Economía

EDAD JUBILATORIA

Jubilaciones: el Gobierno niega la desigualdad de género

El aumento de la edad jubilatoria sería inicialmente para las mujeres, negando las desigualdades en el ámbito laboral y en las tareas de cuidado. Se planea también una extensión voluntaria del momento de retiro.

Sábado 17 de junio | 13:11

El Secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, señaló este jueves que “hoy las mujeres se jubilan a los 63 años en promedio, esto quiere decir que muchas siguen hasta los 65”, insinuando que el aumento de la edad jubilatoria en las mujeres ya es un hecho, más allá de los límites legales. Las afirmaciones se realizaron en un evento en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA sobre sustentabilidad previsional, del que participaron también “expertos” del Banco Mundial.

Allí, Paulucci también adelantó uno de los aspectos más firmes del gobierno en sus planes de reforma previsional, “el trabajador tiene que tener la posibilidad de elegir el momento de jubilarse”, esto es, una extensión voluntaria del momento de retiro. “Tiene que haber una edad mínima pero también la posibilidad de seguir trabajando si esa es su voluntad; que el empleador no lo obligue a jubilarse”, declaró el funcionario.

Es que anunciar el aumento de la edad jubilatoria a secas, como una modificación paramétrica del sistema jubilatorio tan palpable como la edad de retiro, podría generar un rechazo social que derribe de conjunto el nuevo esquema en vistas. Por ello se avanza de costado hacia las recomendaciones del FMI, señalando que los 60 años en las mujeres muy difícilmente se cumplen en la actualidad, y que el trabajador “tiene derecho” a optar por continuar en el trabajo al alcanzar la edad legal de retiro.

Pero si las mujeres no se jubilan a los 60 años es porque la gran mayoría no llega a reunir los 30 años de aporte para acceder al beneficio jubilatorio. Porque las mujeres son quienes más soportan la desocupación, la informalidad laboral, los bajos salarios y la precarización. No se trata de una decisión voluntaria sino de una necesidad trágica de las mujeres, una profunda emergencia social.

Asimismo, las mujeres son quienes más llevan la carga de las tareas de cuidado en los -hogares, un trabajo no reconocido, ni siquiera por las leyes laborales. Estas leyes, por ejemplo, no computan como “meses de aporte” al sistema previsional aquellos conquistados como licencias por maternidad.

Según la Encuesta de usos del tiempo del INDEC de 2013, el 89% de las mujeres participa de tareas del hogar, mientras que sólo el 58% de los hombres. Así también, ellas lo hacen con una carga horaria superior, destinando 5,7 horas diarias en promedio contra 2 horas en los hombres.

Esta mayor presión de las responsabilidades familiares hace aún más dependientes a las mujeres de los puestos laborales que consiguen, lo que es aprovechado por las patronales para imponer condiciones laborales más desfavorables para las mujeres. Incluso reduciendo el personal femenino en “edad reproductiva”.

Así, lo que es, de hecho, una gran expresión de las desigualdades de género en el mundo laboral, se transforma en un argumento para potenciar la sobrecarga de trabajo en las mujeres (o la doble explotación) proponiendo un incremento de la edad jubilatoria aunque sin afirmarlo con todas las letras. De esta manera, el gobierno dio un primer paso con el establecimiento de la “Pensión Universal para el Adulto Mayor”, en el que tanto para hombres como para mujeres, la edad de acceso al magro beneficio es a los 65 años, y esto es lo que pretende instalar en la próxima ley previsional.

El as bajo la manga

Entre la batería de medidas que el gobierno prepara lanzar después de octubre para avanzar en una mayor flexibilidad laboral e incremento de los niveles de explotación sobre las y los trabajadores, la reforma jubilatoria es una carta de peso. Es que el “gasto” en Seguridad Social es el más grande dentro del presupuesto y es entonces en ese ámbito en donde el gobierno pretende realizar recortes, a costa de la salud y la atención de los sectores más vulnerables. De allí el “traspié” del gobierno con el intento de modificar la movilidad previsional a principios de año y ahora el escándalo por la quita de beneficios a los discapacitados, todos intentos de reducir el gasto “sin que se note”.

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Pero la estrategia oficial apunta al pez gordo, una modificación sustancial del esquema previsional. Para ello el primer paso fue dado con la mal llamada “reparación histórica” de mediados de 2016, en el que deja sentado un plazo de tres años para la sanción de una nueva ley jubilatoria que sustituya a la 24.241 del menemismo y todas sus modificaciones posteriores por una aún más regresiva, respondiendo a las exigencias del FMI y del Banco Mundial que acusan el fantasma del “envejecimiento poblacional”.

Según trascendió recientemente, en las reuniones que se vienen realizando en la cartera laboral con AFIP, ANSES, cámaras empresarias y algún sindicalista amigo del gobierno en “representación del trabajo”, la propuesta que baraja Paulucci es implantar un esquema de tres pilares. El primero de ellos es la actual Pensión Universal que representa un haber menor al ya deteriorado “haber mínimo”, de sólo el 80% de este último (hoy $5.115), muy por debajo de cubrir las necesidades mínimas de vida de los trabajadores pasivos.

El segundo pilar sería similar al actual régimen de reparto, con posibilidad de seguir trabajando voluntariamente pasada la edad mínima de retiro, mientras que el tercero será un régimen complementario al que los trabajadores podrán aportar voluntariamente para mejorar la jubilación futura. En principio, este último pilar estaría administrado por las actuales cajas jubilatorias complementarias (profesionales o por actividad) y sería mediante el sistema de reparto, pero no está claro que no puedan participar “cajas privadas” en un esquema mixto entre reparto y capitalización.

En cualquier caso, la reforma está muy lejos de proponerse mejorar las condiciones de vida de los más de 6 millones de adultos mayores en la Argentina, y más lejos aún de remediar aunque sea parcialmente, las desigualdades de género. Por el contrario, el gobierno considera al trabajador como responsable de su propia explotación durante la vida laboral, castigándolo por haber sufrido desde el deterioro corporal por las malas condiciones laborales hasta la inestabilidad laboral, períodos de desocupación o de trabajo en negro, al ofrecerle una jubilación de miseria y obligarlo a trabajar en crecientes límites de edad por no cumplir ciertos "requisitos".

El ajuste es la verdadera meta del gobierno con la nueva ley. Es necesario un fuerte rechazo de los trabajadores a los planes privatizadores y de mayor explotación laboral, dando una pelea por los derechos a la vida y al goce tanto en la juventud como en la vida adulta. Más que nunca se hace inminente conquistar como primer paso la jornada laboral de 6 horas y el reparto de los puestos de trabajo garantizando salarios iguales a la canasta familiar, para que trabajemos menos y trabajemos todos.

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