Géneros y Sexualidades

VIOLENCIA DE GÉNERO

Jueces dictan un fallo medieval que beneficia a un abusador

Se trata de la sentencia en un caso de violaciones a dos adolescentes. Fue calificado de “retrógrado” y “misógino” según la Alianza Nacional de Abogados por los Derechos Humanos de las Mujeres.

Tomás Máscolo

@PibeTiger

Miércoles 18 de mayo de 2016

La polémica sentencia fue firmada por los jueces Luis María Rizzi, Javier Anzoátegui y Marcela Rodríguez. El juicio es contra un hombre de 29 años, quien fue acusado de abusar sexualmente de dos hermanas, una de 13 y la otra de 15 años. Fue condenado por la violación de la más joven de ella, pero la sentencia deja de lado el que hayan existidos relaciones forzadas con la joven de 15. Era el novio de una familiar de ellas y los abusos se producían cuando las llevaba a la escuela en su camioneta.

El fallo

Para el Tribunal Oral en lo Criminal N° 23 de la Capital Federal la adolescente de 15 años que había sido violada – no sólo una, sino en varias ocasiones - en realidad “dio su consentimiento” para ser ultrajada “aunque pueda haber comenzado (cada hecho) con la apariencia de fuerza”.

Una vez más la víctima pasa a ser victimaria, en este fallo no se cree en la palabra de la adolescente. Aun cuando para el perito del Cuerpo Médico Forense, Pablo María Legaspi, “el testimonio de ella como el de su hermanita era verosímil y en ningún momento puso en duda sus dichos”.

El Tribunal aduce “situación de duda que no es posible despejar sobre la existencia de violencia”, afirmando que “La doctrina ha advertido siempre la necesidad de la suma cautela con que deben analizarse las circunstancias en que este tipo de actos se produce. Así, dice Ernesto Ure con indiscutible elegancia que ‘no hay delito cuando el acto acaece merced a los esfuerzos del hombre, dirigidos a despertar el instinto y a vencer la oscilante resistencia, pues más que devastar una plaza sitiada, es apoderarse de una plaza rendida’”.

Amparados en una doctrina de un fallo de 1952, los jueces adjudican que los casos en que la mujer por un “acto voluntario” termina por consentir el deseo de la otra persona, pero no tiene en cuenta que ese consentimiento fue provocado por la “fuerza”, pero en el que la fuerza deja de ser el factor decisivo, y es reemplazada por el “instinto sexual” de un hombre, se consideran como consentidos. Aberrante.

Producto de una de esas violaciones la joven quedó embarazada y el agresor la acompañó a practicarse un aborto. Sobre esto, el Tribunal sostiene que “Comúnmente no es a su violador a quien recurre una mujer que ha quedado embarazada como consecuencia de un abuso”. Teniendo en cuenta que se le imputan más de 10 hechos al acusado, duda de que la víctima “no haya tenido oportunidad de ejercer una resistencia más eficaz o que no lo haya comentado con nadie o que nadie haya sospechado nada, ni escuchado nada, ni visto nada”. La conclusión a la que llegan, nuevamente desoye a la declaración de la joven, ya que ella misma declaró que él la llevó a practicarse el aborto bajo amenaza. Una muestra más de lo misógino del fallo.

Finalmente, el imputado Víctor Alejandro Solís Chambi, un empresario textil, fue condenado a 8 años de prisión por “abuso sexual mediante violencias y amenazas con acceso carnal” en el caso de la joven de 13 años, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal de una menor de 16 años y mayor de 13, aprovechándose de su inmadurez sexual y en razón de la mayoría de edad, es decir por estupro. Lo cínico es que sólo en un caso se tiene en cuenta, las amenazas o la violencia a la que fueron sometidas sistemáticamente ambas jóvenes.

Los jueces

El juez Luis María Rizzi es un ferviente católico. Frente a una campaña de la Asociación Pensamiento Penal (APP) que preside el doctor Mario Juliano, juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Necochea, y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), destinada al retiro de los símbolos religiosos (principalmente crucifijos) de las salas de audiencias de los tribunales, invocando la neutralidad religiosa del Estado, se posicionó en contra.

“Creo en Dios, soy católico. Tengo reverencia por la Cruz de Cristo, el inocente crucificado por los hombres y el más inocente de los condenados, que representa, además, la fe mayoritaria y la identidad de nuestro pueblo. Porque la Cruz no ofende a nadie, sea o no creyente, ni nadie puede sentirse agredido, inquieto, molesto y menos discriminado por su presencia”, al menos fue consecuente en el fallo defendiendo el machismo basado en el patriarcado que pregona la Iglesia. No olvidemos que fue Bergoglio quien comparó al feminismo con teorías nazis y fue quien declaró la “Guerra de Dios” frente al matrimonio igualitario porque el único fin sexual que debe tener la mujer es procrear, otorgándoles el exclusivo rol de incubadoras humanas.

El segundo, Javier Anzoátegui, puso trabas en el juicio por la represión del 20 de diciembre de 2001, solicitó ser excusado del Tribunal Oral Federal Número 6 por “discrepancias éticas”. El pedido fue rechazado, pero el argumento de las “discrepancias éticas” logró golpear el funcionamiento del debate oral, suspenderlo e ingresarlo en un laberinto burocrático difícil de sortear. En ese entonces el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y los abogados Rodolfo Yanzón y Juan Carlos García Dietze, apostaron a la continuidad de la audiencia e insistieron en la decisión de rechazar el pedido de excusación de Anzoátegui, las defensas solicitaron explicaciones.

También fue un “irreverente” y se negó a sacar la cruz de su despacho, “Si bien no hay norma legal ni reglamentaria que lo disponga, esta tradición -que la Argentina heredó de España- se ha mantenido inalterable desde el primer gobierno patrio y, puntualmente, desde el establecimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1863, es decir, hace exactamente 150 años. Nuestro pueblo nació católico y sigue ligado a Cristo de una manera entrañable. La referencia que se impone en la actualidad es que el papa -igual que Dios, dirá alguno- es argentino”, aseveró.

Una casta judicial que desprecia a las mujeres y la diversidad sexual

Los fallos de esta escoria del Poder Judicial no sorprenden, aunque sí generan bronca. No hacen más que reafirmar la necesidad de terminar con esta casta oligárquica de jueces reaccionarios, plagada de privilegios y sin ningún control popular.

Recordemos a los oscuros jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, que redujeron la pena de un pedófilo fundamentando que su víctima “ya había sido ultrajada por su padre” y que “había sido acostumbrada a situaciones de travestismo”. En las resoluciones citadas se conjugan el oscurantismo religioso, el sexismo más brutal y la impunidad. Una aberración de una casta judicial que ha hecho oídos sordos al reclamo de las mujeres por ni una menos.

Los legisladores y las legisladoras del PTS en el Frente de Izquierda proponen el inmediato cese en funciones de todos los jueces y fiscales vitalicios que fueron elegidos por los gobiernos peronistas, radicales o por la mismísima dictadura militar. El Partido de los Trabajadores Socialista reivindica la herencia de la revolución francesa, retomada por la Comuna de París de 1871, que instauró la elección popular de jueces y fiscales.






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