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Funcionaria del genocida Bussi ahora es funcionaria en la Legislatura de Tucumán

Pedicone de Valls fue Fiscal de Estado durante el gobierno del represor y defensora en el juicio político por las cuentas ocultas en Suiza. Ahora será la jefa de los abogados en la cámara.

Martes 24 de marzo | 23:15

La atención demandada por el coronavirus colaboró para que el dato no trascienda al "círculo rojo" de la política local. Pero el hecho y la fecha reavivan los, a veces sutiles, lazos del peronismo con el bussismo. En la Legislatura se creó un cargo, importante en su organigrama, para Gilda Pedicone de Valls, quien supo ser abogada de Antonio Domingo Bussi. La ex funcionaria bussista fue nombrada al frente de la Dirección de Asesoría Letrada. El vicegobernador Osvaldo Jaldo creó ese cargo con nombramiento discrecional.

Una carrera con caminos cruzados con el bussismo

Pedicone de Valls guarda cierto reconocimiento por sus trabajos académicos, quedando sus actuaciones políticas y la relación con el bussismo cada vez más en un segundo plano.

En la primera megacausa donde se juzgaron algunos crímenes cometidos durante el Operativo Independencia, un informe de la Fiscalía de Estado de la Provincia dio cuenta del personal nombrado en esa dependencia entre mayo de 1975 y octubre de 1976. En épocas donde Bussi ya era una personificación del genocidio, fueron nombrados personajes como José Roberto Abba, que fue acusado por ser capitán y auxiliar de la sección jurídica del Comando de la V Brigada aunque fue absuelto. En esa nómina se encontraba el nombre de Gilda Pedicone y de su esposo Carlos Valls.

Desde 1978 se desempeñó como asesora letrada de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia, junto con el inicio de su carrera académica en la Facultad de Derecho. Lo hizo bajo la gestión del interventor Carlos Raúl Landa, quien, como indica el historiador Roberto Pucci, “regularizó” la planta docente universitaria “mediante concursos fraudulentos de los que permanecían excluidos los profesionales e intelectuales críticos e independientes, apartados brutalmente de sus cátedras”. Landa, ya restablecido el régimen democrático, fue denunciado por los estudiantes por haber confeccionado listas negras.

Ya con Bussi como gobernador (1995-1999), Pedicone de Valls fue nombrada como Fiscal de Estado, en octubre de 1996. Durante esa gestión, como parte del círculo íntimo, será su abogada en el juicio político por las cuentas en Suiza que el genocida ocultó. “No niego ni afirmo”, fue la frase usada por el represor respecto a la posesión de 100.000 dólares en el exterior, que había omitido en su declaración jurada.

Durante el apogeo del bussismo, Pedicone de Valls también tuvo mucho protagonismo durante el conflicto con la Compañía Aguas del Aconquija (CAA), concesionaria del servicio de aguas y cloacas, subsidiaria de grupo de capitales franceses. Como Fiscal de Estado, Pedicone de Valls fue la que diagramó y ejecutó la estrategia del litigio entre la Provincia y CAA ante los tribunales del Ciadi, que terminó en 2007 con una sentencia de pago de U$S 105 millones, más intereses y costas, a favor de los capitales franceses.

Como defensores de CAA estuvo el equipo de abogados del estudio de la familia Colombres Garmendia. Paradójicamente, Pedicone de Valls y Alberto Colombres Garmendia confluiran años después en el macrismo.

El conflicto con CAA marcó el derrotero de Pedicone de Valls como funcionaria. Luego de que Bussi logrará sortear el juicio político, con los votos mayoritarios de Fuerza Republicana, firmó un decreto designando funcionarios para asesorar a Cooper durante la discusión por el servicios de agua que iba a tener con la Nación.

Cooper era una consultora involucrada en la privatización de Entel y Somisa, donde fue protagonista la secretaria menemista María Julia Alsogaray, condenada luego por corrupción. Alsogaray tenía bajo su órbita al Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), que iba a hacerse cargo del servicio de agua y cloacas hasta una nueva licitación.

El decreto firmado por Bussi era desconocido y, aduciendo esto, Pedicone de Valls renunció, entre lágrimas, a la Fiscalía de Estado. No obstante, su último acto como funcionaria bussista fue despegar del escándalo a Bussi.

Pedicone de Valls continúo con la relación con el genocida y su familia, hasta el último día. En noviembre de 2011 despidió a Bussi con un aviso en La Gaceta. Junto a su marido, harán lo mismo ante la muerte de José Luis, uno de los hijos de Bussi, en octubre del año pasado.

Paradójicamente, Pedicone de Valls es reconocida en su carrera académica como constitucionalista. En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán llegó a titular de la cátedra de Derecho Constitucional y de Derecho Electoral. También decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Aquino y directora Académica del Colegio de Abogados de Tucumán.

La funcionaria del bussismo volvió a la política con un perfil mucho más bajo en Cambiemos. Lo hizo de la mano de otro bussista, Pablo Walter. Durante la gestión de Macri fue la presidente de la versión local de la Fundación Pensar, el think tank macrista.

Apostillas de un régimen

La designación de Pedicone de Valls no es la primera de funcionarios la dictadura y el bussismo que ocurre en manos del peronismo. Así José Alperovich intentó nombrar como vocal de la Corte Suprema a Francisco Sassi Colombres. Quién sí lo logró fue René Goane, que estuvo en el máximo tribunal durante 30 años.

El último caso fue la designación de Manzur de Facundio Maggio como juez penal. Desoyendo a organismos de DDHH, postuló a convencido defensor de genocidas durante los últimos juicios y también abogado del Arzobispado.

Ese reciclaje “democrático” de personajes que hicieron carrera en los momentos más cruentos, un genciodio contra la clase obrera, son las apostillas del régimen tucumano.







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