Política

GODOY CRUZ

García Zalazar prepara desalojos y represión para las familias sin techo

Ante el reclamo de cientos de familias por vivienda digna en el departamento, la respuesta del intendente es la fuerza policial.

Miércoles 31 de agosto de 2016 | 19:08

El intendente radical Tadeo García Zalazar, se reunió con los cuatro fiscales del departamento; el jefe de la Policía y funcionarios del Ministerio de Seguridad, para analizar los casos de unas 100 familias del departamento, que en las últimas semanas ingresaron de forma pacífica a terrenos ociosos para reclamar por vivienda digna. El Intendente pidió que las familias trabajadoras sean desalojadas de inmediato e informó que armará un protocolo de acción.

El Gobierno provincial, del mismo signo político que el del municipio de Godoy Cruz, lleva adelante un ajuste contra los trabajadores, con tarifazos y salarios cada vez más bajos. Con el aumento de la pobreza también crece el déficit habitacional. Y la solución que el intendente Salazar tiene frente al reclamo de las familias por vivienda digna, es un protocolo para desalojar y reprimir la protesta.

FOTO: abrazo de radicales. El gobernador Cornejo y el intendente de Godoy Cruz.

La ocupación de terrenos ociosos es expresión de un problema más profundo. La falta de vivienda es un sufrimiento de miles en la provincia. La UCR y el PJ gobiernan hace 33 años, asegurando negocios millonarios a grandes empresarios, mientras las familias trabajadoras tienen problemas estructurales que siguen sin resolverse, como la falta de vivienda y de urbanización en los barrios del Este y el Oeste del departamento.

Los funcionarios cínicamente plantean que habrá castigos para las personas que participen de usurpaciones, quitándoles la ayuda social que reciben, mientras ellos aplican el ajuste y son parte de una casta privilegiada que vive en lujosos barrios.

El Gobierno y muchos medios de comunicación pretenden condenar la desesperación de quienes no tienen más opción que ocupar terrenos ociosos, pero deciden no hablar del negocio inmobiliario que empuja a muchas familias a vivir en condiciones miserables mientras se construyen barrios privados para un puñado de ricos.

García Zalazar y sus funcionarios aseguran que las ocupaciones estuvieron organizadas por grupos kirchneristas, con el fin de desestabilizar su gobierno. Más allá de la disputa entre los partidos de los empresarios y punteros políticos, con estas afirmaciones intentan negar la verdadera necesidad de vivienda digna que hoy tienen miles de trabajadores del departamento, condenados a vivir en villas y asentamientos.

Frente a la situación de emergencia habitacional la salida no son los desalojos. Es necesario y urgente un plan de obras públicas, infraestructura y viviendas populares que debe planificarse en base a impuestos progresivos a las grandes fortunas. Un plan de viviendas y obras públicas bajo gestión de los trabajadores y las organizaciones barriales. Y acompañar esta política estableciendo un fondo público para préstamos accesibles dirigidos a la construcción de viviendas.

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