Política

DESAPARICIÓN Y ENCUBRIMIENTO

Impunidad: el cuestionado fiscal Martínez seguirá “investigando” la desaparición de Facundo

Dándole la espalda a los fundamentos de la familia del joven y de la Comisión por la Memoria, la jueza María Marrón rechazó el pedido de recusación. El funcionario progenocidas y aliado de la Bonaerense sigue al frente de la causa.

Daniel Satur

@saturnetroc

Miércoles 29 de julio | 23:11

Fiscal Ulpiano Martínez y jueza María Gabriela Marrón

En este sitio se publicó hace una semana un detallado recorrido por la carrera judicial del actual fiscal federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez. Un verdadero prontuario. Por eso, apenas la familia de Facundo Astudillo Castro se enteró de que su denuncia por “desaparición forzada” había caído en manos de la Fiscalía Federal 1 de esa ciudad bonaerense, pidió su apartamiento.

En el mundo de las casualidades podría parecer normal que, un día antes de la marcha en Pedro Luro a tres meses de la desaparición de Facundo, la jueza María Gabriela Marrón haya rechazado el pedido de apartamiento de la causa por “desaparición forzada” del fiscal Ulpiano Martínez. Sobre todo cuando nadie sospechaba que ese fallo fuera a producirse antes del fin de semana.

Tras recibir el martes 21 de julio el pedido formal de recusación del fiscal por “temores fundados o sospechas legítimas de parcialidad”, la titular del Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca convocó a una audiencia por Zoom para escuchar a las partes el viernes 24.

Allí participaron la propia magistrada, el recusado Martínez, Cristina Castro y sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto y las abogadas de la Comisión Provincial por la Memoria Margarita Jarque y Carla Ocampo Pilla (querella institucional).

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Cuestionado al por mayor

Primero Martínez había entregado a la jueza un listado en el que enumeraba todo lo mucho que, según él, llevaba hecho en la causa. El viernes, en su descargo oral, se dedicó a confrontar con los abogados de la familia de Facundo. Incluso llegó a pedirle a la jueza que comunique al Colegio de Abogados las conductas "agraviantes" hacia él y se los sancione y multe por "injurias".

Sobre las acusaciones de ser un funcionario que siempre benefició a genocidas, dijo que corresponden a “otros momentos” de su carrera judicial, “habiéndose superado las cuestiones del pasado” al ser designado como fiscal en 2018. Un provocador.

Después de hablar, el fiscal recibió las respuestas de todas y todos. Primero los doctores Aparicio y Peretto ratificaron que lo primero que hizo Martínez al recibir la denuncia por desaparición forzada fue llamar al superintendente de la Región Sur de la Bonaerense, Aldo Caminada, para ponerlo al tanto.

También denunciaron que desde la Fiscalía se filtró a la prensa un testimonio que la querella terminó conociendo muchos días después y que se hizo de todo para obstaculizar la investigación. Entre otras cosas pusieron el ejemplo de que desde esa sede judicial le sugirieron a la madre de Facundo que nombre a otros abogados.

Y a lo anterior sumaron el hecho grave de haber expuesto a Cristina Castro ante policías de la Bonaerense mientras ella y su abogado Peretto acudían a un llamado por el supuesto hallazgo de restos óseos incinerados en un basural de Mayor Buratovich.

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Desde la Comisión Provincial por la Memoria se adhirió a lo dicho por la querella particular y se agregó que la sospecha de la parcialidad del fiscal se sustenta suficientemente en la total pérdida de confianza de las víctimas en él y en el descreimiento en que Martínez esté siendo objetivo en la “investigación”.

Las palabras de Cristina cerrarían el cuadro acusatorio. Por un lado, apoyó completamente a sus abogados. Por otro, dijo sentirse "desprotegida" por el fiscal, quien llegó al extremo de ausentarse de un cita prefijada con ella en la propia Fiscalía, haciéndola viajar 130 kilómetros infructuosamente.

La madre de Facundo recordó también que ella y sus abogados se enteran de las novedades y de la prueba por los medios. Y acusó a Martínez de no ser “apto” para el ejercicio del rol que tiene. Por eso le pidió a la jueza, como madre y querellante, que no deje seguir al fiscal en la causa.

La jueza dio por cerrada la audiencia pidiéndoles a las partes que le dieran unos días para resolver. Cuatro días después (este martes) le pidió a la Fiscalía que le remitan todo el expediente para verlo y devolverlo a las 24 horas.

Pero antes de cumplir ese plazo, seguramente sin siquiera husmear sobre las casi mil fojas que tiene el expediente, la magistrada emitió un fallo de 62 páginas plagado de citas jurisprudenciales y definiciones que parecen ni haber registrado lo dicho por las querellas.

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Un aplauso para el fiscal

“Corresponde rechazar –por improcedente- la recusación” del fiscal Martínez, dice la jueza Marrón, ya que “no advierte ninguna irregularidad en la actuación” del funcionario. Es más, asegura que “la investigación desplegada –desde el inicio, a la actualidad- se ajusta a los parámetros para interpretar el concepto de investigación eficaz”.

Marrón afirma que seguramente Martínez acudió al Jefe de Policía Aldo Caminada porque estaba promoviendo “la actuación de asuntos internos del Ministerio de Seguridad” bonaerense y no por otra cosa.

Asegura que el fiscal “acogió favorablemente las medidas probatorias propuestas por las querellas, notificándoselas con anticipación para que puedan presenciar y controlar los procedimientos”. Nada que ver con lo que dicen las querellas.

Para ella “no hubo demora alguna en el procedimiento, trabajando continuadamente días y horas hábiles e inhábiles”, por lo cual “estamos en presencia de una investigación eficaz, en términos de los estándares internacionales imperantes”. Es más, su señoría está convencida de que “no se avizora una actuación maliciosa, irresponsable, ni de mala fe”.

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Por si fuera poco, la jueza coincidió con Ulpiano Martínez “en cuanto a la impertinencia de la cita de antecedentes que se hace en la presentación de la querella particular”. Se refería a la larga trayectoria del funcionario actuando en favor de dictadores, secuestradores, torturadores y desaparecedores.

El mensaje final es para la madre y la familia de Facundo: “que a la víctima no le dé confianza, o no le guste el representante del Ministerio Público, es una cuestión subjetiva”. Luego, dirigiéndose directamente a Cristina: “le puedo decir que hasta ahora el fiscal ha cumplido con su deber” y “la investigación no presenta ninguna irregularidad, es correcta”.

Cumplido su deber de bancar al señor Martínez, el “premio consuelo” de la jueza Marrón a las querellas fue no hacer lugar al pedido del fiscal federal de pedir sanción y multas a los abogados Aparicio y Peretto. Hubiera sido demasiado. Dijo que las expresiones de los letrados “no constituyen injurias o agravios personales”. De todas formas los exhortó “a guardar las formas y el decoro en sus sucesivas presentaciones”.

Consultados por este diario tras el fallo de la jueza, tanto la familia de Facundo como la Comisión Provincial por la Memoria consideraron que la permanencia de Ulpiano Martínez al frente de la causa sigue siendo perniciosa para obtener algo de verdad y justicia.

“Nosotros vamos a seguir planteando lo mismo contra este señor. Pero no vamos a dejar de hacer lo que hacemos para que la causa avance. Sobre este rechazo de la jueza, seguro que apelaremos o lo volveremos a recusar con nuevos elementos, veremos qué acciones tomar”, dijo el abogado Leandro Aparicio a La Izquierda Diario.

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