Sociedad

TRIBUNA ABIERTA

Informe RAM: una estrategia negacionista más del Estado frente a sus obligaciones

Cómo ya planteamos en la primera entrega, la construcción del enemigo interno es una de las primeras estrategias del estado nación argentino con las poblaciones originarias, en el momento de su constitución como Estado.

Jorgelina Villareal

Licenciada en Antropología-Co directora del CEPINT- Investigadora y extensionista de la Universidad Nacional del Comahue. Secretaria Adjunta de ADUNC

Lunes 5 de marzo | 10:31

En ese momento histórico esa estrategia funcionó bien y estamos ante la presencia de un estado monocultural que se erige con éxito y que conforma una identidad nacional monolítica, que excluye a otras nacionalidades e identidades diferentes de aquella que se propone como identidad argentina deseada (blanca, occidental, heterosexual). Esta idea fue reforzada través de todos los aparatos ideológicos del Estado, con especial intensidad en los sucesivos periodos de dictaduras. Sin embargo a partir de la década del 90, y debido principalmente a los procesos de democratización en el Cono Sur y a consensos internacionales alcanzados en esa década y las anteriores, hubo una tendencia mundial que resultó en un aumento del reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas y tribales (fruto de la movilización y organización de estos). Esto tuvo como consecuencia la existencia de un marco de derechos a garantizar que los estados suscriptores (como Argentina) deben cumplir (en nuestro caso, la incorporación del convenio 169 de la OIT a la Constitución Nacional, y las leyes que de ellos se desprendieron fueron decisivas).

En este contexto, y a partir de la derechización del Estado que analizábamos en la nota anterior (a partir de estar gobernados por sectores oligárquicos descendientes directos de quienes encabezaron los procesos de expansión del territorio nacional, responsables del genocidio de las poblaciones indígenas, así como también por aquellos con participación directa en las dictaduras) el informe sobre la RAM (Resistencia Ancestral Mapuce), elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en conjunto con las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén y hecho público en diciembre de 2017; junto con el anuncio de la creación de un "Comando Unificado contra la violencia de la RAM" (con participación de los mismos actores), no solo constituye una forma de criminalización del Pueblo Mapuce, y de justificación del avance represivo del Estado, en defensa de esos intereses oligárquicos y de grupos transnacionales de concentración de capital; sino también como una forma de justificación a nivel nacional, pero también internacional, del incumplimiento sistemático que el estado Argentino viene haciendo de toda la normativa internacional con rango Constitucional y leyes nacionales que tienen vigencia en Argentina.

En este sentido, muchos incumplimientos que antes se hacían "por omisión" al convertir las leyes en letra muerta, ahora se estarían haciendo "por acción", en una suerte de "contraataque" del Estado Argentino hacia la capacidad organizativa y reivindicativa del Pueblo Mapuce, reviviendo la figura del "enemigo interno", calificando a las organizaciones mapuce de "etnonacionalistas" y "terroristas"; y sembrando la idea de la existencia de "mapuce buenos" que reconocen el Estado, y "mapuce malos" que están contra la propiedad privada y no lo reconocen. Cuando, en realidad, las formas comunitarias de propiedad están presentes en toda la normativa internacional, y el Estado ha frenado por años la sanción de una ley que permita reconocer títulos de propiedad colectivos a todas las comunidades pertenecientes a los más de 30 pueblos indígenas registrados en Argentina.

Que el Estado es el primero en incumplir sus leyes no es una novedad, el cambio radica en esta estrategia mediática que busca instalar en la opinión pública la idea de un "mapuce peligroso" o "del peligro mapuce" del cual el Estado utilizando todo su poder represivo debe proteger a la ciudadanía (ciudadanía pensada desde una identidad monolítica, blanca, no migrante, occidental, de clase por lo menos media, y que no cuestiona el papel garante de los privilegios de clase que cumple el Estado). También, considero que es una forma de cubrirse ante los numerosos llamados de atención de los organismos internacionales (como la Corte Interamericana de DDHH) que están constantemente emitiendo recomendaciones frente a estos incumplimientos y violaciones.

