Política Bolivia

BOLIVIA: DEFENSOR DEL PUEBLO LOGRA CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL

Javo Ferreira: “al atacar el derecho de huelga emulan al gonismo y al banzerismo”

Bolivia se ha visto sacudida por una escalada de protestas y huelgas del sistema de salud contra dos decretos emitidos por el gobierno que buscan controlar los aportes de la seguridad social de corto plazo. Conocemos algunas de las implicancias de estas medidas.

Sábado 3 de junio | 07:55

La Izquierda Diario conversó con Javo Ferreira miembro de la Liga Obrera Revolucionaria (LOR-CI) y fundador del Partido de los Trabajadores el 2013, sobre la "Acción Popular" interpuesta por la Defensoría del Pueblo que criminaliza la protesta social con la intención de poner fin a las huelgas del sector de salud que han sacudido al país las últimas semanas. El huelga de 72 horas que estaba anunciada para la semana pasada, tuvo que ser suspendida por la orden judicial. Sin embargo, los diversos sindicatos convocaron a jornadas de "concentración académica" que de todas formas provocaron la interrupción y el servicio irregular del sistema de salud.

La Izquierda Diario: La COB y diversas organizaciones sindicales han anunciado medidas de fuerza contra el reciente fallo que impide a los médicos y a todo el sistema de salud la realización de paros y huelgas, ¿cómo evalúa esta sentencia y cómo queda el conflicto del sistema de salud?

Javo Ferreira: La acción popular interpuesta por David Tezanos contra la huelga del sector salud, en particular contra el colegio médico, y la sentencia emitida por la justicia conminando a no suspender los servicios de salud bajo pena de 2 a 6 años de cárcel ante la huelga anunciada para el pasado miércoles, es una medida reaccionaria que al atacar el derecho de huelga emula los pasos del gonismo y del banzerismo y al sentar un precedente, podrá ser usada contra los trabajadores en los más diversos sectores. Como ya lo dijeron diversas organizaciones sindicales nos retrotrae a tiempos en que la protesta estaba severamente criminalizada y esto es un atentado no solo contra los médicos sino contra todos los trabajadores del país. En momentos en que los síntomas de cierres de empresas y despidos se perfila en el horizonte, el gobierno usará este precedente para combatir a los trabajadores y a todos aquellos que salgan a luchar por sus derechos. Tengo entendido que en Santa Cruz, en la ciudad de Portachuelo, ya se emitieron órdenes de detención contra David Languidey y otros por la imputación de “atentado contra la salud pública”. Es un intento por parte del gobierno de terminar con las huelgas y las protestas del sector salud e imponer a la fuerza los decretos supremos 3091 y 3092, avanzando en barrer con la seguridad social.

LID: El gobierno afirma que es necesario avanzar en la creación de un Seguro Único de Salud para garantizar una mejora en las prestaciones de salud para todo el pueblo boliviano y esa sería la finalidad de los mencionados decretos supremos y de la Ley 922.

JF: El DS 3091 crea la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud que debe regular y fiscalizar todos los subsectores que componen el sistema de salud nacional, como ser la salud pública, el seguro de corto plazo y sector privado, y el DS 3092, establece en su único artículo la libre afiliación y desafiliación de las entidades públicas y privadas a los seguros de corto plazo, buscando de esta manera migrar al sector público y desde ahí ir debilitando las cajas de salud en beneficio de la salud pública. Los decretos son eminentemente políticos ya que no existe ningún estudio técnico financiero que permita establecer de donde van a salir los recursos no solo para la Autoridad recientemente creada sino incluso para determinar con qué recursos se mejoraría las prestaciones de salud. Esta improvisación se puede observar en el DS 3091, que por ejemplo no sabe de dónde saldrá el financiamiento para esta repartición, y si me permites leer tal cual está en el Decreto, que en su artículo 11 afirma que se financiará “por: a) Tesoro General de la Nación, de acuerdo a su disponibilidad financiera y b) otras fuentes de financiamiento”, como vemos, si no hay disponibilidad financiera se verá con “otras fuentes”, ¿cuáles? ni una sola pista para orientarse. La ley 922 lo que hace es elevar a este rango al DS 3092.

