Mundo Obrero Chile

DERECHO A HUELGA

Huelga pacífica y sindicato débil: El fraude de la Nueva Mayoría

Leo Slaaf

Obrero automotriz

Miércoles 9 de agosto

El gobierno de Michelle Bachelet, impulsado por la coalición de la Nueva Mayoría con apoyo de partidos desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, no ha pasado inadvertido para los trabajadores al momento de plantearse frenar los ataques que los empresarios realizan en sus empresas.

Por una parte la reforma laboral impulsada por ésta Nueva Mayoría y avalada por la dirigencia nacional de la CUT, Bárbara Figueroa, otorgó a los empresarios la posibilidad de exigir ante la justicia los "servicios mínimos" para impedir que la huelga obrera logre paralizar las funciones principales y más importantes de la ganancia empresarial. Extirpándole por vía legal la posibilidad de llevar adelante la huelga como derecho elemental.

Lo mismo ocurre con la obligación y vigilancia en torno al desarrollo "pacífico" de la huelga que intenta pacivizar el ánimo combativo de las huelgas de los últimos años, peor aún se otorgo la facilidad del polémico re-emplazo en huelga. El Gobierno facultó a las empresas mandantes para que puedan legalmente contratar el servicio de otra empresa, en caso de la huelga de obreros de una contratista que preste servicios a una empresa mandante.

Debilitó por otro lado la capacidad de crear sindicatos aumentando la cantidad mínima de trabajdores, además de blindar a las micro, pequeñas y medianas empresas que precarizan a gran porcentaje de los trabajadores chilenos, haciendo aún más difícil la conformación de sindicatos inter-empresa.

Es un terrible fraude para miles de trabajadores que votaron por Bachelet bajo las promesas de reformas que incluían un "4to pilar", orientado a fortalecer los sindicatos y los derechos colectivos de los trabajadores.

El último episodio: empresas estratégicas sin derecho a huelga

Este mes el Gobierno definió las empresas que por su importancia crucial pasarían a una lista que automáticamente las deja con prohibición legal de efectuar una paralización incluso en medio de una negociación colectiva.

Esto quiere decir que en vez de un gobierno que devuelva el derecho integro a la huelga o avance hacia aquello, no solo le da continuidad a éstas leyes que son herencia de la dictadura, sino que también las perfecciona integrando a ésta lista a empresas como Emelari y Aguas Andina, distribuidoras de electricidad y agua potable respectivamente, así como prohibiendo por decreto cualquier paralización en las empresas portuarias de Arica.

La huelga, un derecho violado

La huelga obrera es considerada por organismos internacionales como un derecho fundamental, la misma OIT (Organización Internacional del Trabajo), parte de las Naciones Unidas ha buscado abrir en Chile la discusión de la inexistencia del derecho a la huelga que es la herramienta y un derecho mínimo con la cual los empleados pueden intervenir para mejorar sus condiciones laborales y de vida.

Actualmente en Chile éste derecho no solo no existe, sino que el gobierno viene limitándolo y poniendo aún más dificultades a las posibilidades de los trabajadores para defenderse y organizarse ante las ganancias y los deseos empresariales.

Esto solo empuja a los trabajadores del país cada vez más a métodos ilegales de lucha, y abre la necesidad de romper las ilusiones con todo proyecto político que se apoye en la clase empresarial, solidificando la construcción de una alternativa política propia de los trabajadores. Laboratorio de ésta última idea son las candidaturas obreras lanzadas en Antofagasta por el Partido de Trabajadores Revoluionarios (PTR), compuestas entre otros por Lester Calderón, dirigente industrial de la CONSTRAMET y del sindicato de explosivos Orica y Patricia Romo, profesora y dirigenta del Colegio de Profesores Antofagasta.






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