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Indignante el feminicidio de Mara y la infame respuesta del gobierno

El gobernador Tony Gali confirmó ayer el hallazgo sin vida de Mara Castilla y en menos de 24 horas busca dar carpetazo, mientras celebra el aumento de la militarización de Puebla.

Sandra Romero

México | @tklibera

Viernes 15 de septiembre | Edición del día

La muerte de Mara Castilla se confirmó el 15 de septiembre, luego de un cateo realizado por autoridades de Puebla y Tlaxcala a la casa del taxista de la empresa Cabify, Ricardo Alexis N., ubicada en Santa Ursula Zimantepec, en Tlaxcala, donde fueron encontrados objetos y ropa de la joven.

En conferencia de prensa, la Fiscalía del estado de Puebla informó que Mara abordó el taxi el 8 de septiembre, aunque al llegar a su domicilio no descendió, el chofer quien había declarado voluntariamente que la joven bajó del mismo cerca de su casa, la llevó al Hotel Del Sur, en la ciudad de Puebla, donde ingresó el taxi y permanecieron casi dos horas, que luego el chofer se dirigió por Periférico hacia la autopista México-Puebla y regresó a la ciudad. El día de hoy fue localizado el cuerpo de Mara, envuelto en una sábana, aunque las autoridades no informaron exactamente en dónde fue el hallazgo.

Desde la desaparición de Mara, el gobierno de Puebla, a través de la Fiscalía General del Estado, mantuvo comunicación con los medios sobre las investigaciones para dar con la joven estudiante de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP). Esta aparente disposición responde a la indignación nacional que ha causado el caso y al alarmante aumento del feminicidio en la entidad, 87 casos en 2016, 59 en lo que va del 2017. El gobernador panista, Tony Gali, es continuador de la reaccionaria gubernatura de Moreno Valle, quien destacó por su corrupción y espionaje político, mientras el estado se convertía en uno de los primeros en feminicidios del país.

Para la Fiscalía de Puebla, informar el hallazgo del cuerpo de Mara y la detención del responsable basta para desviar su responsabilidad real en la violencia y el feminicidio. Pero como ocurre en todos los casos, fue la familia de Mara quien presionó a las autoridades a iniciar la investigación sobre el taxista e insistir que podría ser víctima de trata.

Tony Gali ha dado condolencias a la familia y asegura que el chofer Ricardo Alexis N. recibirá el castigo por el homicidio: https://twitter.com/TonyGali/status/908776659880480768/photo/1

Asimismo promete que se revisará los "estándares de seguridad de la empresa Cabify México: https://twitter.com/TonyGali/status/908793583175643137

Pero el verdadero peso de la ley no recae sólo en el chofer que secuestró a Mara, su caso, como el de miles de mujeres en México, no es aislado. La madre de la joven ya denunciaba que pudo ser víctima de una red de trata y empresas como Cabify no instalan servicios de transporte privado sin ninguna seguridad si el gobierno no se los permite. Pero el transporte está vinculado a la corrupción y falta de regulación en Puebla como en casi todo el país.

Para el gobierno todo se reduce a la detención de un sujeto responsable de secuestro y feminicidio, ahora en proceso. Mientras para la Fiscalía de Tlaxcala, complaciente en que este estado sea punto de referencia mundial en trata de personas, todo se reduce en liberar de responsabilidad por "una más" al Fiscal, Tito Cervantes Zepeda, señalado como uno de los hombres más ricos de Tlaxcala. Indignan las declaraciones de Cervantes, sobre que el cateo al domicilio de Santa Úrsula Zimatepec basta para indicar que Mara no estaba en el estado y no era víctima de trata.

Contra la naturalización del feminicidio, debemos salir a las calles a repudiar el crimen de Mara, exigir justicia para ella pasa por el castigo a las autoridades responsables de la extensión del problema en Puebla, con al menos 180 casos más desde 2016.

En entrevista radial con Ciro Gómez, Tony Gali lamentó la muerte de Mara y celebró el aumento de la militarización del estado, bajo la misma óptica de "seguridad" que ha impulsado el régimen por más de una década, ahora con la inversión de 9.000 millones de pesos inicia la construcción de la Industria Militar en Puebla, sinónimo de "desarrollo de la región" para el gobernador. Así el gobierno panista de Puebla usa el feminicidio de Mara para avalar la militarización, una de las causantes de la violencia indiscriminada, las ejecuciones, desapariciones y violaciones a los derechos humanos en este país.

Luchar por justicia para Mara también pasa por repudiar la militarización del Estado y exigir que los recursos destinados a ésta se pongan a disposición de las víctimas del terremoto, que permanecen en las calles, sin techo.








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