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MIGRACIÓN

Frontera Segura: El control marítimo antimigración del gobierno de derecha

Como parte del programa “Frontera Segura” instituciones como PDI, Carabineros y Ministerio Público acordaron aumentar el control represivo en la frontera marítima, al ser esta un área nueva de ingreso de migrantes.

Lunes 11 de junio | 08:49

La precariedad de la realidad de las y los migrantes en Chile ha ido aumentando en los últimos años. Ante este fenómeno social, que se presenta en Chile y otros países del mundo, la derecha nacional e internacional impone una política xenófoba y punitiva, que pretende como línea general aumentar la represión en la frontera y justificar la especialización de las fuerzas represivas, fortaleciendo las penas por inmigración y la precariedad del ingreso para las personas que llegan al país.

El programa Frontera Segura, es elaborado y aplicado por PDI, Carabineros, Ministerio Público, la Dirección General de Territorio Marítimo, la Marina Mercante y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entre otros. Es decir, se trata de fuerzas represivas del Estado, que han estado involucradas en denuncias de abuso de poder, fraudes económicos -como Carabineros- casos como el montaje de la Operación Huracán, e inclusive denuncias a algunos de sus integrantes por tráfico de armas y drogas.

Una política anti inmigrantes que afecta a la clase obrera

El programa Frontera Segura es parte de una serie de medidas que el gobierno de Piñera y de los empresarios para justificar el fortalecimiento de la represión. Como lo es la policía municipal de Evelyn Matthei (UDI) en Providencia o la policía especializada en la Araucanía, ambas secciones represivas que pueden funcionar por fuera de obligaciones de transparencia, como es usar mascaras u ocultar la identidad legal.

Esto es parte del aumento de leyes contra el pueblo pobre, como lo es la ley de encarcelamiento a menores de edad que el gobierno pretende hacer pasar por el Congreso, aumentando las penas y criminalización a menores de edad, especialmente de sectores populares.

En este marco se aplica el programa de ‘Frontera Segura’, que apela a controlar y perseguir a la población migrante, que actualmente es una de las mas precarizadas en Chile, a costa de bajos sueldos y subcontratos que alimentan a las familias más ricas de Chile, cuyas acciones se encuentran en casas comerciales, centros mineros, corredoras de autos y casas, y en el mismo parlamento.

Estas medidas atacan a las y los trabajadores limitando la organización y criminalizando la protesta ¿Cómo limita la organización? Al fundamentarse en la división de ‘trabajadores Chilenos’ v/s ‘trabajadores migrantes’, impulsando la criminalización al migrante instalando un discurso que detrás de la “anti delincuencia” esconde la xenofobia y la discriminación, la medida en cuestión separa la precariedad del chileno/a con la de quien inmigra, separando los puentes que nos unen en una posición contraria quienes usufructúan de nuestro trabajo, los empresarios, y la clase dominante. Por otro lado, criminaliza la protesta aumentando la fuerza represiva en las calles contra el movimiento estudiantil y contra toda forma de organización que pueda poner en jaque los intereses al empresariado y el gobierno.

Es necesario finalmente tener presente la unidad de las y los trabajadores, sin considerar país de procedencia, ya que es esta la unidad que le puede hacer el peso contrario a las y los privilegiados de este sistema económico desigual y discriminador, que le roba a la gente su vida y su trabajo y que favorece la corrupción, la explotación, la trata de personas y la pobreza.






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