Géneros y Sexualidades

DERECHO A DECIDIR

Interpelan a la ministra que justificó 18 casos similares al de Lucía en Tucumán

Hace unos días, la Ministra de Salud de Tucumán, Rossana Beatriz Chahla, afirmó en el diario La Gaceta que "en 2018 tuvimos 18 casos 'Lucía' y pudimos resolver todos los temas". Además, sostuvo que "el problema es cuando se mediatiza. Porque cuando se hace muy público algo, es muy difícil intervenir". Las declaraciones de la funcionaria que responde al gobernador peronista Juan Manzur, rápidamente despertaron expresiones de repudio. Y no es para menos.

Sol Bajar

Editora de Géneros y sexualidades | @Sol_Bajar

Martes 5 de noviembre | 14:03

Lucía tenía 11 años cuando quedó embarazada producto de una violación. Ante su pedido de interrupción legal del embarazo (ILE), el Estado le negó acceder a este derecho. Para practicarle la ILE, el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), debió contratar a profesionales del sector privado.

"Todxs los del Hospital del Este se declararon objetores de conciencia. José Gijena y Cecilia Ousset, convocados por el gobierno provincial, luego fueron denunciados por sectores antiderecho, perseguidos por la justicia provincial y abandonados por el Siprosa", afirmaron desde ANDHES y CLADEM, dos organizaciones que desde entonces asisten a la familia de la niña, al recordar estos hechos.

Que el 7 de marzo pasado, la propia ministra Chahla fuera denunciada en el fuero penal, junto a la Directora del Hospital Eva Perón, Elizabeth Ávila; a la Jefa del Servicio de Ginecología, Tatiana Obeid Pedemonte; y al Secretario Médico del Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA), Gustavo Vigliocco, tiene que ver con eso: se trató, como sostienen las organizaciones solidarias con "Lucía" y su familia, de un nuevo caso de "incumplimiento de deberes de funcionario público".

Pero las declaraciones de las declaraciones de la ministra de Juan Manzur vienen a confirmar otra cosa: que desde las propias instituciones del Estado, se actúa con impunidad, en defensa de intereses reaccionarios, como los que defienden desde las cúpulas de las Iglesias, con fuerte peso en la provincia.

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"¿A qué se refiere la ministra cuando habla de 18 niñas como Lucía? ¿18 niñas fueron impedidas de acceder a sus derechos? ¿18 niñas fueron torturadas y obligadas a seguir con un embarazo? ¿Cuántas niñas menores de 14 años, en este último año, parieron en Tucumán? ¿Qué significa para la funcionaria que 18 casos se resolvieron? ¿Que se les permitió acceder a la Interrupción Legal del Embarazo? ¿Se siguieron los lineamientos del protocolo ILE?", interpelan desde ANDHES y CLADEM en una declaración que circula en las redes sociales, con cientos de firmas.

Como sostienen, en la provincia que Manzur declaró "pro-vida", no hay cifras oficiales sobre "cuántas niñas pudieron acceder a la interrupción legal del embarazo ni de cuántas niñas son obligadas a parir en Tucuman". "Aún esperamos que el Ministerio de Salud responda nuestro pedido de acceso a esa información que debería ser pública pero que se la oculta", cuentan.

Por su parte, otras organizaciones tucumanas, como Católicas por el derecho a Decidir, Mujeres x Mujeres y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Tucumán, responsabilizan "a quienes desde un lugar de poder violaron el derecho al aborto de ’Lucía’".

Bajo la carátula “Personal del Hospital Eva Perón y otros s/incumplimiento de deberes de funcionarios públicos”, la denuncia fue ingresada a la justicia con el expediente 14593/2019, y a ella adhirieron otras organizaciones que también reclaman justicia para la niña.

"El poder judicial tucumano se muestra renuente a investigar los hechos de violencia y de tortura a los que fue sometida ’Lucía’, y a la fecha no ha citado a declarar a los imputados y en cambio ha dado muestras de querer archivar la causa sin mayor trámite. (...) hemos incorporado a la causa la nota periodística de la Ministra como hecho nuevo, a fin de que se la cite a declarar sobre los mismos", informaron.

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Asimismo, destacaron que en el caso de "Lucía", al tratarse de funcionarios públicos, sus comportamientos se tradujeron en el incumplimiento de deberes que todo agente de salud debe garantizar al prestar servicios sanitarios: "deber de respetar la autonomía, deber de brindar información, deber de asegurar la asistencia sanitaria y deber de garantizar el trato digno y respetuoso, libre de violencias, que garantice el deber de resguardar la confidencialidad e intimidad en la atención de interrupción legal de embarazo".

Aunque en este caso la interrupción del embarazo se produjo,"la prestación se dilató casi un mes desde la primera manifestación de voluntad de La Niña, lo cual dejó al descubierto una trama institucional cruel que subordinó indebidamente el interés superior de la niña al servicio del desarrollo farmacológico de la vida intrauterina para así impedir un aborto y re-victimizarla una vez más".

El pasado 27 de septiembre pasado, en una Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado Argentino debió reconocer las violencias y la violación de los derechos que asistían a “Lucía” cuando fue sometida a la acción de grupos fundamentalistas, de funcionarios del Estado y del propio gobernador Juan Manzur, para impedir que accediera al aborto no punible.

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Las recientes declaraciones de la ministra tucumana, reconociendo que sólo en el año de la marea verde "tuvimos 18 casos ’Lucía’" en la provincia, ponen al descubierto una vez más el macabro grado de impunidad que protege la santa alianza de los gobernadores, funcionarios, jerarcas de las Iglesias y grupos fundamentalistas, a la vez que deja al descubierto la gravedad de la situación y la urgencia del reclamo que esa marea llevó a las calles de manera persistente: el reclamo de legalización inmediata de la interrupción voluntaria de los embarazos no deseados y el cumplimiento de los artículos del Código Penal que establecen la no punibilidad para los casos de violación, riesgo de vida y/o de salud de la persona gestante.

Como sostienen las organizaciones denunciantes "los cuerpos de las niñas, adolescentes y mujeres Tucumanas deben dejar de ser violentados con la complicidad clasista, patriarcal y racista de los Poderes del Estado". Para eso, más que nunca, es necesaria la más amplia organización y movilización en las calles, de manera independiente de todos estos sectores, que son los que actúan sobre los cuerpos y las vidas de millones de personas, impidiéndoles acceder a su derecho a decidir. Ese es único lenguaje que pueden entender los dinosaurios que cercenan nuestras demandas, obligando a parir, o a morir, a quienes no desean ser madres, por el motivo que sea.

"Ni una Lucía más": comunicado de organizaciones de mujeres de Tucumán by La Izquierda Diario on Scribd







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