” de Moro. Las petroleras norteamericanas Exxon Mobil, Chevron, la anglo-holandesa Royal Dutch Shell, la francesa Total y las chinas China National Petroleum Corporation (CNPC) y China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), para nombrar las más grandes, están involucradas no solo en las negociaciones de entrega de las reservas marítimas conocidas como pre-sal, sino en la adquisisión de porciones de Petrobrás. Sérgio Moro no investigó ninguna de las multinacionales que controlan la operación de barcos sonda o las operaciones en las plataformas, como Halliburton, Schlumberg y Transocean. Decir más sería prender una linterna en plena luz del día: se trata de la más eminente política proimperialista de derecha en el país.

Este triángulo se completa con la propia continuidad de la operación Lava Jato, una de las más grandes exigencias del imperialismo desde que se votó el impeachment de Dilma Rousseff en la Cámara de Diputados. La operación, una de las bases del golpe institucional, sirve tanto a la privatización de los recursos petrolíferos brasileros, como al control por parte del poder judicial con mil lazos con Estados Unidos como árbitro de la política nacional.

Del cuestionamiento de los jueces al cuestionamiento de todo el sistema

La operación Lava Jato es una operación proimperialista reaccionaria. No busca “terminar con la corrupción” sino solo sustituir un esquema de corrupción con rostro petista por uno con la cara de la derecha. Además, se transformó en una empresa altamente lucrativa para los miembros del poder judicial y de la fiscalía, que generalizan los métodos antidemocráticos utilizados todos los días en las periferias contra la población negra para aumentar el poder de arbitraje de la “República de la Toga”.

Los jueces no son elegidos por nadie. Al contrario, son elegidos por los dueños del poder. A lo sumo, son funcionarios de carreras llenas de filtros sociales, para que sus cargos sean ocupados solo por la élite. Gozan d ellos más altos privilegios de la “República de los ricos”, algunos de ellos vitalicios.

Es preciso cuestionar todos los privilegios del poder judicial, exigir que cada juez sea elegido por sufragio universal y sea revocable, perdiendo sus partidas de auxilio y exigiendo que reciban el mismo salario de una profesora. Ni el PT, que fortaleció esta institución durante todos sus gobiernos, ni la derecha reaccionaria del PMDB y del PSDB pueden hacerlo.

Esta batalla contra los privilegios del poder judicial es parte del contenido de una nueva Constituyente impuesta por la lucha, que combata de raíz al régimen político de 1988, levantando que todo político sea revocable y reciba el mismo salario de una docente con el aumento del salario de todos los trabajadores al valor dela canasta básica del DIEESE (Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socieconómicos) que hoy equivale a 3.777,93 reales. Junto con esto, la apertura de los libros de contabilidad de las grandes constructoras y la confiscación de todos los bienes de todos los corruptos y sus familiares, invirtiendo ese dinero en un plan de obras públicas para terminar con el problema de la falta de vivienda. Lucharíamos por que se revoque la entrega de los recursos naturales como el pre-sal al imperialismo y las privatizaciones que son responsables por desastres que se llevan la vida y las pertenencias de los trabajadores; la abolición del pago de la fraudulenta deuda pública y la reversión del dinero a la salud y educación; la reestatización sin indemnización de todas las empresas privatizadas por los expresidentes Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva y Dilma Rousseff, empezando por Petrobras, bajo control de los trabajadores que conocen las necesidades populares.

Estas consignas pueden “perforar” las instituciones de su democracia, preparando las condiciones de su derrota y la sustitución por un gobierno de los trabajadores en su aspecto anticapitalista y antiburgués.

Traducción: Isabel Infanta







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