Política

FUERZAS REPRESIVAS DE ESTADO

Gatillo fácil: se presentó amparo en La Plata contra el protocolo criminal de Bullrich

Organismos de derechos humanos exigen que se frene, por inconstitucional, la resolución 956 sobre el “Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”.

María Luz Santos Morón

Abogada CeProDH // Integrante de la querella de Justicia Ya!

Viernes 21 de diciembre de 2018 | 11:30

El pasado martes organismos y referentes de derechos humanos, junto a organizaciones políticas y sindicales, presentaron ante el Poder Judicial federal de La Plata una acción de amparo y solicitud de medida cautelar contra la resolución 956-2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que autoriza a las fuerzas federales a ejecutar a cualquier persona que sus integrantes crean o presientan “sospechosa”.

Entre los organismos de derechos humanos que presentaron el amparo se encuentran la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), la APDH, Hijos La Plata y APEL. E interviene el Juzgado Federal Nº 2 de La Plata, a cargo de Adolfo Ziulu.

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Quienes presentaron el recurso manifestaron que la resolución de Bullrich significa “la grave afectación de los derechos a la vida, la integridad física y la salud de la totalidad de los ciudadanos que residen, trabajan, o circulan por el territorio nacional, en donde las Fuerzas Federales de Seguridad (destinatarias de la Resolución ) se desempeñan”.

A su vez denunciaron “que la resolución viola la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”.

Cabe recordar que recientemente el Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires hizo lugar a una medida cautelar en la que también se denunció por inconstitucional este reglamento que legaliza el gatillo fácil y la represión, ordenando la suspensión de su aplicación.

Con la falsa y ambigua excusa de un supuesto “peligro inminente”, la Resolución habilita a las fuerzas de seguridad federales a disparar sus armas de fuego, con total impunidad y discrecionalidad, legitimando la pena de muerte de hecho.

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No podemos permitir que con una resolución del Ministerio de Seguridad se legalice el gatillo fácil, porque esta legalización implicará la profundización de estas prácticas represivas que desde el año 1983 ya suman más de 5.400 casos.

La medida del Gobierno y de Patricia Bullrich se da en un contexto en el que hay una avanzada represiva que va desde la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, el fusilamiento de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura y la llamada “doctrina Chocobar”, hasta el Decreto presidencial 683 que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión interna, los recientes asesinatos de Rodolfo Orellana y Marcos Soria por las policías Bonaerense y de Córdoba, al endurecimiento de la criminalización y la represión a los que luchan y la injusta prisión de Daniel Ruiz, Milagro Sala y demás presos por luchar.

A esto se suman los proyectos de reforma de códigos procesales penales y del Código Penal para reprimir a los sectores oprimidos, a los trabajadores, las mujeres, la juventud y el pueblo pobre. Bajo el gobierno de Macri, en menos de tres años, el Estado ya asesinó a más de 1.100 personas con el gatillo fácil. En la Provincia de Buenos Aires ya murieron 17 personas en incendios evitables en comisarías de Pergamino y de Esteban Echeverría. El Estado es responsable.

El objetivo de estas medidas represivas es disciplinar a los sectores populares con el fin de hacer pasar sus planes de ajuste, desocupación, miseria, y el pago de la deuda externa sobre las espaldas de los sectores populares.

El recurso de amparo presentado el martes en La Plata, además de sumarse a otras presentaciones judiciales, va indisolublemente unido al repudio y la movilización en las calles para lograr derribar esta nefasta resolución, así como lo hicimos con el beneficio del 2x1 a los genocidas.







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