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HISTORIA

¿"Gracias, Alfonsín"?

El décimo aniversario del fallecimiento del ex presidente argentino Raúl Alfonsín mostró un abanico de homenajes desde la derecha hasta el progresismo, pasando por el peronismo y el kirchnerismo. Todos intentaban apropiarse de la figura del "padre de la democracia".

Facundo Aguirre

IG: @hardever // Twitter: @facuaguirre1917

Martes 2 de abril | 11:56

Para Cambiemos y los radicales alineados con Mauricio Macri se trataba de un baluarte del republicanismo y la institucionalidad. Para la UCR díscola y disconforme con lo poco que le ofrece el macrismo dentro de la coalición gobernante, Alfonsín era un baluarte de los valores radicales y seguramente, luego del aporte a Cambiemos, de corregir el rumbo de la UCR. Para el peronismo un héroe de la democracia y baluarte de la gobernabilidad. Para el kirchnerismo y los radicales el desaparecido líder radical jamás hubiera votado a Cambiemos. En fin, hay un Alfonsín para todos los gustos.

El "progresismo" alfonsinista

La UCR llegó al poder en 1983 derrotando a un peronismo que parecía el tren fantasma de los restos impresentables de la derecha peronista más rancia.

El alfonsinismo no surgió combatiendo a la dictadura sino que expresó a un sector de los partidos patronales que habían sido responsables políticos de la derrota de los trabajadores y cómplices de los militares y que gracias al golpe fueron preservados como fuerza de recambio institucional de la burguesía argentina.

El fin de la dictadura dio lugar a una "primavera democrática" que lleno de vida a los partidos políticos, cuyos principales beneficiarios fueron la UCR, el PJ y el Partido Intrensigente, y que expresaban las ilusiones populares en un cambio en las condiciones sociales y políticas que habían impuesto los militares.

La UCR alfonsinista explotó el temor a un retorno de la “violencia política” corporizada en el peronismo de Italo Luder, Herminio Iglesias y la patota sindical (que era una caricatura grotesca y decadente del peronismo isabeliano) a quien denunció por protagonizar un pacto sindical-militar. Frente a sus rivales, el radical que recitaba como programa de campaña el Preámbulo de la oligárquica Constitución de 1853, aparecía como un demócrata intachable.

El alfonsinismo supo agrupar en torno suyo a sectores de las clases medias y a ex intelectuales de izquierda que rompieron con los planteos políticos setentistas detrás de un discurso de restauración democrática y pacificación nacional como valores unificadores de la sociedad argentina. Sus coqueteos con la ola socialdemócrata que en aquellos momentos estaba en ascenso en Francia y España con la coronación de Francois Mitterand y Felipe Gonzalez le dio el aura de fuerza progresista, en un mundo donde por otro costado se imponían Margaret Tatcher y Ronald Reagan contra los trabajadores y pueblos oprimidos.

Precisamente Argentina venia de ser derrotada por el imperialismo en la guerra de Malvinas. En aquellas circunstancias la posición de Alfonsín no fue la de la defensa de la soberanía nacional de Malvinas sino el rechazo a la guerra y un llamado a la paz, que lo colocaba en sintonía con los intereses del imperialismo.

Pero además, Alfonsín, fue uno de los mentores de la Multipartidaria, una coalición político-social constituida para evitar -luego de la derrota de la guerra de Malvinas- una caída violenta de la dictadura, cuando ésta se derrumbaba ante la creciente movilización popular al grito de “se va a acabar la dictadura militar”.

El tren fantasma del alfonsinismo

La verdad es que la UCR fue el partido que más funcionarios presto a la dictadura genocida y uno de los auspiciantes del golpe de estado de 1976, cuando el entonces líder de los radicales, Ricardo Balbín, llamaba a liquidar a "la guerrilla fabril".

El vicepresidente de Alfonsín fue el cordobés Victor Martinez, colaborador del genocida Luciano Benjamín Menéndez. La UCR aportó 310 intendentes a los militares y, solo en Córdoba y ya sobre el final de la dictadura, el radicalismo provincial conducido por Eduardo Angeloz y el mismo Víctor Martínez, aportaron 130 intendentes al régimen genocida.

Menéndez dio un famoso discurso en la peña El Ombú, donde Martinez era participante, sosteniendo que “Las Fuerzas Armadas han debido intervenir para restablecer la libertad, o el orden, o la paz, o las instituciones de la democracia, o todo junto (…) Lo que ocurrió siempre desde 1930 en adelante fue que los militares tomaron el poder para corregir fallas de los gobiernos constitucionales”.

Otro integrante del Gobierno, como ministro, era Roque Carranza, un ex comando civil del antiperonismo en los ’50 que colocaba bombas en los subtes contra el pueblo trabajador. El 15 de abril de 1953, organizó un atentado en la linea A y la Plaza de Mayo durante un acto de la CGT con el resultado de seis manifestantes muertos.

