Medios de comunicación

CONFERENCIA DE PRENSA

Fuerte repudio a la violencia policial contra trabajadores de prensa

Fue durante una conferencia de prensa realizada en la Legislatura Porteña. Organizaciones sindicales de prensa, medios alternativos y organismos de derechos humanos aseguran que hay una claro ataque a la libertad de prensa.

Viernes 15 de septiembre | 17:40

La conferencia de prensa fue convocada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Asociación de Reporteros Gráficos de Buenos Aires (ARGRA) y la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), luego de los ataques que sufrieran distintos periodistas y reporteros gráficos durante la feroz represión que llevó adelante la Policía de la Ciudad, al culminar la masiva marcha para pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado el pasado 1° de septiembre.

Precisamente, tres de los 31 detenidos de aquel entonces describieron la forma arbitraria y brutal en la que fueron detenidos mientras desarrollaban tareas de prensa durante la "cacería" policial: Ezequiel Medone (Red Nacional de Medios Alternativos), Carlos Guerra (fotógrafo) y Paola Montero (fotógrafa). Dos días después de estar incomunicados y sufrir maltrato por parte de la policía, fueron liberados.

Según declaraciones de uno de los detenidos de aquella jornada, Ezequiel Medone de Antena Negra y Red Nacional de Medios Alternativos, “la violencia contra los que estábamos realizando tareas de prensa es un ataque a la libertad de expresión y fuimos detenidos por el rol que estábamos cumpliendo en ese momento, como a los docentes los atacan por hablar de Santiago Maldonado”.

También se hicieron presentes en la Sala de Conferencias de la Legislatura, organismos de derechos humanos y antirrepresivos y legisladores de la ciudad.

Tomaron la palabra a su turno distintos referentes como Fernando Tato Dondero y Tomas Eliaschev (SiPreBa), Graciela Calabrese (ARGRA), Maria del Carmen Verdú e Ismael Jalil (CORREPI), Diego Morales (CELS).

Tomás Eliashev, secretario de Derechos Humanos del Sipreba declaró: “Los compañeros trabajadores de prensa detenidos el 1 de Septiembre sufrieron maltrato y torturas psicológicas. No cometieron ningún delito, lo que estaban haciendo era registrando los hechos con sus cámaras, debidamente identificados. Nos parece una grave afrenta a la libertad de expresión. Es un hecho de censura”. Además, mencionó los graves hechos represivos que sucedieron en otras protestas de trabajadores: “Lamentablemente no es la primera vez, en la represión a los obreros y obreras de Pepsico en el Congreso de la Nación, un compañero de Clarín recibió gas pimienta en su rostro de parte de tres policías. No son hechos aislados, consideramos que hay responsabilidad del poder político. En ese sentido, nos reunimos ayer con autoridades del Ministerio de Seguridad porteño para esclarecer estos hechos y reclamar que jamás vuelva a pasar.”

La abogada María del Carmen Verdú de Correpi, sostuvo “Existe una sostenida política del gobierno de Cambiemos dirigida no solo a la represión general, sino también con una parte especialmente dirigida hacia los trabajadores de prensa y esto lo confirmamos la misma noche del Viernes (1 de Septiembre) cuando empezaron a llegar los reportes de las detenciones.”

Entre los legisladores porteños, se encontraban Patricio Del Corro (PTS/FIT), Marcelo Ramal (PO/FIT), Pablo Ferreyra (FPV), Jose Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro/FPV), Gabriel Fuks (Corriente Nacional de la militancia), Fernando Vilardo (Autodeterminacion y Libertad). Además, se hicieron presentes Luis Zamora y el abogado laboralista León Piasek.

Los testimonios de los trabajadores de prensa detallaron los múltiples hechos del accionar policial de los cuáles han sido víctimas durante los últimos meses. Es decir, se trata de una avanzada integral sobre los trabajadores que se repite de manera sistemática en el último tiempo. El particular ensañamiento contra esta actividad, los atentados por parte del gobierno macrista a la libertad de expresión y el libre ejercicio de la labor periodística no son novedad. El año pasado, el Ministerio de Seguridad intentó imponer un protocolo de seguridad colocando un “corralito” para los trabajadores de prensa, que pretendía impedir libremente el trabajo periodístico.






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