Mundo Obrero

ATAQUE AL DERECHO DE HUELGA

Grupo Roggio: una historia de dictadores y corrupción detrás del ataque a los metrodelegados

En estos días una campaña tildó de “violentos” e “ilegales” a quienes defienden su salario, su organización gremial y rechazan el tarifazo. ¿Quién es el amigo de Macri que ataca el derecho de huelga?

Lucho Aguilar

@lukoaguilar

Viernes 25 de mayo | 00:01

Aldo Roggio es, como muchos saben, el dueño de Metrovías y máximo jefe del Grupo Benito Roggio e hijos. Lo que es menos conocido es su trayectoria empresarial y política. Mientras algunos medios repiten el discurso de Macri, Rodríguez Larreta y la empresa, sobre la supuesta “violencia”, “privilegios” e “ilegalidad” de los metrodelegados, conozcamos la historia de quién se ha convertido hoy en uno de los más feroces enemigos del derecho de huelga.

El “doloroso parto” de la patria contratista

Los Roggio comenzaron sus negocios en la Argentina hace más de 100 años. Desde entonces supieron cobijar buenas relaciones con los gobiernos de turno. Pero el gran salto vendría con la brutal dictadura cívico-militar de 1976.

La Cámara de la Construcción, que habían fundado los Roggio junto a otras empresas, fue una de las grandes auspiciantes de aquel genocidio. Eran parte del “círculo rojo” de la APEGE, la organización patronal que reunía a la Sociedad Rural y las grandes cámaras empresarias. Una de sus primeras solicitadas denunciaría “la entrega del país al sindicalismo continuando su camino hacia el marxismo”. En febrero de 1976 la “patria contratista” sería parte del lock out patronal que pedía a las Fuerzas Armadas que tomen el gobierno.

El auspicio al golpe fue bien recompensado por Videla y compañía. Entre 1976 y 1983, el Grupo Roggio fue favorecido en la construcción de ATC y el estadio Chateaux Carreras, en la previa del Mundial 78. Todas las obras de ese evento fueron denunciadas por los fenomenales sobreprecios y estafas. Pero además, durante esos años hicieron negocios con las obras de la Central Térmica y el aeropuerto de Tucumán, los Tribunales, el aeropuerto y la Central de Policía de Córdoba, y empezaron a recolectar la basura gracias a su relación con el intendente de facto, Osvaldo Cacciatore. También se beneficiaron con otras obras, como parte de la Asociación Argentina de Carreteras, que manejaba junto a los militares los fondos de Vialidad Nacional.

Los Roggio ganaron durante ese período 1.000 millones de dólares, según sus propias fuentes (Luis Majul, Los dueños de la Argentina). También tuvieron tiempo de crear la Fundación Mediterránea, una usina de ideas liberales que aportaría funcionarios a la dictadura. Uno de ellos sería Domingo Cavallo, el hombre que en 1982 estatizaría las deudas privadas de todos los grandes grupos empresarios.

Cuando le preguntaron sobre aquella etapa, Aldo Roggio fue sincero: “yo parto de que acá hubo una guerra y en la guerra pasan cosas. En ese momento yo estuve de acuerdo con la guerra contra la subversión. Ha sido un parto doloroso pero necesario para el país…” (Luis Majul, Los dueños de la Argentina).

Entre “las cosas que pasan” estuvo la desaparición de José María Mendoza y otros cuatro trabajadores del subte, que todavía era estatal.

Será como nostalgia de esa época que Aldo contrataría luego a Miguel Angel Rovira, ex integrante de la Triple A, como responsable de la seguridad de Metrovías.

De capitán de la industria a ‘pirata del asfalto’

Con los gobiernos radicales de Alfonsín y Mestre (Córdoba), los Roggio se repartieron buena parte de las obras y servicios contratados por el Estado, como parte de lo que se llamó “los capitanes de la industria”. Pero la fiesta vino con el menemismo.

“La década de los noventa se caracterizó especialmente por la privatización de los servicios públicos, proceso en el cual Benito Roggio e Hijos S.A. participó de manera activa”: así lo reconocen los Roggio en su propio sitio. En licitaciones – muchas de ellas denunciadas como truchas – se quedaron con subtes (Metrovías), trenes (FFCC Urquiza), peajes de varias rutas (Covisur, Coviares y Puentes del Litoral), más servicios de recolección (Cliba) y la construcción de varias obras. Entre ellas la represa Yaciretá, uno de los casos de corrupción más grandes de la historia argentina.

Según el acuerdo con el menemismo, el 22 % de las obras eran asignadas a la empresa. Además, se le otorgó la concesión de casi 2.000 kilómetros de rutas por peaje por 13 años.

En 1994, luego de una licitación escandalosa, Benito Roggio e hijos SA se hizo cargo del servicio de subtes. Junto a Menem intentó avanzar sobre los derechos y conquistas de los trabajadores. En poco tiempo más de 1500 trabajadores quedaron en la calle y comenzó a montar empresas tercerizadas. Desde el primer día fue beneficiado por subsidios “operativos” e inversiones bancadas con fondos públicos.