No extraña entonces que nombrara en 1986 a Francisco Paco Manrique como secretario de Turismo en 1986 y candidato a diputado extrapartidario en 1987. El mencionado supo ser capitán de la Aviación Naval y uno de los pilotos de los Gloster que bajo el lema "Cristo vence" bombardeo la Plaza de Mayo en junio de 1955.

La democracia de la reconciliación y la impunidad

Alfonsín hizo eje en su campaña en el rechazo a la autoanmistía de los militares y la promesa de juzgar a sus cúpulas. Durante su gobierno se juzgó a las juntas militares que encabezaron los gobiernos de la dictadura genocida. A cambio se dejó libre e impunes, y en funciones, a miles de torturadores, secuestradores de niños y miembros de los grupos de tareas. Su objetivo fue siempre buscar una linea de reconciliación que le permitiera rescatar a las FFAA frente al odio popular.

Los intelectuales afines al alfonsinismo elaboraron la “teoría de los dos demonios” que funcionó como doctrina estatal en el tema de los derechos humanos durante más de dos décadas. La doctrina igualaba la violencia terrorista del Estado burgués, con la insurgencia obrera y popular de los ’70. En consecuencia, durante el gobierno de Alfonsín continuaron presos algunos militantes políticos de los ’70 y fueron detenidos los máximos dirigentes montoneros.

A pesar de sus ataques de campaña contra el Pacto militar-sindical, desde el vamos Alfonsín impuso un acuerdo tácito con el Partido Justicialista, a cambio de gobernabilidad, a quien se le aseguró que los crímenes de la Triple A quedarían impunes. En mayo de 1984 se sancionó la ley 23.062, que garantizó la impunidad de los representantes del Partido Justicialista que comandaron la Triple A. Esta ley establece que la expresidenta María Estela Martínez de Perón no podría ser juzgada por ningún delito que hubiera cometido antes del golpe militar, porque no había sido desaforada ni sometida a juicio político como prevé la Constitución, sino destituida por un “acto de rebelión”.

El 24 de diciembre de 1986 fue promulgada la Ley 23.492 de Punto Final que estableció el fin de los juicios a todos aquellos que no fueron llamados a declarar "antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley".

La avalancha de denuncias posteriores a la sanción de esta ley va a ser la que precipite los acontecimientos de Semana Santa. En la festividad cristiana de 1987 un grupo de militares que serán conocidos como los carapintadas, encabezados por el entonces teniente coronel Aldo Rico que era acusado, entre otros casos, de la desaparición de la hermana y el cuñado de la dirigente de la derecha peronista Norma Kennedy.

El planteo central de los sublevados fue la impunidad para los militares participantes del genocidio y un cambio en los altos mandos. Como respuesta millones ganaron las plazas de todo el país y al menos 10 mil personas rodearon Campo de Mayo, adonde los dirigentes del gobierno radical y la oposición peronista fueron para negociar con los carapintadas y evitar que la movilización ajustara cuentas por las suyas con los militares sediciosos.

Luego de capitular frente a los militares sediciosos y llamar a desconcentrar en la Plaza de Mayo diciendo que "la casa estaba en orden" y de calificar a los carapintadas como "héroes de Malvinas", la UCR les otorgó la ley de Obediencia Debida sancionada el 4 de junio de 1987. Este resulto el fin del idilio democrático con el alfonsinismo de amplios sectores de la clase media y el progresismo.

Finalmente, en 1989 fueron fusilados y desaparecidos varios de los guerrilleros tomados prisioneros durante el copamiento del cuartel de La Tablada por los militares que habían participado del genocidio.

La democracia de los saqueadores

Alfonsín prometío que durante su campaña que "con la democracia se come, se educa y se cura", pero la realidad es que más allá de la tribuna fue un garante de la continuidad del país heredado por los militares, donde se había consolidado el poder de los grandes grupos económicos del empresariado nacional y extranjero.

En abril de 1985, lanzó la “economía de guerra”, y en junio de ese año el “Plan Austral”, que consistió en el lanzamiento de una nueva moneda y un ajuste fiscal con congelamiento de precios y salarios.

También en esta época se empieza a discutir la privatización de la empresa públicas. Esto fue en consonancia con la política de EE.UU. que impulsó el “Plan Baker” -en honor al secretario del Tesoro de dicha potencia- que impulsaba ajustes recomendados por el FMI.

Durante su gobierno, Alfonsín cedió frente a las presiones de las grandes entidades empresarias reunidas en el “Grupo de los Ocho” (la UIA, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la Asociación de Bancos de la República Argentina -extranjeros-, la Asociación de Bancos de la Argentina –nacionales-, la Unión Argentina de la Construcción, y la Cámara Argentina de la Construcción), y ante los llamados Capitanes de la Industria (como Techint, Roggio, Macri, Pérez Companc), que una vez que consideraron agotado al gobierno radical lo empujaron al abismo provocando el golpe hiperinflacionario de 1989 que terminó con 14 muertos durante los saqueos y la entrega anticipada del poder a Carlos Menem.

