Política

IMPUNIDAD

Genocidas libres y mirando vidrieras en San Luis

Desde la asunción de Mauricio Macri más de 50 represores condenados por delitos de lesa humanidad brindarán en estas fiestas desde el confort de sus hogares. San Luis, no es la excepción.

Jueves 22 de diciembre de 2016 | 09:51

Los juzgados federales han concedido de forma masiva el beneficio de prisiones domiciliarias y excarcelaciones a militares y policías condenados por su participación en el llamado “Proceso de Reorganización Nacional” que tuvo su inicio el 24 de marzo de 1976, la dictadura genocida más sangrienta de la historia argentina.

Los represores de San Luis – condenados por delitos de lesa humanidad en los tres juicios orales realizados en la provincia - no son la excepción a la benevolencia de los magistrados federales, ya que han sido beneficiados con prisiones domiciliarias, excarcelaciones y salidas transitorias, a pesar de las altas condenas recibidas en su momento.

Estas liberaciones, como bien afirman las organizaciones de Derechos Humanos puntanas, ponen en riesgo la integridad física, psíquica y moral de quienes atestiguaron sobre los vejámenes a los que fueron sometidos por quienes hoy se pasean libremente y muy tranquilos por las calles de la ciudad mirando vidrieras.

Los genocidas liberados hasta ahora son los siguientes: Menéndez, Luciano Benjamín; Fernández Gez, Miguel; Pla, Esteban; López, Benjamín; Rosello, Oscar; Cremonte, Hugo; Dana, Horacio; García, Calderón Andrés; Garro, Juan; Gil Puebla, Pedro; González Moure, Marcelo; Jofré, Benjamín; Leyes, Rafael; Martínez, Armando; Moreno Recalde, Vicente; Natel, Jorge; Ortuvia Salinas, Andrés; Ozarán, Carlos; Palma, Santos; Rodríguez, Roque; y Rossi, Ricardo. Es decir, de 29 condenados, 21 están libres. ¡Una verdadera cachetada a la histórica lucha por la memoria, la verdad y la justicia!

Este intento por parte del gobierno macrista de garantizar la impunidad a los genocidas civiles y militares hablando de reconciliación y negando el genocidio envalentona a sectores de derecha y reaccionarios, pero fundamentalmente busca legitimar el accionar de las fuerzas represivas del Estado y deslegitimar la pelea por transformar la sociedad de raíz que dieron amplios sectores de obreros y estudiantes durante los años ’70. De esta manera, les va a resultar más fácil descargar fuertemente sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo pobre el plan de ajuste en curso.

Sin embargo, esto no es para nada nuevo. Durante el gobierno nacional kirchnerista, la justicia federal le concedió a más de 400 genocidas el beneficio de la prisión domiciliaria. Y, en la Provincia de San Luis, es bien conocida la carta que los hermanos Rodríguez Saá le enviaron al Almirante Eduardo Massera en plena dictadura militar, pidiendo más represión a la subversión. ¿Qué otra cosa podemos esperar de tales funcionarios políticos?

Por eso, no podemos permitir un paso más atrás. Las mujeres, los trabajadores y la juventud tenemos que organizarnos en nuestros lugares de trabajo y estudio para defender la lucha histórica por los Derechos Humanos, la verdad, la memoria y la justicia, movilizándonos, de manera independiente del Estado y todas las instituciones, para que no se les otorgue más beneficios a los genocidas y lograr la cárcel común perpetua y efectiva de todos ellos.






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