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Frenéticos giros de Macri por el caso Maldonado

De la negación a la sospecha sobre gendarmes sueltos, focus group mediante. El uso de la víctima de acuerdo a las necesidades de la polarización electoral.

Juana Galarraga

@Juana_Galarraga

Viernes 22 de septiembre de 2017 | Edición del día

“No hubo ninguna situación de violencia”, había afirmado Patricia Bullrich en su presentación ante el Senado de la Nación, dos semanas después de los hechos del 1° de agosto en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. La denuncia por la desaparición de Santiago Maldonado crecía y la única preocupación del Gobierno consistía en disipar toda duda que se posara sobre el accionar de la Gendarmería y los funcionarios del Ministerio de Seguridad.

En esos días de ardua actividad pública, la ministra de Seguridad llegó a decir que los que habían sufrido violencia habían sido los gendarmes que llevaron adelante el operativo, por parte de los mapuches "sacados" que tiraban piedras.

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Entre el “no hubo ninguna situación de violencia” de una Bullrich decidida a bancar a su fuerza y el “le dimos corchazo para que tengan” del audio de Whatsapp de un gendarme que trascendió este jueves, pasaron un mar de operaciones políticas, judiciales y mediáticas. En estos 51 días desde la desaparición forzada de Santiago, la carne podrida fue la regla.

Los únicos testimonios tendientes a esclarecer el caso fueron los de los mapuches y testigos que padecieron la represión. Obviamente, fueron permanentemente ninguneados por el Poder Judicial, acusados de "terroristas, violentos" y ligados todos ellos de forma falsa a la llamada RAM. Hasta el mismísimo Presidente, que se ha referido muy escuetamente a la crisis abierta por la desaparición de Santiago, se tomó tiempo para tratarlos de mentirosos.

Las hipótesis que el Gobierno no quería descartar los primeros días, fueron cayendo una a una. Un punto de inflexión en el armado del relato oficial, sobre la violencia de los mapuches y la inocencia de la Gendarmería, fue la caída de la hipótesis del puestero, quien supuestamente podría haber herido y asesinado a Santiago días antes del desalojo. Cuando los resultados del análisis de ADN indicaron que la mancha de sangre en la camisa del hombre no era de Santiago, las miradas empezaron a concentrarse con cada vez menos dudas en torno a la fuerza verde oliva.

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El Gobierno tomó medidas. A Bullrich la guardaron. Estaba muy quemada por la defensa acérrima de la Gendarmería y cada vez había menos elementos para apuntalar esa defensa. Intervino el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj. Habló el ministro de Justicia Germán Garavano. Gonzalo Cané se estableció en el Juzgado Federal de Esquel. Los resultados de los focus group que recomendó Durán Barba mostraban que el Gobierno debía tener un rol más activo porque el nombre Santiago Maldonado estaba en boca de casi todos.

La operación que comenzó a montarse, ya con menos posibilidades de tender nuevas hipótesis, intentó instalar la idea de que la desaparición de Santiago pudo haber sido responsabilidad de “algunos gendarmes” sueltos, a los que se les fue la mano. Evidentemente, iba a haber que tirar algunos gendarmes por la ventana.

Los efectivos que participaron del operativo empezaron a declarar, pero no en calidad de imputados sino de meros testigos. Las contradicciones entre los testimonios de unos y otros fueron evidentes desde la primera ronda que abrió la boca. De repente uno habló de un piedrazo. Otro admitió que disparó a un bulto que se veía como una sombra entre los arbustos. Hasta este jueves, que trascendió el contenido de un audio en el que un gendarme usó la palabra corchazo.

El juez Otranto por su parte, ante el cercamiento en torno a la Gendarmería, recrudeció su accionar contra la comunidad mapuche. No sólo siguió el hostigamiento de las fuerzas represivas a los miembros de la Pu Lof en Resistencia. Otras comunidades de la región padecieron allanamientos violentos, en los que supuestamente los efectivos buscaban a Santiago. La comunidad mapuche fue señalada como responsable de la desaparición de Santiago, de tenerlo escondido por ahí.

