Sociedad

NUEVAS DENUNCIAS

Juan Pablo II, otro papa que bancó a muerte a los curas pedófilos

El abogado Thomas Doyle afirmó que en 1985 Wojtyla envió un obispo a Estados Unidos con el objetivo de encubrir a varios sacerdotes abusadores de menores. Ratzinger y Bergoglio siguieron sus pasos.

Daniel Satur

@saturnetroc

Miércoles 8 de febrero de 2017 | Edición del día

Según algunas agencias internacionales como EFE o Deutsche Welle en las últimas horas se produjo en Australia una “noticia”. El abogado estadounidense Thomas Doyle, especializado en derecho canónico, confirmó que el papa “Juan Pablo II conocía el encubrimiento de abusos sexuales” y que, lejos de actuar para combatirlo, lo convalidó.

La afirmación de Doyle se produjo en el marco de las audiencias que está llevando adelante una comisión impulsada por el gobierno australiano que investiga casos de abusos sexuales contra menores cometidos en instituciones públicas, deportivas y religiosas de ese país.

Sin embargo, a esta altura del partido, afirmar que el Vaticano encubrió y encubre, sistemáticamente, a todos los miembros (con o sin sotana) de la Iglesia Católica que violan niñas y niños no es ninguna novedad. En todo caso, lo interesante de la afirmación de Doyle es que él habla de su propia experiencia personal con Karol Wojtyla, el papa que gobernó la institución entre 1978 y 2005.

El problema y la “solución”

En el contexto de las audiencias en Australia, Doyle recordó que en 1985 el Vaticano recibió varios informes sobre abusos sexuales cometidos por curas a menores de edad en, al menos, cuatro diócesis de Estados Unidos. Y que uno de esos informes fue elaborado por él mismo, en calidad de abogado especializado en derecho canónico (la ley interna por la que se rige la Iglesia Católica).

El letrado estadounidense dijo que en aquel entonces pidió al Vaticano que enviara un obispo a Luisiana para que se pudieran abordar los casos de pedofilia denunciados. Tanto el informe como el pedido fueron enviados por él al cardenal de Filadelfia John Krol, quien lo llevó personalmente a Roma y se lo entregó al papa.

Juan Pablo II designó entonces al obispo AJ Quinn como responsable de intervenir en el asunto. Pero según Doyle, Quinn “resultó ser parte del problema, no de la solución, porque se dedicó a buscar la manera en qué podrían continuar con el encubrimiento”.

Como se dijo, a esta altura ya no es ninguna novedad que el Vaticano y las jerarquías eclesiásticas de todo el planeta se han especializado durante siglos en orquestar todo tipo de maniobras para silenciar cuanta violación a menores se produzca intramuros de conventos, parroquias y colegios, con el consiguiente encubrimiento e impunidad de los victimarios.

En todo caso la catarata de noticias que a lo largo de los últimos años se suceden sin parar no sacan a la luz nada nuevo respecto a las conductas eclesiásticas sino que hablan de la valentía de miles y miles de víctimas que se animaron a romper los pactos de secretismo y denunciaron con nombres y apellidos a quienes ultrajaron sus infancias. Víctimas que, en su gran mayoría, pudieron hablar ya siendo adultas y no sin atravesar largos procesos de autoreconocimiento como tales.

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Lo que es inevitable, claro está, es que con cada nuevo testimonio surjan nuevos datos que permiten armar el rompecabezas de metodologías, discursos y entramados simbólicos que se ponen en práctica para consumar tamaña impunidad y permitir que los abusos y violaciones se sigan reproduciendo por los siglos de los siglos.

La escuela de Francisco

Escándalos como el de las sedes argentinas del Instituto Provolo, destapado a fines del año pasado, con los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho a la cabeza de decenas de abusos sexuales a niñas y niños sordos, lejos de “sorprender” y “anoticiar”, sirven para hundir un poco más en el fango de la hipocresía, el patetismo y la ignominia a quienes se llenan la boca (y los bolsillos) hablando de moral y amor al prójimo.

En este sitio ya se detalló el rol de Francisco en el entramado de encubrimiento a los curas pedófilos del Provolo. También de su amigo, el arzobispo de La Plata Héctor Aguer, quien tuvo bajo su órbita a varios de los denunciados de la sede que el instituto tiene en la capital bonaerense.

Las recientes declaraciones del abogado Thomas Doyle en Australia no hacen más que confirmar que Bergoglio, más allá de sus diatribas y relatos agiornados, es un digno discípulo de sus antecesores Wojtyla y Ratzinger.

En un artículo titulado “Los papas y la pederastia”, publicado hace tres años en el sitio La Excepción, se dijo con precisión que “el papa Juan Pablo II y su cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y después papa, Joseph Ratzinger ’impusieron una obligación taxativa a todos los obispos, sacerdotes, personal auxiliar, etcétera, para que no llegara a las autoridades civiles nada de lo que tuviera que ver con casos de pedofilia eclesiástica’.

Allí se menciona incluso un motu proprio (documento papal) del mismo Wojtyla, según el cuál se ordena a miembros de la Iglesia avisar, antes que a nadie, a la Congregación para la Doctrina de la Fe si se enteran “con cierta verosimilitud de un delito reservado, tras haber realizado una indagación preliminar”.

El artículo de La Excepción cita a su vez un trabajo publicado por el filósofo Paolo Flores d’Arcais en el diario El País en abril de 2010, titulado “El Vaticano y la pedofilia”. Allí el autor explica que, con esas directivas precisas, “papa y prefecto informados de todo (es más, siendo los únicos en saberlo todo) son, exclusivamente, quienes tienen la primera y última palabra acerca de los procedimientos que se han de seguir. La ’pena’ máxima (casi nunca infligida) no va más allá de la reducción al estado laico del sacerdote. Por lo general, el castigo se limita a trasladar al sacerdote de una parroquia a otra. Donde, obviamente, reiterará su delito. ’Pena’ exclusivamente canónica, en todo caso. No ha de efectuarse denuncia alguna ante las autoridades civiles”.

De esa manera, concluye Flores d’Arcais, Juan Pablo II y Banedicto XVI “pretendieron e impusieron que los crímenes de pedofilia fueran tratados exclusivamente como pecados, en vez de como delitos, o a lo más como ’delitos’ de Derecho Canónico”.

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Sin penitencia

El testimonio del abogado Thomas Doyle aporta datos que sirven para comprender qué hace y qué no hace la jerarquía católica en asuntos de abusos sexuales eclesiásticos contra menores de edad. También lo hace la comisión que hoy está investigando sobre el tema en Australia. Por ejemplo, ya se sabe que entre 1980 y 2015 unas 4.500 personas, como mínimo, denunciaron en ese país casos de abusos sexuales a menores por parte de casi dos mil curas, laicos o monjas.

Pero mientras miles y miles de víctimas siguen hablando, denunciando y rompiendo el silencio, la Iglesia de Bergoglio sigue con su perorata moralista sin tomar siquiera las medidas mínimas para que la pedofilia eclesiástica deje de reproducirse.

Por caso, ningún jerarca católico denuncia ante la justicia civil a sus “ovejas descarriadas”.

Y mucho menos se abren los hediondos archivos de los tribunales canónicos, guardados bajo siete llaves, que echarían una importante luz sobre infinidad de casos que las sotanas con poder pretenden condenar al silencio y al olvido.







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