Política

Frente a la falta de vacantes, jardines de segunda

Hernán Cortiñas

Congresal Unión de Trabajadores de la Educación (UTE)

Jueves 9 de octubre de 2014 | Edición del día

En la Ciudad más rica del país todos los años se repite la misma noticia: miles de niños/as de 45 días a 5 años se quedan sin vacante en los jardines públicos de la ciudad de Buenos Aires. Esto ha sido responsabilidad de los diferentes gobiernos que sistemáticamente no construyeron los jardines que necesitamos, usando como argumento que sólo es obligatoria la sala de cinco años. Sin embargo la Constitución de la Ciudad de Bs As establece que el Estado porteño tiene la “responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita a partir de los cuarenta y cinco días”. Este incumplimiento genera un grave problema a los/as trabajadores/as que, además de laburar largas jornadas, deben pagar carísimas instituciones privadas.

El año pasado, a partir del conflicto de la inscripción on–line, el Ministro de Educación porteño tuvo que reconocer que 9000 niños/as de nivel inicial se quedaron, nuevamente, sin escuela. Como solución, el gobierno macrista viene promocionando en los medios de comunicación la implementación de Centros de Primera Infancia (CPI), pero detrás de la propagada se esconden la precarización y privatización de la educación inicial. Este tipo de proyectos, que funcionan principalmente en la zona sur de la ciudad, terminan de este modo cristalizando la desigualdad educativa.

En el último año, ya suman 53 los CPIs bajo la modalidad “charter”, abarcando una población de 6500 niño/as, pero la gran mayoría de ellos antes eran jardines privados que ahora ven el negocio de transformarse en CPI. Esto implica que el Estado no paga los sueldos docentes, sino un monto fijo por cada niño/a (este año es de $1500). De este modo el Gobierno Porteño sale en la foto de la inauguración pero se desentiende de la superpoblación de las salas, la precarización laboral y los recortes de infraestructura y material didáctico, que estas entidades realizan para “garantizar” las ganancias de sus organizaciones bajo el paraguas legal de una ONG; un negocio redondo para todos, menos para los chicos/as y los/as trabajadores.

Los CPIs ni siquiera son clasificados como espacios educativos ya que dependen del Ministerio de Desarrollo Social. Además en la modalidad “charter” las docentes no son tomados por concursos públicos, lo que permite discrecionalidad en las designaciones. Además precariza la situación laboral, ya que las trabajadoras son tomadas en pésimas condiciones (contratos de locación o monotributistas), sin respetar los derechos que establece el Estatuto Docente (concursos, licencias, vacaciones, monto de sus sueldo, entre otros derechos laborales). Esto pone en riesgo no sólo los derechos de las docentes, sino también el de los/as chicos/as, ya que en muchos casos el personal contratado es “no docente”, devaluando la importancia de la educación desde los primeros años.

Julieta maestra jardinera del CPI “Legión de la Buena Voluntad”, organización religiosa ecuménica brasileña, declaró al Diario Z: “Los maestros de los CPI somos más vulnerables, porque estamos bajo el convenio de UTEDyC –el gremio de trabajadores de entidades deportivas– y no por el Estatuto Docente. Estamos en blanco pero ganamos menos que los docentes. Este trabajo tampoco cuenta para la antigüedad docente y tenemos menos días de licencia y de vacaciones.”

Celeste Peyon, delegada de Primera Infancia declaró a La Izquierda Diario: “Experiencias similares ya existían en CABA, son los jardines de primera infancia que funcionaban dentro del programa Z.A.P. (Zona de Acción Prioritaria), hoy llamada Área Socio Educativa. Luego de años de lucha y organización se conquistó el ingreso al Estatuto Docente y se continúa peleando por la titularización y para que se construyan jardines estatales para estas salas; subsanando, de esta manera, la falta de escuelas infantiles. Los CPI, en cambio, continúan profundizando las diferencias educativas, mientras son incorporados a la inscripción on-line, escondiendo la real cantidad de niños/as que se quedan sin escuelas infantiles”.







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