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JUJUY

Gerardo Morales cobra $ 329.000 por mes y fija una paritaria miserable a los estatales

El Gobernador de la provincia percibe mensualmente un sueldo bruto de poco menos de $330.000, a las claras, un monto que le permite vivir una vida sin sobresaltos. Mientras tanto impone una paritaria miserable a los trabajadores estatales que haría que pierdan en promedio un 11% de su poder adquisitivo en lo que va del año.

Martes 1ro de diciembre de 2020 | 11:00

El portal informativo Infobae dio a conocer una investigación sobre las dietas de los 24 gobernadores del país. En el mismo se observa un gráfico de barras con las privilegiadas dietas de los mandatarios que oscilan entre $350.000 a los poco más de $125.000. Sin dudas, retribuciones que nada tienen que ver con el salario promedio de un trabajador o una trabajadora registrados que hacen malabares para ver cómo llegan a fin de mes cobrando sueldos promedios de $35.000 y ni qué hablar de un jubilado que percibe una jubilación mínima de $18.000.

Este ranking no hace más que evidenciar los históricos privilegios de los que gozan los políticos profesionales de los grandes partidos y de las coaliciones electorales que gobiernan los destinos de miles de trabajadores pobres, que día a día mueven la rueda productiva permitiendo que un grupo muy selecto, que son a los que realmente representan estos políticos, se hagan cada día más ricos.

Gerardo en el Top Five

Iniciando el análisis del ranking se observa que Gerardo Morales (UCR-Cambia Jujuy), el gobernador de una de las provincias más pobres del país, cuenta con el cómodo y valioso cuarto puesto, con una remuneración bruta de $329.687 y un monto neto de $253.657. Cifras que nada tienen que ver, por ejemplo, con el salario de una enfermera o enfermero que percibe $23.000 en promedio o una docente de primaria con 10 años de antigüedad, que percibe $28.000, siendo los primeros trabajadores los que estuvieron en la “primera línea de batalla” (expresión repetida hasta el hartazgo por el primer mandatario) para enfrentar la pandemia y los segundos, junto a las familias, los que sostuvieron el sistema educativo en el mismo período.

Los montos revelados por este informe, demuestran que el lema de gobierno abierto y transparente del cual hace gala frecuentemente el Gobernador, siempre fue un simple eslogan de campaña, ya que a la fecha si uno recurre al sitio oficial del Gobierno de Jujuy puede observar que los montos publicados como valores de las dietas de los funcionarios, poco tienen que ver con la realidad. Según la información oficial publicada el primer mandatario cobraría un salario bruto de $167.559,55.

Yo, varios miles, ustedes, un 10%...

En estos últimos días se conoció el ofrecimiento miserable que hizo el gobierno de la provincia en lo que se llamaría una reunión paritaria con los diferentes gremios estatales. Paritaria que sólo conserva el nombre como título, ya que el “ofrecimiento” sería, como viene sucediendo desde que asumió Morales, una imposición unilateral. El monto de la recomposición salarial se aproximaría a un exiguo 10% con un bono de $3000 a cobrarse a fin de año y por única vez. Unos 6 kg de carne si no contamos el anunciado 30% de aumento para la misma que se registraría en los próximos días.

Es evidente la desproporción que arrojaría este porcentaje en lo que sería la dieta de un funcionario del poder ejecutivo, un diputado provincial o un juez con el salario de una maestra o una enfermera. Realizando un ejercicio gráfico que permita evidenciar esta desproporción y tomando como referencia el dato aportado por el informe, la dieta del Gobernador sufriría un aumento de $32.900 aproximadamente en su monto bruto y una maestra recibiría unos $2800 en los mismos conceptos. A las claras, la decisión política de este gobierno es la aplicación de un ajuste en los salarios de los trabajadores estatales.

Este concepto de ajuste que manifiesta un proceder a lo largo de las últimos años respecto a los salarios de los trabajadores y que se convirtió en la variable de ajuste de los distintos gobiernos, tuvo su máxima expresión en los últimos días cuando el Gobernador Morales junto al Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, presentaron el programa “Potenciar trabajo” en el que unos 10.000 trabajadores jujeños realizarían tareas por una remuneración mensual de unos $9.000 al mes, un valor inferior a lo percibido con el mísero IFE (asistencia de emergencia que ya fue eliminada del presupuesto nacional por el gobierno de Alberto Fernández) y que representa menos de la mitad de lo establecido como el salario mínimo vital y móvil para el mes de diciembre de este año, ya que el monto fijado sería de $20.588.

Estos datos demuestran que la iniciativa que impulsaron por medio de un proyecto de ley y llevan adelante los diputados del Frente de Izquierda para que todo funcionario, juez o legislador gane como un trabajador y ninguno de estos últimos cobre menos de lo que cuesta la canasta alimentaria total, es una necesidad imperiosa y que el bipardismo PJ-UCR se niega a tratar.

Esta reducción alarmante en el poder de compra de los trabajadores estatales debe ser enfrentada de manera contundente por las trabajadoras y los trabajadores de la provincia con medidas acordes a los ataques. Es imperioso un plan de lucha coordinado y votado por las bases para derrotar las imposiciones y los descuentos. Las bases de distintos sectores evidenciaron en los últimos días que las fuerzas están, son las conducciones gremiales las que deben convocar a un gran paro provincial para frenar a Morales y sus políticas.







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