Géneros y Sexualidades

PARIDAD EN SOCIEDADES CIVILES

¿Igualdad o techo para las mujeres?

La resolución general 34/2020 fue publicada en el Boletín oficial el jueves 6 agosto. La norma establece que las sociedades civiles deberán tener una composición paritaria de géneros. ¿Una política para la igualdad?

Celeste Murillo

@rompe_teclas

Jueves 6 de agosto | 12:22

Imagen: casarosada.gob.ar

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, anunció el miércoles 5 la resolución general de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre la conformación de sociedades.

La ministra presentó la medida como, “un gran avance para reducir las brechas de desigualdad en el mundo del trabajo y de las empresas”. Comparó la norma con la ley de paridad de género en los cargos políticos y el cupo sindical que, según la ministra, “colaboran con la consolidación de una sociedad más justa y más igualitaria”.

Qué dice la resolución

La resolución general 34/2020 dice buscar que se incorpore la perspectiva de género en los directorios de las asociaciones civiles. Sostiene que desde el organismo, “se ha procurado y seguiremos procurando, a través de las llamadas medidas positivas, efectuar un aporte que contribuya a desmontar las desigualdades reinantes con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzar la igualdad real (...) que tiendan a garantizar la diversidad de géneros e identidades, y la paridad efectiva entre mujeres y varones”.

Cuando vamos a los artículos, el 1º indica que los órganos de administración deberán estar integrados por, “la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos. Cuando la cantidad de miembros a cubrir fuera de número impar, el órgano deberá integrarse de forma mixta, con un mínimo de un tercio de miembros femeninos”.

En los hechos, este artículo promueve un techo de la participación de las mujeres, al indicar un máximo en los órganos de administración. Las leyes llamadas de acción afirmativa o positiva buscan eliminar obstáculos para la participación de grupos oprimidos por su género, su etnia o su origen. Los obstáculos que buscan eliminar las leyes de cupo o paridad están apoyados en prejuicios machistas, racistas o xenófobos.

Los espacios públicos, como la política o los lugares de decisión en las empresas o asociaciones, son masculinos por definición. Por eso, los varones no necesitan medidas que garanticen su participación, ningún varón será excluido por su género. Ninguna lista electoral necesita un cupo masculino, tampoco los directorios de las empresas, incluso en ámbitos menos exclusivos, ningún varón necesita una ley que aliente su participacón en la comisión directiva de un club de barrio o una comisión interna.

No es lo mismo

Muchas veces se confunde alentar la participación de las mujeres y otros grupos oprimidos con estipular una composición paritaria de género. Ninguna ley de cupo elimna la discriminación, pero intenta igualar las condicionespara que los grupos oprimidos accedan a esos lugares que, por los prejuicios existentes, no accederían. Pero esto se logra garantizando que como mínimo, los miembros sean mujeres y personas LGBT, no obligando a una asociación deba tener igual cantidad de varones y mujeres.

Existió un debate similar cuando se votó la ley de paridad de género en el Congreso en 2017. El 50% en las listas, ¿debía ser el techo o el piso? La ley que se votó finalmente estableció un techo.

La resolución encendió algunas alarmas. La abogada feminista Sabrina Cartabia explicó en su cuenta de Twitter: “Aplicar la perspectiva de género es una tarea muy delicada. Es mucho más compleja q simplemente sumar mujeres u obligar paridades ciegas a los contextos. Sino, nos arriesgamos a un backlash (reacción restauradora del viejo orden) muy peligroso q banaliza nuestros reclamos”.

La periodista Florencia Alcaraz de LATFEM habló de un problema que enfrentarán muchas asociaciones feministas: “Necesitamos una mejor explicación de la resolución que sacó hoy la IGJ. Ok, sí, paridad en las organizaciones. ¿Y las que somos mayoría mujeres y lesbianas como LATFEM? ¡Tenemos que sumar varones o tramitar una excepción ¡Más trámites! ¡Parece un castigo! La paridad se discute”.

La resolución incluye en su artículo 4º posibles excepciones, pero requiere un trámite y es decisión de la IGJ aceptar el pedido o no: “a través del dictado de resoluciones fundadas y ante un pedido expreso al respecto, exceptuar de lo previsto en la presente, de forma total, parcial, transitoria o definitiva”. Es decir, las asociaciones civiles feministas deberán solicitar una excepción para inscribirse.

Por el momento, no se conocieron declaraciones de la ministra Gómez Alcorta sobre si se realizarán modificaciones a la norma.

¿Políticas de género o políticas para la mayoría de las mujeres?

Esta no es la primera medida “con perspectiva de género” del gobierno. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta ha intentado mostrarse activa en un contexto complicado pero, por el momento, no son las que modifican la vida de la mayoría de las mujeres las que definen la agenda.

Al comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio, el crecimiento de las denuncias por violencia machista mostró la insuficiencia de la respuesta estatal frente a ese problema. A fin de junio, cuando se discutía la ley de teletrabajo, el gobierno había dejado trascender una resolución conjunta del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual y de Trabajo sobre licencias pagas para tareas de cuidado, que no llegó a ser publicada en el Boletín OFicial por presión de las empresas.

Durante las últimas semanas, se conocieron acuerdos para implementar un cupo laboral trans en el Banco Nación, reuniones del presidente Alberto Fernández con empresarias y esta resolución, entre algunas otras medidas que (además de los debates que suscitan) solo afectan a una minoría de mujeres y personas LGBT. Son los límites que encuentra el “feminismo de ministerios”, por ahora impotente para implementar siquiera medidas paliativas de las desigualdades que se crecen en medio de la pandemia, como las arbitrariedades que sufren las empleadas domésticas (una rama casi 100% femenina), las malas condiciones laborales agudizadas por la crisis sanitaria (como las trabajadoras de la salud) o el encierro (como las maestras).

Los gestos y discursos “con perspectiva de género” no encuentran por el momento una traducción en políticas públicas que signifiquen cambios en la vida de la mayoría de las mujeres. Siguen pendientes muchas demandas del movimiento de mujeres.







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