Del informe en sí, solo se puede decir que sin fundamento, o presentación de evidencia judicial se expone un montón de información inconexa para construir justamente esta idea de red, de grupos organizados, criminalizando no solo al Pueblo Mapuce sino también a todos aquellos actores o movimientos sociales que manifiestan su apoyo, apostando al disciplinamiento social, en un contexto cada vez más represivo y de violación de derechos a toda la ciudadanía. En este sentido, tiene relevancia mencionar que muchos de los procesos judiciales que se brindan como ejemplos y que han sido llevados a cabo por el Estado chileno, en la actualidad ya han sido desestimados por carencia de pruebas, o por presentación de pruebas falsas, inventadas por los propios carabineros. Un ejemplo de ello es la llamada "Operación Huracán" que justamente a partir de febrero de 2018, es de público conocimiento que fue montada por los servicios de inteligencia chilenos para sostener falsas acusaciones contra el Pueblo Mapuce y justificar la represión y el avance contra los territorios.

En el contexto local, un caso emblemático en este sentido es del juicio de extradición de Facundo Jones Huala, que de forma completamente anticonstitucional pretende convertirse en un "juicio ejemplificador", para demostrar lo que ocurre con todo aquel que hace frente, se organiza y pelea por sus derechos (sea mapuce, trabajador, desocupado, jubilado). Es también si queremos analizarlo en detalle, la muestra más clara de que al Estado no le interesan las leyes, ni la constitucionalidad de sus actos, y que estamos en este momento en un "estado de excepción" constante. El hecho de que por un mismo pedido de extradición se esté juzgando a una persona dos veces, el hecho que el proceso anterior se haya desestimado por falta de pruebas, que en el proceso actual esa falta de pruebas y de testigos continúe; que en Chile todos los procesados por el caso que se solicita la extradición de Huala hayan quedado libres por falta de merito (y que los jueces estén en conocimiento de esto); permite afirmar que la intencionalidad de todo este proceso es política, y que busca disciplinar a lxs actores sociales, mostrar cuáles son las consecuencias de las acciones de resistencia y prevenir nuevos focos; de ahí su carácter "aleccionador".

En relación a cómo afectaría todo este proceso a la lucha mapuce, creo que a la larga se va a ver beneficiada, primero por la situación que mencionaba con anterioridad respecto de la falta de pruebas y de lo acontecido con los otros acusados en el caso que por el cual se solicita la extradición de Huala, lo que en algún punto va a terminar resultando en la libertad del mismo. Asimismo, considero que en el tiempo que lleva detenido se ha utilizado la figura de Huala para demonizar y apuntalar la idea del enemigo interno a la que me refería con anterioridad... pero que al mismo tiempo y a raíz de hechos lamentables como las muertes de Santiago Maldonado primero y de Rafael Nahuel después, teniendo como responsables a la Gendarmería y la Prefectura respectivamente, y en directa vinculación con el Ministerio de Seguridad de la Nación; así como el repudiable accionar de las fuerzas de seguridad en las jornadas del 14 y 18 de diciembre pasado, el gobierno ha ido mostrando clara y públicamente su carácter represivo y violatorio del estado de derecho; su connivencia con el poder judicial, el desprecio por un amplio sector de la ciudadanía; y que de esta forma estas construcciones de sentido común que busca construir en la opinión pública una a una van cayendo, con un alto costo para su imagen y sin afectar la capacidad organizativa de los grupos y movimientos sociales en general, que siguen aún movilizados y sin hacerse eco de la intención disciplinadora del gobierno. De esta forma, en el largo plazo y a medida que se va desenmascarando el accionar del gobierno, la articulación de las resistencias, tanto del Pueblo Mapuce como de los otros sectores que resisten la pérdida de derechos adquiridos, aumenta e incluso sale fortalecida de todos estos procesos.

*Licenciada en Antropología, Especialista en Investigación Educativa, doctoranda en Educación. Co directora del Centro de Educación Popular e Interculturalidad (CEPINT) de la Facultad de Ciencias de la Educación. Docente de la Especialización en Educación y Estudios Interculturales de Géneros y Sexualidades y de las cátedras de Metodología de la Investigación Social y Educativa y Antropología Social y de la Educación. Investigadora y extensionista de la Universidad Nacional del Comahue. Secretaria Adjunta de ADUNC.







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