Política

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Imputaron a Rodríguez Larreta y a un angelicista puro

El fiscal federal Franco Picardi imputó al jefe de Gobierno porteño y al ministro de Seguridad Martín Ocampo por la creación de un registro en la Ciudad, símil de la Inspección General de Justicia.

Julián Maradeo

Periodista

Miércoles 14 de diciembre de 2016 | 08:34

El fiscal federal Franco Picardi imputó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y al ministro de Seguridad, el angelicista Martín Ocampo, por la creación del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad de Buenos Aires, símil de la Inspección General de Justicia de la Nación.

Cabe señalar, como ya se informó en este medio, que por medio del decreto 195 de Rodríguez Larreta (emitido en marzo de este año) había nombrado como director a Hernán Emilio Najenson, exasesor del Instituto Provincial de Loterías y Casinos bonaerense y voluntario de Boca Social.

Iniciada por Ernesto Tricarico, integrante del Centro de Estudios para la Transparencia (Ceptra), la causa fue impulsada por el mencionado fiscal, quien en el escrito denunció a Najenson por aceptar “la designación efectuada por el mencionado decreto como Director del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que habría cometido el delito de usurpación de autoridad previsto en el artículo 246, incisos 1 y 3 del Código de fondo”.

Por otra parte, Picardi indicó que la Inspección General de Justicia “constituye un recurso estratégico de la política económica del Estado Nacional”, que además “tiene competencias federales que no tiene otros registros provinciales” así como “la responsabilidad de certificación y control de empresas argentino brasileñas”.

Najenson, según su magro currículum en la red social Linkedin, es socio fundador del estudio Spota-Najenson. También fue, entre 2009 y 2016, asesor de una oficina de nombre aparatoso: la de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Allí, desde diciembre, Angelici tiene a uno de su riñón como secretario ejecutivo, el politólogo Fernando Rovello, cuyo poder se acrecentó tras la salida de Eugenio López Melitón.

A su vez, aparte de integrar el equipo del excoordinador Marcelo Stubrin, Najenson se jactó de crear la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos del sector de juegos de Azar de la Asociación de Loterías Estatales de la Argentina.

Y un dato se torna indisimulable: Najenson se presenta como voluntario en la Fundación Boca Social, que tiene al frente a Enzo Pagani, actual presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, y a María Inés Belloni, esposa de Angelici.

Un poco de historia

En 2008 la Legislatura porteña creó este organismo, cuya facultad sería la del registro de sociedades comerciales y la fiscalización no sólo de las locales sino también de “las constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Un año después, la justicia de primera instancia en lo Comercial hizo lugar a una medida cautelar requerida por la Fiscalía General en lo Comercial, disponiendo la suspensión de la ley 2.875.

En 2011, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó esa decisión enfatizando, entre otras razones, la inseguridad jurídica que podría generar la duplicación de registros societarios operando en una misma jurisdicción, la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa oficial quedó congelada hasta que Macri llegó a la Casa Rosada.

A comienzos de este año, sugestivamente, la jueza subrogante en lo Contencioso Administrativo Federal Macarena Marra Giménez convalidó el pedido del Gobierno de la Ciudad, motivo por el cual hizo lugar a la excepción de falta legitimación solicitada, rechazando las atribuciones de la fiscalía para presentarse en la causa, sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo.

De esta manera todo quedó apto para avanzar en el sentido pretendido por el macrismo. Giménez, que llegó siendo secretaria de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital, se encuentra ternada a la espera de la designación del Poder Ejecutivo Nacional.

Acto seguido, la fiscal general Gabriela Boquín recusó a la jueza, al considerar como un “absurdo la petición del GCBA ya que requiere o pretende que la jueza de grado revoque una sentencia de Cámara, esto es, aquella que dejó firme la medida de no innovar respecto a la puesta en marcha de la ley 2.875”.

En esa ocasión, en medio de las filtraciones de los documentos del buffet Mossack-Fonseca, conocido como Panama Papers, Boquín puso el foco sobre el riesgo que conllevaba la constitución de un ente de estas características: “Lamentablemente pareciera que el escándalo de la utilización de las sociedades offshore genera una urgencia en el GCBA para fijar criterios de registración y control de las sociedades que hoy son fiscalizadas e inscriptas por la IGJ -organismo bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación- que ya cuenta con normas rigurosas para las sociedades constituidas extranjeras y en especial en las que lo son en paraísos fiscales desde el año 2003”.







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