Otra “década ganada” para Roggio

La crisis de 2001 no sería tan trágica para los Roggio, como lo fue para la mayoría de la población. Fue uno de los grupos beneficiados con un mecanismo que incluía la toma de deuda externa privada, la fuga de capitales y la pesificación de sus deudas por parte del gobierno de Duhalde.

Así llegó al 2003. Aunque los Kirchner juraron que venían a “acabar con los negociados y la corrupción de los ’90”, para el grupo siguió casi todo igual. Julio de Vido y Ricardo Jaime se encargaron de ello.

Siguieron operando los peajes y recibiendo obras viales aunque tenían millonarias deudas por obras inconclusas e impuestos impagos. Entre 2003 y 2012, el Estado firmó contratos con el Grupo Roggio por unos 8 mil millones de pesos. Además, siguieron operando el subte pero también durante muchos años trenes como el Belgrano Sur y Cargas, el Urquiza y el San Martín.

En el medio recibieron una catarata de subsidios: solo Metrovías recibía 370 millones de pesos anuales, un millón por día, aunque en 2009 reconocía ganancias por 100 millones.

Los trabajadores durante esos años tuvieron que defender sus conquistas, tanto la insalubridad como el avance de las tercerizadas. Y también tenían que enfrentar a la infantería policial y las patotas de la UTA, fuerzas de choque de Metrovías y cada gobierno de turno, mientras les negaban la personería gremial recién otorgada en noviembre de 2015.

Sus ganancias, nuestras vidas

El negocio de Metrovías siguió creciendo. Aunque los Macri y los Roggio muchas veces compitieron en la obra pública, en el subte siempre se asociaron contra los trabajadores y los usuarios. Desde que el PRO maneja el subte el tarifazo podría llegar al 1000% (si no fuera por el freno al último aumento gracias al amparo presentado por Myriam Bregman, Patricio del Corro y Claudio Dellecarbonara en consonancia con la pelea de los trabajadores). Sin embargo, en mayo de 2017, el directorio de Metrovías aprobó un reparto de “dividendos por 22,9 millones” para sus accionistas.

Para garantizar esas ganancias, además del tarifazo, el gobierno le dio 1660 millones de pesos en concepto de subsidios “operativos”, suma que aumentó a 2670 millones en 2016. ¡7,3 millones por día!

No es lo único. Según denunciaron legisladores pero incluso organismos del Estado, Metrovías realiza una serie de maniobras para desviar más del 25% de esos subsidios. ¿Cómo? “Contrata” a otras empresas de su grupo para “asesoramiento” o la “gestión de espacios y publicidad”, como Benito Roggio Transportes y Metronec, que llegaban a facturar lo mismo que la concesionaria.

Sin embargo, como denuncian los delegados, a pesar de los millonarios “subsidios operativos” el servicio sigue siendo malo justamente por falta de inversiones. El propio Gobierno de la Ciudad reconoce que la mayoría de las interrupciones del servicio son por problemas de material rodante (40%) y “de fuerza mayor” (25%), como por ejemplo las inundaciones y filtraciones.

Esa falta de inversión no solo arriesga la vida de los trabajadores y usuarios con materiales cancerígenos, sino con “accidentes” que se cobraron la vida de 6 trabajadores solo en los últimos años.

Corrupción y paraísos fiscales

Cuando surgió el escándalo de los Panamá Papers varios integrantes del Grupo Roggio aparecieron en aquellos registros: Aldo, Sergio y Alejandro. ¿Qué se podía esperar de empresarios acostumbrados a hacer maniobras con sus negocios?

Pero lo que realmente preocupó en los últimos tiempos a la familia fue la causa Odebrecht, una de las causas de corrupción más escandalosas de los últimos años. Aunque comenzó en Brasil, sus ramificaciones llegaron a la Argentina y otros países.

Por eso hace pocos días, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Carlos Wagner (Esuco SA), Aldo Benito Roggio (BRH) y otros 17 funcionarios y empresarios. Los considera "partícipes necesarios" de una maniobra para estafar al Estado nacional, que incluía coimas. Además les prohibió la salida del país y ordenó embargos que llegan a los 500 millones de pesos y la tasación de todos sus bienes.

Un escándalo de corrupción millonaria, que perjudicó a las arcas nacionales.

Los verdaderos violentos e ilegales

Mientras ataca a los trabajadores que no quieren perder ni sus salarios ni sus derechos gremiales, el Grupo Roggio oculta su verdadero rostro.

Montó un imperio con la dictadura, como uno de los emblemas de la “patria contratista” que saqueó el país.

Fue parte de la construcción de Yaciretá, llamado el ‘monumento a la corrupción’, y está acusado por la escandalosa causa Odebrecht.

Saqueó el bolsillo de millones como parte del ‘club del peaje’. Fugó dinero y fue beneficiado con la pesificación de la deuda en 2002.

Administra subtes y trenes con millonarios subsidios, un pésimo servicio y el peligro constante de accidentes.

No hay dudas. El Grupo Roggio tiene una historia de violencias e ilegalidades que ninguna campaña mediática podrá ocultar.







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