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Hipocresía: el obispo del Ejército condena la “violencia con piedras y palos”

A Monseñor Santiago Olivera el Estado le paga más de $ 100 mil por mes. Dice que está a favor del diálogo. Pero miente al decir que en las Fuerzas Armadas no hay militares que vienen de la dictadura.

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Sábado 23 de diciembre de 2017 | Edición del día

Foto Télam

El obispo castrense Santiago Olivera fue consultado por Télam Radio sobre cuál es “el sentido de la navidad”. Monseñor respondió que es “una invitación en estos tiempos a sacar de nosotros las mejores cosas” y que hay que “sacar las lecciones del pesebre… un Dios que se hace palabra y por lo tanto se hace diálogo”.

El sacerdote agregó que “sería muy lindo que esta lección pudiéramos encarnarla y vivirla en los acontecimientos de cada día… En estos tiempos donde la paz social está quebrada y hemos contemplado tanta violencia, la navidad nos vuelve a dar la oportunidad de pacificar el corazón. Y que nunca con la violencia ni con piedras ni con palos alcanzaremos lo que buscamos. Que nunca más el fin justifique los medios”.

Así el obispo utilizó la efemérides navideña para aportar su grano de arena en la campaña de criminalización de la protesta social.

Olivera se suma a la lista de cínicos que hablaron contra la violencia. Él es miembro de una Iglesia que bendijo la dictadura, y que él mismo tiene la función de bendecir las armas y dar atención “espiritual” a los hombres y mujeres que integran las fuerzas armadas.

No sorprende que Olivera utilice metonímicamente las palabras “palos” y “piedras” para referirse a la violencia. Según el obispo castrense la violencia, entiéndase, son las piedras y los palos y no las balas de goma y gases que dispararon sobre los rostros de los manifestantes las fuerzas represivas mandatadas por el Gobierno de Cambiemos.

Olivera es muy claro. Condena la violencia de los explotados y los oprimidos, no la del Estado. Por el contrario, él se ordenó en las filas castrenses para defender la violencia estatal y el monopolio de las armas en manos del Estado.

Utilizó la entrevista que le realizaban por las navidades para halagar a las Fuerzas Armadas y a sus hombres y mujeres. “Dios quiera que con lo que pasó tristemente con el submarino ARA San juan pueda volverse a pensarse nuevamente las Fuerzas Armadas y recuperar una mayor dignidad. En estos seis meses que estoy veo hombres y mujeres que entregan su vida, que como dije una vez, no son de la dictadura. Son hombres y mujeres jóvenes de este tiempo que aman a la patria”, sentenció.

Como no podía ser de otra manera, monseñor Olivera replicó el discurso de la clase dominante. El discurso que estas Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con las de la dictadura es tan falso como que el golpe militar del 76 es cosa del pasado.

Las Fuerzas Armadas de la dictadura son parte de este presente, no solo porque continúan en sus filas miles miembros que participaron directamente en el genocidio de clase, como el exjefe del Ejército César Milani, sino porque si tuvieran la oportunidad, si el Estado las volviera a necesitar para defender la propiedad privada y los intereses de los Macri, Roca, Benetton, volverían a actuar como lo hicieron en el siglo pasado.

Que hoy la represión interna esté en manos sólo de las Fuerzas de Seguridad se debe entre otras cosas a que hay leyes que prohíben a fuerzas castrenses hacerlo. Esas leyes se conquistaron por el repudio que obtuvieron las fuerzas militares por los crímenes que cometieron durante la dictadura y por la cobarde capitulación ante las tropas inglesas en la guerra de Malvinas.

Ante la crisis del ARA San Juan, los voceros de la burguesía, los nostálgicos de los años de plomo, se lamentan por el destrato que hoy sufren, según ellos, las Fuerzas Armadas.

Pero el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que en los próximos meses comenzarán a discutir en nuevo rol de las fuerzas militares. Prevén derogar justamente los decretos de Defensa que prohíben la intervención militar en la vida interna del país.

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El obispado castrense, resabio del genocidio

El papa Francisco, Jorge Bergoglio, fue el responsable de nombrar al obispo castrense. El cargo estaba vacante desde 2007. El gobierno de Macri, obviamente, dio el visto bueno para restablecer este cargo que desde fines de marzo es ocupado por Santiago Olivera.

Defensor de la teoría de los dos demonios y quien a poco de asumir pidió “la reconciliación mirando para adelante” al tiempo que se mostró “de acuerdo” con que se otorgue la prisión domiciliaria a mayores de 70 años condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

El obispado castrense cuenta, para sus oficios religiosos, con un plantel de 170 capellanes. A ellos les son encomendadas las “almas” de los miembros del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Gendarmería y la Prefectura Naval.

Para semejante tarea, de tanta “responsabilidad”, el Estado le retribuye con sus arcas públicas. A los obispos castrenses les otorga un rango de subsecretario de Estado, pagando un “sueldo” por arriba de los $ 100 mil. A estas personas que no trabajan les pagan un suculento sueldo, por el solo hecho de trasmitir ideas reaccionarias.

Una institución del medioevo persiste e influye en la vida nacional de nuestro país, que aún siendo laico decide sobre leyes fundamentales, como el aborto. Por la prohibición de este derecho cada año más de 300 mujeres pierden la vida.

Hoy como ayer la Iglesia Católica cumple un rol reaccionario. Durante la última dictadura fue partícipe necesario en el genocidio, bendecían las torturas y engañaban a las familiares de los desaparecidos que acudían a ellos en busca de ayuda. Les sacaban información que más tarde entregaban a los militares. Justamente el cura Christian Federico Von Wernich está condenado por estos crímenes de lesa humanidad.

Macri, Bergoglio y Francisco unidos para legitimar un organismo que es no es más que el resabio del genocidio.







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