GATILLO FÁCIL EN SANTA FE

Franco Casco: en un nuevo acto de impunidad otorgan prisión domiciliaria a dos policías imputados

Sin informar a la familia de la víctima, la justicia federal dictó prisión domiciliaria para los dos policías acusados de detención ilegal y tortura seguida de muerte de Franco Casco.

Julián Longarini

CeProDH Rosario

Sábado 16 de marzo | 09:57

La justicia federal dictó la prisión domiciliaria a dos de los policías involucrados en la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco. Esta medida, alertada por la Multisectorial contra la Violencia Institucional el martes pasado, fue tomada sin dar ningún tipo de aviso a Ramón Casco, padre de Franco –quien constituye querella en el caso- lo que viola abiertamente la ley 27372 de garantías de las personas víctimas de delitos.

Franco Casco era un joven albañil que llegó a la ciudad de Rosario para visitar a su familia y fue encontrado muerto en el río Paraná luego de permanecer detenido en la comisaría séptima. El hecho, que generó enorme repudio en la sociedad y en los organismos de Derechos Humanos que acompañan a las familias de víctimas de violencia institucional, fue el primero de una serie de casos de gatillo fácil que dejaron al descubierto la brutalidad policial en la ciudad.

Esta medida determinada por la justicia federal atenta contra los principios esenciales del Derecho y expone a las familias de víctimas de gatillo fácil a un constante amedrentamiento y graves amenazas, como es conocido que sucedió con la familia de Jonatan Herrera, otro joven acribillado por la Policía de Acción Táctica (PAT) mientras estaba en la vereda lavando su auto.

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Desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional pidieron su revocación e informaron que el primero de los policías en obtener la prisión domiciliaria fue Enrique Gianola Rocha el 4 de octubre pasado por resolución del juez federal Carlos Vera Barros, a posteriori se le otorgó prisión domiciliaria al policía Guillermo Gissel; ninguno de estos hechos fueron informados a la familia.

“La desaparición forzada seguida de muerte del joven Franco Casco constituye una grave violación a los derechos humanos, se trata de un crimen atroz, el cual tiene una pena de prisión perpetua, por lo que corresponde que los policías investigados transiten el proceso en prisión”, señalaron en un comunicado.

“Exigimos al juez de la causa y a la fiscalía, que se realice de manera urgente la medida pericial pendiente, para confirmar la identidad del cuerpo de la víctima, ya que es una situación que afecta gravemente al bienestar y la salud de la familia de Franco y obstaculiza la pronta realización del juicio oral, teniendo en cuenta que todos los procesamientos fueron confirmados por la Cámara de Apelaciones” agregaron desde el espacio.

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Por su parte, la abogada del Centro de Profesionales por los derechos humanos Celina Tidoni sostuvo: “Esta política judicial no es nueva en la provincia, la cual encabeza los rankings en violencia policial e impunidad, basta mencionar los casos de Franco y Jonatan, Pichón Escobar y Maximiliano Zamudio entre otros. Todos ellos ejemplos claros de cómo la policía goza de impunidad en complicidad con el poder judicial y el ejecutivo en manos del Partido Socialista. Acompañamos el pedido de la familia y la querella y rechazamos que se den beneficios a policías acusados de violaciones a los derechos humanos”.

En este marco, la familia viene padeciendo todas las manipulaciones y dilaciones en la causa. El 28 de marzo se realizará la pericia final del cuerpo de la víctima; el Equipo Argentino de Antropología Forense realizará el estudio genético para corroborar lo que su familia, la querella y todas las organizaciones solidarias vienen señalando y probando desde el principio, que Franco fue rescatado de las aguas del río Paraná el 30 de octubre de 2014.







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