Política Estado Español

LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Histórico: un juzgado de Gipuzkoa ordena investigar crímenes del franquismo

Por primera vez en el Estado español un juzgado ha permitido investigar crímenes del franquismo. Los hechos de la causa fueron denunciados por el Ayuntamiento de Elgeta y son considerados como “posible genocidio”.

Diego Lotito

Madrid | @diegolotito

Carlos Muro

Zaragoza | @muro_87

Martes 12 de diciembre de 2017 | 19:09

Marcha contra la impunidad del franquismo en Elgeta. Twitter @Ion_Salgado

El juzgado de Instrucción número 4 de Bergara (Gipuzkoa) ha solicitado investigar los crímenes del franquismo denunciados por el Ayuntamiento de Elgeta, gobernado por EH Bildu. Por lo que ha dado a conocer el diario Público, la denuncia cuenta con 14 crímenes durante la guerra civil española y dos atentados de un grupo ultraderechista registrados en junio y julio de 1980.

Esta decisión tiene gran importancia no solo política sino en cuanto a la jurisprudencia, ya que hasta ahora todos los tribunales del Estado español desde la muerte de Franco habían rechazado investigar los crímenes del franquismo. ¿Quiere decir que la “justicia” española se ha vuelto democrática? No, en absoluto. La impunidad de los crímenes y atrocidades del fascismo durante la revolución española y en el posterior régimen de Franco siguen siendo la regla. Pero esta causa es una excepción.

Durante años asociaciones vascas y del resto de estado han luchado contra esta impunidad y el rechazo sistemátido de los tribunales del Estado a las denuncias realizadas.

Julia Monge, integrante del colectivo memorialista Intxorta 1937 y representante de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo, comentó al respecto que “nos encontramos ante una resolución judicial de enorme relevancia, que da respuesta, por primera vez, a la demanda de justicia sostenida y mantenida durante tantos años por las víctimas de la dictadura franquista, y que evidencia el conocimiento, respeto y aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Penal Internacional por parte del Juzgado que ha dictado dicha resolución”.

Si un juzgado vasco ha decidido investigarlo, no ha sido “gracias” a la justicia posfranquista, sino a la lucha incansable de las asociaciones y colectivos sociales y políticos durante décadas.

80 años de lucha contra la impunidad

La jueza encargada de la investigación citará el próximo 17 de enero a varios testigos que darán cuenta de los crímenes denunciados. Un proceso que tendrá un significado histórico: por primera vez en 80 años familiares de víctimas del franquismo serán escuchadas en un tribunal del Estado español.

Podrán denunciar como en Elgeta, una pequeña localidad de mil habitantes, hace 80 años los franquistas cometieron atrocidades inenarrables. Como la violación de una niña de 14 años que se llamaba Anttoni Telleria y aquel día, no sólo fue ultrajada sexualmente, también vio cómo los verdugos fascistas asesinaban a sus padres.

El estremecedor testimonio, recogido por Público, refleja la crueldad de los crímenes de la dictadura de Franco. Como cuando Gurutze Tellería, sobrina-nieta de Anttoni, relata que el verdadero motivo por el que la joven tenía los dedos amputados era porque se los habían arrancado de un disparo cuando puso la mano sobre la cabeza de su padre, justo antes de que le mataran. También ejecutaron a su madre delante de sus ojos. Luego, los asesinos la violaron.
“Mi tía abuela siempre estuvo convencida de que los que mandaron a esos tipos a violarla eran del pueblo”, relata Gurutze a Público.

Otro testimonio de las atrocidades fascistas es el de Alberto Osoro, otro de los testigos que el próximo 17 de enero declarará ante la jueza de Bergara. Lo hará en calidad de nieto de José Vicente Garay, un vecino de Elgeta que fue ejecutado a sangre fría por los franquistas en la puerta de su caserío.

“Mi aitite (abuelo) salió al portón de su caserío y se encontró a cuatro milicianos muy jóvenes. A ellos los mataron y enterraron debajo de un manzano. A mi abuelo le pegaron un tiro en la cabeza y lo dejaron allí tirado”, comentó a Público. “Si mi testimonio sirve para algo, adelante”.

