Política

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Funcionarios PROdictadura en el gobierno de Mauricio Macri

Entre el personal político del gobierno se encuentran funcionarios y defensores del genocidio, incluso excarapintadas. Con algunos de los nombramientos dieron marcha atrás, porque generaron gran repudio.

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Alejandrina Barry

@AleBarry19

Jueves 17 de diciembre de 2015 | Edición del día

Historial de los nuevos funcionarios del gobierno

Carlos Manfroni fue designado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en la Subsecretaría de Articulación Legislativa de este Ministerio. Manfroni, portavoz de la mano dura, durante la dictadura fue columnista de la revista nazi Cabildo, vocero del golpe cívico-militar. Como columnista del diario La Nación objetó los juicios de lesa humanidad. Cuestionó la Revolución Francesa, a intérpretes de rock como Charly García, y continuó reivindicando el nacional catolicismo como lo hacía desde Cabildo. El rechazo a esta designación y la carta del cantante Charly García pidiendo que el gobierno de Macri se disculpe con él, habrían sido las causas para que el gobierno diera marcha atrás con el nombramiento.

Santiago Manuel de Estrada fue mencionado para ocupar la Secretaría de Culto de la Cancillería. Fue secretario de Seguridad durante la dictadura militar de Juan Carlos Onganía entre 1967 y 1969, cargo que volvió a ocupar a partir del golpe de 1976 hasta 1983. Paralelamente, entre 1979 y 1983, fue interventor del Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados. Está vinculado a los sectores más conservadores de la jerarquía católica y entre 1984 y 1989, durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, cumplió funciones como embajador argentino en el Vaticano.

Ante este nombramiento el Papa Francisco, a través de sus emisarios, habría pedido al gobierno que Estrada no asuma como secretario de Culto.

Oscar "el Milico" Aguad es el “flamante” ministro de Comunicaciones (que busca vetar la ley de medios). Amigo del represor Luciano Benjamín Menéndez, condenado a prisión perpetua. Su apodo es todo un dato. Y se lo ganó no solo por sus vínculos con represores, sino por el rol que él mismo cumplió en la función pública. En 1995, en su Córdoba natal, fue designado ministro de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social de la Provincia, por el entonces gobernador Ramón Mestre. El ajuste que aplicó Mestre, una quita del 30 % en los sueldos de los empleados estatales y los jubilados, provocó importantes manifestaciones. Aguad fue el encargado de coordinar la represión y de hacer inteligencia ilegal para identificar a militantes obreros y populares que se movilizaban.

A Juan Manuel Lucioni el intendente del PRO Diego Valenzuela lo puso al frente de la Secretaría de Seguridad de Tres de Febrero. El 24 de mayo de 2006 Lucioni participó de un acto en Plaza San Martín que homenajeaba a las "víctimas de la subversión", convocado por la Unión de Promociones del Ejército, la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos (AFyAPP) –que comanda Cecilia Pando– y la Asociación Memoria Completa. Fue denunciado y sancionado con 40 días de prisión.

La intendencia de Mar del Plata quedó en manos del exfuncionario de la dictadura Carlos Arroyo, quien en el pasado adhirió a los alzamientos Carapintadas; integró la lista electoral del exsubcomisario represor de la dictadura Luis Patti; se opuso a declarar símbolo nacional los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo y, por supuesto, se opuso al matrimonio igualitario.

Entre los que fueron a festejar su triunfo al búnker electoral se encontraba el referente de una de las organizaciones de ultraderecha locales, Carlos Pampillón, quien motorizó el grupo de choque que golpeó a un grupo de mujeres cuando participaban de la marcha de cierre del XXX Encuentro Nacional de Mujeres, las cuales posteriormente fueron reprimidas por la Policía de Scioli.

Germán Garavano, actual ministro de Justicia, intentó implementar en 2008 sanciones contra quienes se manifestaran en la Ciudad de Buenos Aires sin autorización. Además integra la organización FORES que escribió el contrainforme del Nunca Más, en el cual se defiende la actuación de los militares durante la dictadura.

Juan José Gómez Centurión ocupará la Dirección General de Aduana. Es un excarapintada y hasta hace unos días su nombre sonaba como posible ministro de Defensa. Participó de los levantamientos de Semana Santa, en abril de 1987, y de Monte Caseros, en enero de 1988. Gómez Centurión es funcionario del PRO desde hace tres años, al frente de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

Mauricio es Macri

El actual presidente continúa con la misma política que llevó adelante como jefe de Gobierno porteño: le otorga poder e impunidad a funcionarios, militares y civiles, responsables de la última dictadura cívico-militar.

Como hemos denunciamos en este diario, los altos mandos de Policía Metropolitana vienen de la dictadura y fueron los responsables de la represión a la protesta social y los desalojos de los barrios populares, durante el gobierno de Macri en la Ciudad.

Los perfiles elegidos de funcionarios, entre ellos exmilitares que reivindican el terrorismo de Estado, es la muestra de que su política es avanzar en la impunidad para los genocidas y, esencialmente, para los civiles.

Recordemos que todo el bloque del PRO se opuso a la conformación de la comisión bicameral para investigar los delitos de los empresarios durante la dictadura.
Estos nombramientos, junto con los de los CEOs, es un mensaje temerario de cómo aplicará los planes de ajuste contra los trabajadores y sectores populares para favorecer a los grandes empresarios, verdaderos ideólogos y responsables del golpe militar.

Tan es así que, un día después del balotaje, los grandes empresarios leyeron el triunfo de Macri como la posibilidad inmediata de reclamar impunidad para los genocidas (como lo expresó un editorial del diario La Nación), y comenzar una batalla para imponer la versión de los militares sobre lo ocurrido en los años 70.

Como objetivo de máxima esperan poder paralizar todos los juicios contra los genocidas y el más inmediato es que no avancen las causas contra los civiles. Pero también buscan fortalecer un aparato represivo para redoblar la represión contra el pueblo trabajador que enfrentará los planes de ajuste y despidos.

Esta política chocará con una importante resistencia. La respuesta de los trabajadores del diario La Nación repudiando ese nefasto editorial, junto con el repudio del conjunto de los organismos de derechos humanos y personalidades políticas, es un primer síntoma de ello.

La marcha atrás con algunos de estos temibles nombramientos, demuestra que no será fácil avanzar por este camino. La política del macrismo encuentra un límite en la conciencia ganada de un importante sector de los trabajadores y el pueblo, que durante cuatro décadas se ha movilizado contra la impunidad y la represión enfrentando a los distintos gobiernos.

Los juicios contra los genocidas fueron producto de este enorme movimiento de lucha que no aceptaron la impunidad, la reconciliación ni el perdón. Para enfrentar la política de este nuevo gobierno y seguir peleando por encarcelar a todos los genocidas y los empresarios, será necesario nuevamente desarrollar la más amplia movilización. Esta batalla también se definirá en las calles.







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