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Gobierno español enviará al Ejército para garantizar confinamiento en barrios populares de Madrid

La segregación por barrios en Madrid avanza y el gobierno español ofrece al ejército y la policía para garantizarlo. Se desplegarán a partir del lunes para hacer cumplir las restricciones.

Pablo Castilla

ContraCorrent Barcelona

Jueves 24 de septiembre | 20:45

El confinamiento solo en los barrios populares de Madrid se ha confirmado. Según ha explicado este jueves el consejero de Justicia, Enrique López, queda descartado el confinamiento de la capital, aunque mañana se prevé anunciar nuevas restricciones en más zonas de contagios elevados acorde con los “parámetros objetivos”.

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Si bien todavía falta la ratificación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Fiscalía ya ha avalado las restricciones. En su informe, cataloga las medidas de “temporales” y “excepcionales” y justifica su implementación por motivos de “salud pública”.

Unas medidas restrictivas que contarán, como ya se había anunciado, con un amplio despliegue policial para poder garantizarlas. Tal y como ha pedido la Comunidad de Madrid, el ejército y la policía se desplegarán a partir del lunes para hacer cumplir las restricciones. El gobierno de Isabel de Díaz Ayuso había solicitado apoyo militar y policial urgente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se lo ha concedido.

La medida se conoce mientras este jueves los barrios obreros y populares de Madrid nuevamente se han manifestado frente a 50 centros de salud, exigiendo sanidad pública y en rechazo al confinamiento. En Vallecas, la respuesta de la Policía Nacional ha sido palos y represión contra los vecinos y la juventud.

La concentración en Vallecas que comenzó en el centro de salud, se trasladó hacia la Asamblea de Madrid. Allí, cuando comenzaba a desconcentrarse, la Policía Nacional comenzó a cargar contras las vecinas y vecinos que participaron de la concentración en defensa de la salud pública.

Con la decisión de enviar a fuerzas del ejército y la policía el gobierno “progresista” toma parte activa en la militarización de la ciudad para contener a los barrios obreros. El gobierno de Ayuso levanta un confinamiento selectivo, pues quienes viven en dichos barrios seguirán yendo a trabajar en sitios donde no se cumplen las medidas de seguridad y viajando en transportes públicos abarrotados para acrecentar los beneficios de una minoría.

No obstante, cabe recordar que el PSOE y Unidas Podemos ya actuaron de forma similar meses atrás durante el estado de alarma. ¿Acaso no desplegaron efectivos policiales que cargaron de multas a los barrios más pobres y declararon una cuarentena total mientras seguían enviando al trabajo a miles y miles de personas para proteger las ganancias de los más ricos?

En lugar de una prohibición efectiva de los despidos y un impuesto a las grandes fortunas para sufragar el gasto urgente en sectores como la salud pública o educación, se dedicaron a costear los salarios de empresas millonarias a través de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

¿Cuál es el mal menor entonces de este Gobierno frente al PP o Vox? Un supuesto gobierno “progresista” que aplica las mismas políticas que la derecha y cuando no está en su mano las avala enviando la policía que necesitan. El “mal menor” es Izquierda Unida y Podemos yendo a una concentración contra la segregación en Madrid después de que su gobierno haya enviado los efectivos que probablemente acaben reprimiendo.

Frente a esta situación, se hace necesario levantar asambleas en los barrios, los centros de trabajo y de estudio para pelear por una gran huelga general impuesta desde abajo a las burocracias sindicales, las cuales critican a la Comunidad de Madrid, pero defienden a Sánchez e Iglesias.

Espacios de autoorganización en los que discutir un plan para que esta crisis no la paguen los barrios pobres, sino los ricos; para que esta crisis la paguen los capitalistas y no la clase trabajadora y los sectores populares. Medidas de urgencia como intervención de la sanidad privada, la prohibición de los desahucios, la gestión del transporte público por trabajadores y usuarios para garantizar las medidas de seguridad, así como un plan de impuestos a las grandes fortunas para sufragar sectores esenciales como sanidad, educación y rentas de emergencia para quienes no tengan ingresos o se vean muy reducidos.







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