Política Chile

CRISIS EN LA SALUD

Integración Vertical: el negocio de la salud al amparo del gobierno

La Superintendencia de Salud formalizará cargos contra tres Isapres por contar con ejecutivos que ejercen irregular y simultáneamente en grupos empresariales, Isapres y prestadores privados de salud. Paralelamente, el gobierno asume que no legislará en una reforma de salud y lo delegará a próximos gobiernos.

Raúl Gómez

Trabajador AP de Salud

Domingo 30 de julio | 08:09

A fines del 2016 se inició una investigación ordenada por Contraloría en la que el ente regulador, la Superintendencia de Salud, debía iniciar las investigaciones contra tres Isapres, Banmédica, Cruza Blanca y Masvida.

La acusación era la Integración Vertical en la que estarían incurriendo las instituciones mencionadas. Esto significa que los mismos grupos empresariales (financiadores) tienen participación en el directorio de Isapres (administradores de las cotizaciones de salud de los trabajadores) y, además, en las mesas directivas de clínicas, centros médicos y laboratorios (prestadores de servicios de salud privados).

De manera reservada, El Mercurio tuvo acceso a los documentos que revelarían los oficios firmados por la encargada de fiscalizar, la intendenta de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, Nydia Contardo.

En el Capítulo VI de las normas que regulan los procedimientos de los privados se hace referencia a que los miembros del directorio, consejo de administración, consejo directivo o entidad similar, la alta gerencia y los ejecutivos clave de las funciones de control de una institución de salud previsional, "en ningún caso podrán ejercer alguno de dichos roles, en forma simultánea, en prestadores de salud, ni tener injerencia en la administración de los mismos".

Las acusaciones apuntan a la duplicidad de roles varios ejecutivos. En primer lugar se apunta a Anita Fuenzalida y Roxana Arias, subgerente de contabilidad y subgerente de Servicios de Cumplimiento Tributario, respectivamente, de CSC Banmédica.

En el caso de Cruz Blanca están en la mira, Héctor Betancourt y Ricardo Muñoz, subgerentes de Contabilidad y de operaciones financieras del grupo empresarial Bupa Servicios Corporativos; que además mantienen contratos directamente con la Isapre en calidad de ejecutivos clave y, para rematar, juegan el mismo rol en las clínicas integradas a esta misma red vertical de la colusión en salud.

En el caso de Masvida, los cargos formulados se refieren a Erwin Sariego, que ejerció como gerente general de la Isapre y de Empresas Masvida bajo la anterior administración. Fue además director de diversos prestadores del grupo, “situación que le permitió consolidar y hacer uso de información privilegiada”, consigna el texto. La misma Isapre que ha requerido de garantías para salvar su deuda y a quienes se le han embargado propiedades por la demanda presentada por el banco BCI.

Desde el Estado existe una deuda de más de siete años con respecto a estos temas, recordando que el 2010 las isapres fueron declaradas como inconstitucionales al fijar los precios de los planes de sus afiliados según la determinación de grupos de personas según sexo y edad y la calidad de cotizante o carga. Lo que incluso atenta contra la lógica neoliberal de la libertad de elegir el sistema de salud, una libertad individual tan defendida por las bases mismas de nuestro sistema capitalista.

En la misma línea, tampoco se dio el debate parlamentario para aprobar la reforma a las Isapres que duerme como proyecto de ley desde los inicios de la Nueva Mayoría y ante lo cual la Ministra Carmen Castillo descartó algún posible avance al respecto. No se avergüenza al declarar que “No la vamos a ingresar. Todo el estudio que se hizo es un insumo importante que va a servir para el próximo gobierno, y esperamos que se considere en una reforma a la salud”.

Claramente, si "ha pasado tanta agua bajo el puente", la responsabilidad de regular por parte del gobierno no ha tenido efecto alguno, porque la casta gobernante hace parte de toda esta red de colusión y legisla a favor de esos intereses empresariales. Evidencia de esto es que las mismísimas Ministra y su Subsecretaria de salud, tan impúdicas como los acusados en estos casos, sacan réditos de la salud privada. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

La crisis de la salud pública, en pro del negocio privado de la salud, es una evidencia más del carácter pro empresarial y neoliberal de los gobiernos de turno, que dejan botada a su suerte la salud de los trabajadores y usuarios, que representan el 75% de la población.






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