Alfonsín fue también, junto a Chacho Alvarez, el arquitecto de la Alianza donde llevaron hasta el final el programa económico heredado del menemismo y dictado por el FMI. Su final fue la rebelión popular del 2001 que termino con 38 muertos en manos de la represión. Patricia Bullrich Luro Pueyurredón y Hernan Lombardi, entre otros, fueron parte de aquel gobierno y funcionarios destacados de Macri.

Esta ultima parte de la historia tienen el particular interés de borrarla en el olvido.

La democracia del Pacto de Olivos

Alfonsín fue el principal impulsor, junto a Carlos Menem, del Pacto de Olivos. Si para Menem se trataba de lograr la reelección y relegar a Duhalde, para el dirigente radical el objetivo era recuperar el control de la UCR y ponerle limites al proyecto menemista mediante un consenso con el oficialismo.

Un mes después, en diciembre de 1993 estalla la rebelión popular de Santiago del Estero, conocida como santiagueñazo, que va a adelantar la creciente y violenta oposición social al menemismo de los años posteriores.

Dicho Pacto fue fundamental para que el Plan de Convertibilidad que impulsaba Domingo Cavallo en sintonía con el FMI y el imperialismo, se asentara y contara con los instrumentos normativos para avanzar en el saqueo de los recursos del país y la destrucción de los derechos del pueblo trabajador. Este Pacto permitió a las provincias la propiedad de las riquezas del subsuelo que fue la antesala de la privatización de YPF.

Cabe recordar que una gran defensora de dicho Pacto fue la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner quien sostuvo en su momento "No podemos obviar que cuando recibimos el gobierno en 1989 (se refiere al menemismo. NdR) éramos un país fragmentado, al borde de la disolución social, sin moneda, y con un Estado sobredimensionado que como un dios griego se comía a sus propios hijos. Entonces hubo que abordar una tarea muy difícil: reformular el Estado, reformarlo; reconstruir la economía; retornar a la credibilidad de los agentes económicos en cuanto a que era posible una Argentina diferente. Se hizo con mucho sacrificio, pero se logró incorporar definitivamente pautas de comportamiento en los argentinos: estabilidad, disciplina fiscal; todos ellos son logros muy importantes, pero no podemos agotar el desarrollo en ellos".

Que se doble pero que no se rompa

Leandro Alem, fundador de la UCR, formuló como consigna de la intransigencia radical contra el régimen oligarquico del ’90 del siglo XIX, el lema "que se rompa, pero que no se doble".

La realidad es que desde la misma revolución del Parque, cuando el general de los cívicos Luis María Campos negociaba a espaldas de la junta revolucionaria con los militares leales a Juarez Celman, la doblez es una de las características esenciales del radicalismo.

Alfonsín no fue la excepción. Hoy los radicales colaboracionistas con la derecha pero díscolos se entusiasman de una fórmula común con Roberto Lavagna, representante de un peronismo que de colaboracionista con el gobierno de Cambiemos, busca una fórmula política que le permita terciar. Buscan reeditar lo que en el el 2007, Alfonsín intentó junto a Eduardo Duhalde con la fórmula electoral Lavagna-Ricardo Alfonsín, para competir con el kirchnerismo.

El héroe de una democracia del sometimiento

Alfonsín es recordado en definitiva por los representantes políticos y sociales de una clase capitalista que fue partícipe del terrorismo paraestatal, del genocidio y de los distintos saqueos nacionales que afectaron profundamente la vida del pueblo pobre y trabajador. Quienes intentan rescatar en él una figura progresista limitada por las relaciones de fuerza que existían entonces no hacen más que justificar las capitulaciones continuas del progresismo al imperialismo, la reacción y los grupos económicos.

Cuando murió Alfonsín en el 2009, recordábamos la frase del revolucionario francés Auguste Blanqui, quien sostenía que “En el proceso del pasado ante el futuro, las memorias contemporáneas son los testigos, la historia es el juez, y el fallo es casi siempre una injusticia, sea por la falsedad de las declaraciones, o por su ausencia o por la ignorancia del tribunal. Afortunadamente, la llamada permanece abierta, y la luz de los nuevos siglos, proyectada a lo lejos sobre los siglos transcurridos, denuncia los juicios de las oscuridad”. Los “juicios de la oscuridad” que se construyen con “la falsedad de las declaraciones” que nos ofrecen “las memorias contemporáneas”, buscan indultar históricamente a los políticos y partidos patronales responsables de las tragedias y derrotas de la clase trabajadora y el pueblo pobre.







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