La ley aprobada ayer en trámite express, extiende y generaliza las condiciones del convenio Chevron. Una reglamentación al servicio de las empresas multinacionales con las que negocia YPF S.A.

Esteban Mercatante@EMercatante
Jueves 30 de octubre de 2014 | Edición del día
La declaración del presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Mario Metaza (FpV), en su informe del miércoles en Diputados, pinta de cuerpo entero el espíritu de la Ley de Hidrocarburos que el oficialismo hizo aprobar luego de un apurado trámite por ambas cámaras. “Necesitamos muchos chevrones”, dijo Metaza, enfatizando la necesidad de contar con inversiones extranjeras para aumentar la producción de hidrocarburos. Curiosa forma de “soberanía energética” la que presenta el kirchnerismo: en aras del autoabastecimiento energético, meta con plazos inciertos para ser alcanzada, se embarga a perpetuidad los recursos del suelo en beneficio de las multinacionales.
Concesiones a perpetuidad
Para facilitar a YPF S.A. las asociaciones con petroleras privadas para hacerse de capital, crea concesiones que en los hechos son a perpetuidad. La ley plantea el criterio de que quien tiene la concesión de crudo convencional tiene derecho al crudo no convencional que está debajo de aquel. O sea que quien tiene una concesión por 25 años puede aplicar para otra de 35 años, extensible además 10 años. Sin mediar nuevas licitaciones, hay adjudicación directa de la explotación no convencional al que está ya en el área. Con la nueva ley, serán YPF y las petroleras que ya están instaladas quienes negociarán con los inversores que quieran participar de la promesa de Vaca Muerta, mediante acuerdos entre privados.
Regalías
Un punto que ha sido criticado incluso por los sectores de la oposición más propensos a la obsecuencia con el capital extranjero, es el bajo nivel de regalías que fija la reglamentación. Estas serán de 12%, y se pueden reducir a 5% si la autoridad provincial o nacional lo dispone. Esto está por debajo del nivel que tienen hoy en algunas provincias o regiones (hay áreas de Neuquén donde llega al 15%). En caso de prórroga podrán elevarse a 18%. Estos montos de relagías han sido criticados por su bajo nivel desde todo el arco político. Son varias las voces de quienes se inclinar por niveles cercanos al 25%, incluso entre los más marcadamente pro empresas como el ex secretario de Energía Jorge Lapeña, el economista jefe de FIEL Daniel Artana, y Federico Sturzenegger del PRO. Este último calculó que la extensión de concesiones de la nueva ley, con esta limitación al nivel de regalías supone un “regalo” del Estado a las empresas por US$ 228.000 millones, por la diferencia entre lo que se cobrará y lo que podría cobrarse.
La nueva ley también restringe otros tributos provinciales. Impuesto a ingresos brutos no podrá superar el 3%. Las provincias o municipios no pueden inventar nuevos impuestos, ni subir las tasas de los sellos vigentes a la fecha.
Otros puntos
¿No hay alternativa?
De esta forma, provincias y nación llegan a un acuerdo para dar fuerza de ley al esquema Chevron. Un nuevo estatuto de coloniaje, pero bien federal. Seguramente el gobierno puede argumentar que no hay otra forma de incrementar la producción para lograr la “soberanía hidrocarburífera” (burdamente igualada a autoabastecimiento aunque este se logre entregando Vaca Muerta a las multinacionales por 40 años). ¿Acaso no había otro camino? Y, si se descarta como hizo el kirchnerismo un cambio en el conjunto del sistema energético, afectando sólo la propiedad accionaria del 51% de YPF S.A., era cantado que no había alternativa a abrazarse a las grandes petroleras extranjeras.
Justamente la expropiación y estatización sin pago de todo el complejo petrolero y gasífero, desde la extracción hasta la refinación, y su puesta a producción bajo control de sus propios trabajadores, permite iniciar un camino alternativo al de la entrega a los buitres como Chevron. Es lo que propuso el proyecto presentado por el Frente de Izquierda. La inversión en base a esta apropiación de la renta es la única alternativa verdaderamente soberana, para encarar una producción respetuosa del medio ambiente y en función de las necesidades sociales, y no de la ganancia.
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