LID: Cuál es el peligro para la seguridad social de la política del actual gobierno?

JF: el actual sistema de seguridad social a corto plazo cubre a menos de un 30% de la población, ya que la misma se financia en su mayor parte con el aporte de los trabajadores asalariados. Como ya es conocido los servicios y la manera en que se prestan los mismos por parte de la Caja Nacional de Salud (CNS) y otras no es buena y existe un permanente reclamo por los tiempos en que se entregan los turnos para consultas médicas o incluso para recibir las prestaciones y servicios necesarios, que incluso pueden llegar a demorar semanas y hasta meses, sin embargo, el gobierno de Evo Morales busca absorber los aportes de los diversos seguros para avanzar en la formación de un Seguro Único de Salud para el 100% de la población pero sin determinar cuál va a ser la fuente de financiamiento que garantice este sistema único. Si no hay financiamiento lo que vamos a tener es el colapso definitivo del sistema de seguridad social en el país.

LID: ¿Qué sucede con los recursos actualmente y por qué las prestaciones no son buenas si los trabajadores aportan regularmente a estas cajas?

JF: Durante décadas los fondos de la seguridad social a corto y largo plazo han sido utilizados por los diversos gobiernos para financiar otras áreas y gastos corrientes del funcionamiento del Estado. Así por ejemplo el Estado tenía una deuda millonaria con la Caja Nacional de Salud, deuda que nuca fue cubierta e incluso esto fue licuado mediante diversas resoluciones administrativas. Por otro lado en el gobierno de Sánchez de Losada en los años 90, se terminó con el régimen de reparto en el sistema de seguridad social a largo plazo, y se instituyó un sistema basado en la capitalización individual para jubilaciones y pensiones. El gobierno del MAS ha mantenido en la ley 065 de pensiones este espíritu neoliberal, e incluso ha determinado financiar con los aportes de los trabajadores los negocios de la Cámara Agropecuaria del Oriente, quienes reciben estos aportes para actividades productivas. Todo el país conoce quienes son estos agroindustriales que no solo tuvieron actitudes anti obreras y anti populares durante los últimos años, financiando a grupos semi-fascistas como la Juventud Cruceñista, sino que ya tienen antecedentes de no cancelar sus deudas como sucedió con la quiebra del banco agrario. Mientras el MAS le mete la mano al bolsillo de los trabajadores, protege y defiende los intereses empresariales y de los terratenientes entregándoles nuestros aportes. Nada bueno puede salir de una política en materia de seguridad social que solo busca proteger el negocio privado y extender la seguridad social sin extender los recursos financieros.

LID: ¿Desea agregar algo más?

JF: Es urgente exigir un genuino plan de lucha a la COB y a las diversas organizaciones sindicales para impedir la criminalización de la protesta social que con la acción popular presentada por el “Defensor del Pueblo” ha pegado un salto peligroso. Los dirigentes han anunciado movilización y medidas de fuerza, pero sin fecha y sin un plan de acción serio. Es necesario que exijamos un plan de lucha verdaderamente combativo y para ello es necesario que el mismo sea elaborado en asambleas de base, ampliados sectoriales y regionales que permitan mostrar la fuerza de las y los trabajadores. La conformación de un Comité Nacional de Huelga constituido por delegados elegidos en asambleas de base con carácter revocable y con mandato pueden ser una genuina garantía de lucha para impedir no solo la criminalización de la protesta social sino la destrucción del sistema de seguridad social en el país. Los trabajadores debemos empezar a discutir como establecer un verdadero sistema de salud para todos los trabajadores del campo y la ciudad, que brinde una atención de calidad integral, y esto solo puede lograrse estableciendo impuestos progresivos a las grandes fortunas, dejar de pagar la fraudulenta deuda externa contraída durante el banzerismo y que este gobierno se jacta de haber pagado religiosamente, y diversidad de medidas que permitan financiar genuinamente el sistema sin afectar a los trabajadores y sus conquistas.






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