Política

ROSSANO, PARODI, GIUSTO, GIANCARELLI Y VALOTTA

Hace 40 días están detenidos por la manifestación del 14 de diciembre

Hoy fueron liberados César Arakaki y Dimas Ponce, pero siguen presas cinco personas detenidas tras la primera movilización contra la reforma previsional. El juez Bonadío sostiene su prisión preventiva arbitrariamente.

Martes 23 de enero | Edición del día

Durante la masiva manifestación del 14 de diciembre, fueron detenidos más de 60 manifestantes. Incluso muchas personas fueron “levantadas” al voleo por la Gendarmería.

Pasados 40 días, el juez federal Claudio Bonadío mantiene a cinco de esas personas en prisión.

La Cámara Federal justificó el rechazo a los pedidos de excarcelación interpuestos por los abogados defensores planteando el argumento de que podrían “entorpecer medidas de prueba en marcha”. Un argumento que no resiste los hechos, así como tampoco se han encontrado pruebas a los detenidos.

Incluso en uno de los presos, Esteban Rossano, no participó de la marcha sino que viajaba en el subte. Cuando asistía a una señora descompuesta fue abordado por gendarmes y más tarde su mochila apareció cargada de piedras y volantes de dos organizaciones políticas distintas, tal como denunció su padre. “Pruebas” plantadas, causas armadas y un claro intento de criminalizar la protesta.

Los otros detenidos son Parodi, Giusto, Giancarelli y Valotta. Dos de ellos viven en situación de calle en la zona del Congreso y otros fueron detenidos cuando llegaron a la Comisaría Cuarta para reclamar por la libertad de sus compañeros.

Les imputan intimidación pública y coacción para impedir sesionar al Congreso, que en esa oportunidad intentaba aprobar la contrarreforma previsional.

Sin embargo, más allá de la situación concreta de los detenidos el 14 de diciembre, las causas que llevan adelante los jueces Bonadío y Torres van a tono con el intento de criminalizar la protesta.

El juez Torres, que lleva adelante la causa por los hechos del 18D, se vio obligado este martes a liberar a Arakaki y Ponce. Era insostenible mantener una acusación sin pruebas, así como su prisión preventiva. Mucho más si tenemos en cuenta la enorme simpatía con la movilización que ya se había expresado con los cacerolazos de la noche y la caída en la imagen del gobierno tras esas jornadas de protesta.

Pero el fallo de Torres ordena el procesamiento de los militantes con fundamentos que criminalizan la masiva movilización obrera y popular de diciembre, lanzando un duro ataque contra las organizaciones que participaron de ella. Así, la justicia federal, estimulada por el gobierno, quiere dejar un grave antecedente para criminalizar la protesta. Además de los liberados y los que permanecen detenidos, está el caso de Sebastián Romero que está acusado de un supuesto “plan de rebelión”.

Los 40 días de detención de estos jóvenes es un caso de arbitrariedad brutal: son presos políticos. No pueden seguir un día más en la cárcel. La lucha por su libertad está ligada a la pelea por el desprocesamiento y el cese de las persecuciones a quienes participaron de esa masiva manifestación popular y la defensa del derecho a la protesta.







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