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INCAA: denuncias judiciales y ajuste al cine

La justicia avanzó con el procesamiento a ex presidentes del Incaa, mientras tanto la nueva gestión prepara una política de ajuste y la comunidad audiovisual se moviliza

Martes 27 de junio | Edición del día

El martes 27 el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó y pidió abrir una investigación en relación a tres ex presidentes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Liliana Mazure, Lucrecia Cardoso y Alejandro Cacetta. También al ex rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) Pablo Rovito, todas a partir de una denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción (OA).

Las denuncias se refieren por un lado a irregularidades en diferentes pagos por traslados y contratación de combis sin licitación para eventos y festivales, y a Rovito, en cuanto su relación con el Grupo Aleph S.A responsable del complejo Artecinema. Por otro lado se denuncia el incumplimiento de normas en nombramientos del organismo.

El avance judicial se da en el marco de los preparativos de una importante movilización a realizarse el jueves 29 en las puertas del INCAA convocada por la Asamblea Permanente en Defensa del Cine.

Desde la convocatoria se remarca que la gestión actual de Ralph Haiek está impulsando un ajuste al cine nacional. Con las consignas "No al ajuste en el cine nacional: por el funcionamiento del INCAA sin trabas administrativas", "Reincoporación de los 4 trabajadores despedidos del INCAA", "No a la tercerización de los créditos", "Cese de la intervención de hecho del Ministerio de Cultura", "No al cierre del ArteCinema" se resume el contenido de una convocatoria que expresa un amplio repudio del sector a la política audiovisual en curso.

Por su parte los trabajadores del Incaa, en lucha contra los recientes despidos han denunciado a la actual gestión por tener un doble discurso. Mientras por un lado denuncia la corrupción en gestiones pasadas, realizan nombramientos diarios en gerencias y subgerencias, con muy elevados sueldos, a personas sin experiencia en el área audiovisual, sin concurso alguno y frenando las posibilidades de los trabajadores de planta.

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Por otro lado desde distintos sectores de la comunidad audiovisual se denuncia la sub ejecución del presupuesto, la cual fue admitida por Haiek en el Senado. A su vez la información sobre el presupuesto tiene importantes irregularidades, por un lado el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, informó que es de $2.800 millones y por su parte Haiek, planteó $1.600 millones. El paradero de esta millonaria diferencia se suma al desconocimiento del uso del dinero de la subejecución presupuestaria.

Entre denuncias, internas y planes de ajuste, son los trabajadores audiovisuales quienes pagan las consecuencias de esta crisis. Desde que comenzó el movimiento en el sector se plantea en distintos ámbitos la necesidad de democratizar el Incaa, que sean los propios realizadores, trabajadores y protagonistas del sector quienes decidan y ejecuten democráticamente las políticas audiovisuales, es que la única garantía de transparencia está unida esta a perspectiva.






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