Junto a 14 crímenes denunciados, como los de Anttoni y José, la causa denuncia también dos atentados ocurridos en junio y julio de 1980, durante la mal llamada “transición democrática”. Un grupo de ultraderecha -en lo que se conoció como la “guerra sucia”- cometió un atentado con explosivos contra el ayuntamiento de Elgeta y otro contra el bar Ostatu. Ambos ataques, que se saldaron con daños materiales, nunca fueron aclarados.

“Estamos esperanzados; creemos que es un paso muy importante en la lucha contra la impunidad”, señaló a Público el alcalde de Elgeta, Iraitz (EH Bildu).

La batalla de este pequeño pueblo vasco para conseguir justicia comenzó, al menos desde un punto de vista judicial, en julio del año pasado. En esa fecha el ayuntamiento decidió querellarse contra los crímenes del franquismo en el juzgado de Buenos Aires a cargo de la jueza María Servini de Cubría, que instruye desde 2010 el único proceso judicial del mundo que investiga los crímenes de la dictadura franquista.

En el mismo momento, la corporación de Elgeta formalizó una denuncia ante el juzgado de Bergara. El auto está fechado el 14 de noviembre, pero recién ha sido dado a conocer por el gobierno municipal el pasado lunes.

Según consta en ese documento, al que tuvo acceso Público, la magistrada que instruye en la causa inadmite la querella por “defectos subsanables” –faltaba presentar un poder especial por parte del ayuntamiento-, aunque ordena abrir “diligencias previas”, ya que entiende que los hechos denunciados “presentan los caracteres de un delito de genocidio y crímenes contra la humanidad, que es perseguible de oficio, por lo que procede instruir la causa criminal que corresponda en atención a la pena señalada al delito”.

La impunidad franquista pactada en la Transición, “modelo” de represión e impunidad

La “modélica” transición española, la que se quiso mostrar al mundo como ejemplo a seguir, estuvo basada en la represión a los luchadores obreros y populares y en un obsceno pacto de impunidad que bajo la cantinela de la “reconciliación nacional” impidió (y sigue impidiendo) hasta hoy juzgar los crímenes del franquismo.

Hace poco se cumplieron 40 años de la infame Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso de los Diputados el 14 de octubre de 1977 con los votos del PSOE y el PCE, que fueron parte nada menos que de su comisión redactora. Aunque vendida entonces como una norma que facilitara la salida de prisión de presos antifranquistas, fue una verdadera ley de “punto final” de la dictadura,

que garantizó a los franquistas seguir libres después de 40 años de represión y cientos de miles de asesinatos, y que ni siquiera se pudiera reivindicar la calidad de perseguido político.

Desde entonces, la Ley de Amnistía de 1977 fue utilizada como “escudo franquista” y garante de la impunidad. Se convirtió en la excusa perfecta de los poderes del Estado para rechazar cualquier petición de Justicia por parte de las víctimas.

El ejemplo más evidente se dio en la sentencia de 2012 del Tribunal Supremo que rechaza la posibilidad de investigar en sede judicial española los crímenes del franquismo y calificaba la Ley como “pilar básico e insustituible de la transición española”. A partir de ahí, se la esgrime como argumento central para rechazar toda investigación.

Este es sólo un caso. La lista continúa y es casi interminable. Si, la impunidad es un “pilar” de la transición. Un pacto de impunidad y silencio, acatado por todos los partidos del Régimen. La sustancia misma de la democracia pactada del ’78. Una “democracia para ricos” que mantuvo intacto el aparato de las fuerzas de seguridad, de los que transformados de “grises” a “azules” siguieron actuando durante la Transición y en adelante contra los trabajadores y el pueblo.

El carácter histórico de la denuncia del Ayuntamiento de Elgeta, que comienza su andadura judicial, radica en la posibilidad de abrir una brecha en la lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo. Porque después de 80 años seguimos exigiendo justicia. Ni olvido, ni perdón.






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