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Impasse en la negociación entre el ELN y el Gobierno colombiano

El Gobierno de Juan Manuel Santos suspendió el inicio de la quinta ronda de reuniones con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) que debía comenzar estos días en Quito, Ecuador, según el diálogo que se desarrolla desde febrero de 2017, y es acompañado por un Cese del Fuego Bilateral, Temporal y Nacional (CFBTN) pactado entre ambas partes.

Sábado 13 de enero | 12:39

El Gobierno tomó esa medida como respuesta a algunos incidentes adjudicados a esta organización en los que murieron un soldado y dos policías. Gustavo Bell, jefe de la delegación oficial, declaró que ““Deploramos que, a pesar del clamor de la comunidad nacional e internacional y nuestra disposición expresa por mantener y prorrogar el cese del fuego, el ELN haya optado por reanudar sus acciones ofensivas.” Al mismo tiempo reiteró “su voluntad de reactivar el cese del fuego y negociar uno nuevo”.

Por su parte, un comunicado de esta guerrilla reafirmó que “La mesa dio un salto cualitativo al desarrollar las conversaciones en medio de un cese, por lo que nos mantenemos en la decisión expresada de darle continuidad a este logro pactando un nuevo cese bilateral, que supere las dificultades del anterior”.

Las Naciones Unidas, la Unión Europea y los países garantes de los diálogos (Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela) pidieron la reanudación del diálogo. También se sumaron al reclamo diversas organizaciones sociales y fuerzas políticas.

En los días previos, la fuerza guerrillera había pedido, como expresó uno de sus representantes en Quito, Bernardo Téllez, un acuerdo superior al cese del fuego existente, y protestó por incumplimientos oficiales como la presión de fuerzas militares en zonas donde actúa. También denunció el asesinato de decenas de luchadores sociales y de los Derechos humanos a manos del paramilitarismo, una constante que sigue prácticamente impune a pesar de las promesas oficiales.

También suscitan recelo en la guerrilla los resultados efectivos del Acuerdo final sellado con las FARC. Varios de los puntos y garantías pactados con la ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) son retaceados o incumplidos por el gobierno, lo que dificulta la “reinserción” de los ex combatientes farianos concentrados en diversas áreas del país y amenaza con la desintegración de sus filas, mientras que unos mil presos de esta fuerza siguen sin ser liberados, pese a los acuerdos firmados.

La negociación con el ELN, que es la segunda organización guerrillera, con importante presencia en departamentos como Chocó, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Arauca, es complementaria a la “pacificación” acordada con la FARC. La misma resultó en el desarme y desmovilización de esta fuerza, bajo supervisión de Naciones Unidas, y su transformación en partido legal.

Si bien, el proceso parece irreversible, uno de los temas más graves que enturbia el “posconflicto” es el accionar sistemático de grupos paramilitares y sicarios contra dirigentes sindicales y de los movimientos sociales en medio de una escandalosa impunidad, mientras crece la presencia represiva en las zonas de tradicional influencia guerrillera donde entraron las fuerzas del Estado. La preocupación por las tensiones en la implementación de los Acuerdos está en la agenda que viene a discutir el Secretario Gral. De las Naciones unidas, Antonio Guterres, con el presidente Santos en su vista a Bogotá iniciada hoy sábado 13. De hecho, las fricciones entre gobierno y ELN se enmarcan en el complejo “juego de ajedrez” de cara a esa visita. . ¿Tras su visita se asistirá a promesas de “relanzamiento” del diálogo y nuevos anuncios de “avance” en el proceso de “pacificación” nacional?

El impasse con el ELN se da en pleno proceso electoral, pues el 11 de marzo se realizan elecciones legislativas y el 27 de mayo las presidenciales. El escenario es el comienzo del “posconflicto” en medio de fuertes tensiones económicas, sociales y políticas, ya que el gobierno de Santos continúa aplicando medidas de ajuste y represión contra los trabajadores y el pueblo que están generando un amplio descontento, como mostró el reciente paro regional en Urabá, mientras que la crisis de los partidos políticos tradicionales se expresa en su descrédito y dispersión.

El tema de los “acuerdos de paz” sigue agitando las aguas del debate político en la campaña de cara a los cercanos comicios legislativos mientras se busca definir candidaturas de cara a las presidenciales en las grandes franjas del arco político legal: la derecha uribista y conservadora es agria crítica de los acuerdos; a la derecha liberal cercana a Santos no la han servido hasta ahora como “capital político” en la medida que esperaba; la centroizquierda e izquierda reformista no ha logrado concretar una “amplia coalición por la paz”, que fuera la “pata izquierda” del proyecto de pacificación inaugurado pro Santos y la burguesía liberal.

Por ahora, mientras las FARC presentan candidaturas propias en varios departamentos, se está formando una coalición en torno a la llamada “Lista de la Decencia” al Senado, integrada por la centroizquierda de Clara López, Gustavo Petro y otros, además del Partido Comunista de Colombia. La “paz” de Santos, entre tanto, muestra su verdadero rostro en la continuidad de la represión, el paramilitarismo, la corrupción, la entrega de los recursos naturales y una política económica a medida de los empresarios, los terratenientes y las transnacionales.






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