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Jacqueline Santana y Bryan Reyes: dos meses de injusta prisión

Soledad Farfalla

Maestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase

Viernes 16 de enero de 2015 | Edición del día

México D.F., 15 de enero de 2015

Intento de desaparición forzada y fabricación de cargos

El pasado 15 de noviembre fueron levantados a unos metros de la delegación Venustiano Carranza en la Ciudad de México Jacqueline Selene Santana López de 22 años (estudiante de excelencia de la carrera de Economía en la Facultad de Estudios Superiores Aragón-UNAM) y Bryan Reyes Rodríguez (ex-preso político del 1º de diciembre de 2012, músico y maestro de flamenco).

Ambos fueron golpeados, amenazados y subidos a coches particulares en donde estuvieron secuestrados por horas, en las cuales se les interrogó sobre su práctica y relaciones políticas. Los jóvenes son activistas sociales que desde la música y el arte venían haciéndose parte de las acciones en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa, y anteriormente participaban en la solidaridad con la lucha del pueblo palestino.

Después de intentar desaparecerlos, Jacqueline y Bryan fueron acusados por la agente federal Lidia Zárate Herrera de robo a mano armada de $500. Pese a lo risible del cargo y la falta de evidencia concreta, hoy los jóvenes activistas cumplen dos meses de prisión.

Durante este periodo, Jacqueline realizó una huelga de hambre que inició el 20 de noviembre, misma que produjo un importante deterioro en su salud. De acuerdo a declaraciones de su madre “la huelga bajó sus defensas y provocó que Jacqueline sufriera una considerable infección en las vías urinarias”. Por su parte, Bryan Reyes inició su segunda huelga de hambre a partir del 1º de enero, a la que se sumaron 6 presos políticos de Puebla y el Distrito Federal.

Un proceso viciado

Desde que inició el proceso que mantiene presos a Jacqueline y Bryan, éste ha estado lleno de irregularidades, considerando en primer lugar que se inició después del fallido intento de desaparición forzada contra los jóvenes.

Al presentar a los jóvenes ante el Ministerio Público, no se les informó ni a ellos ni a sus familiares qué cargo se les imputaba. Fue después de tres horas que se les informó que eran acusados de robo a mano armada. Al día siguiente, antes de vencerse el plazo constitucional de 48 horas, ambos fueron trasladados, por atrás y sin avisar a sus familiares, a los reclusorios de Santa Martha Acatitla y Reclusorio Norte respectivamente.

Entre las pruebas que se han presentado en su contra están los testimonios de tres agentes federales. La defensa de Santana y Reyes afirma que estos carecen de valor probatorio, toda vez que dichos testimonios son idénticos, como si hubieran “copiado y pegado." Sergio Soto, parte de la defensa afirmó: "en materia penal esta figura es conocida como testigo sospechoso y no merecen credibilidad."

Después de ser ratificado el auto de formal prisión por el Juez 13º de procesos penales federales, el proceso de los jóvenes activistas se ha complicado. Pese a que son acusados de un cargo absurdo y poco creíble, Bryan y Jacqueline tendrán que permanecer en prisión hasta que una sentencia los absuelva.

Represión y criminalización contra la juventud

La lucha por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa provocó la emergencia de un gran movimiento democrático nacional, en las calles y con eco internacional, cuyas demandas han cuestionado y puesto en crisis al régimen político mexicano, sus partidos e instituciones.

Dentro de dicho movimiento es el sector juvenil-estudiantil uno de los que se ha destacado por su dinamismo y organización. Santana y Reyes son parte de los cientos de jóvenes que han sido violentados por el Estado y sus fuerzas represivas.

Al aumento del descontento social, le ha acompañado la avanzada de la represión y la criminalización de la protesta social y la juventud. En espacios como la Asamblea Interuniversitaria se han escuchado decenas de denuncias de acoso policiaco, “levantones”, amenazas y hostigamiento, ataques porriles, etc. contra el movimiento estudiantil.

Entre dichas denuncias están: los casos de Edith González y Anayeli Bautista, estudiantes universitarias desaparecidas y asesinadas en diciembre del año pasado. El secuestro de Manuel Esquer, estudiante de sociología la UAM-Xochimilco, quién fue liberado horas después en la ciudad de Toluca después de haber sido torturado y amenazado. La denuncia mediante redes sociales sobre la desaparición de Luis Daniel García Domínguez, estudiante de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN.

El día 12 de enero mediante un comunicado del Comité de Comunicación Social Politécnica, se dio a conocer la muerte de Luis Daniel, quién participaba activamente en las movilizaciones estudiantiles del Politécnico y en las convocadas por la presentación con vida de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero.







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