Los medios también les tiraron con todo y a pesar de que sus testimonios decían todos lo mismo y apuntaban a la Gendarmería, fueron acusados de mentir y de presentar contradicciones. Su palabra fue más puesta en duda que la de los gendarmes que mintieron desde el minuto cero y ahora contaban una historia muy distinta a la que habían contado antes. Incluso, el mismísimo Germán Garavano sostuvo que es probable que algunos gendarmes no hubieran dicho la verdad desde el comienzo.

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Cambiemos de tema

El Gobierno intentaba entonces instalar dos operaciones: que podrían haber sido unos "gendarmes sueltos" pero que su accionar no constituía una desaparición forzada y que los mapuches podrían tener que ver con el ocultamiento del cuerpo de Santiago.

El último gran intento por embarrar la cancha tuvo lugar en el marco del megaoperativo que comandó Otranto en el territorio mapuche, que era tan reclamado por el coro mediático pero que ya se había realizado en dos oportunidades previas.

Los centenares de efectivos que recorrieron el lugar no encontraron nada. El hermano de Santiago, Sergio, fue interceptado por Otranto, quien no le permitió ejercer su derecho como querella a controlar la creación de las pruebas. De hecho, Sergio Maldonado manifestó su temor a que tiren el cuerpo de su hermano por ahí e “inventen cualquier cosa”.

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Con menos margen para seguir operando en torno al principal tema de la agenda, mejor intentaron instalar otro. Oh casualidad, en medio de un desprestigio creciente de la Gendarmería, resulta que esa fuerza fue la encargada de "echar luz" sobre el caso del fiscal fallecido con sus pericias. El informe elaborado por Gendarmería se estableció que a Nisman lo asesinaron.

Ahora la apuesta de Cambiemos es a polarizar con el kirchnerismo y exprimir lo más posible el libreto de la corrupción y la falta de respeto a los principios de la República. Recientemente también, en esta disputa el Gobierno intentó utilizar la denuncia por los once años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. Sin embargo, tal maniobra tiene claros límites. A ningún gobierno le conviene ir hasta el final con denuncias por las libertades democráticas, aunque fuera para tratar de atacar a sus adversarios políticos más declarados. Las fuerzas políticas burguesas que han conducido las riendas del Estado, todas, tienen en su haber denuncias por desapariciones, gatillo fácil y represión.

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Una idea que persistió fogueada por el Gobierno y las empresas de medios de comunicación afines a Cambiemos, es que el kirchnerismo le da manija al caso Maldonado para sacar rédito en términos electorales.

Sin embargo, el Gobierno no puede afirmar que está exento de los cálculos electorales. Según publicó recientemente Clarín, Después de su "retiro espiritual" quincenal “para contener la ira en momentos de estrés”, Macri estaría confiado de que la desaparición forzada “tendrá efecto cero en las urnas”.

La Gendarmería Nacional es la fuerza represiva que los sucesivos gobiernos intentaron mostrar como las más "honesta", "transparente" y prestigiosa. No parece tarea difícil si se la compara con otras fuerzas como la Policía Bonaerense, profundamente cuestionada y descompuesta. La crisis abierta con la desaparición de Santiago, pone un límite a este intento por mostrar a una Gendarmería "buena y sacrificada", lo cual complica los planes del oficialismo, que pretende seguir utilizándola para reprimir la protesta social y perseguir a luchadores y luchadoras. La realidad es que la Gendarmería ha estado al servicio de la represión y el espionaje ilegal, a lo largo de todos los gobiernos.

Cambiemos necesita cambiar el eje y tratar de llegar a octubre discutiendo otra cosa. Profundizar la polarización con el kirchnerismo a través de la causa Nisman le resulta útil. No solo para fustigar contra el pasado que le ganó en la provincia de Buenos Aires el 13 de agosto, sino para quitar del centro de la escena la discusión respecto de su política represiva y los planes que tiene en agenda para después del 23: utilizar a las fuerzas represivas para mantener a raya todo lo que pueda la protesta social, en el marco de una nueva etapa del ajuste.







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