Política Chile

CASO DANIELA VARGAS

Fiscalía comienza investigación sobre el rol de autoridades y clínica UC por muerte de menor

Daniela Vargas falleció hace dos años debido a que la Red UC Christus se negó a realizarle un trasplante de corazón porque la menor se encontraba en una situación de "precariedad familiar, social y personal".

Viernes 10 de noviembre

En el año 2015 la menor Daniela Vargas (13), quien vivía en un centro del Sename, falleció de un infarto tras haber estado hospitalizada en la Red UC Christus. La menor estuvo algunos días en dicha institución de salud, en estado grave, sin embargo, la dieron de alta y se negaron a realizarle el trasplante de corazón que necesitaba, tal como informamos aquí.

La primera información entregada desde la Red UC Christus fue que la niña no podía acceder a la lista de espera debido a su “precaria condición familiar, social y personal". Para el Comité de Ética de la Red Christus de la UC, Daniela Belén Vargas, quien sufría una “miocardiopatía dilatada”, no podía ser atendida en el establecimiento ya que no tenía una familia ni pariente que se responsabilizara por ella. Tampoco le dieron posibilidad de quedar en lista de espera.

Desde la institución médica argumentaron que "el éxito del trasplante cardíaco como una alternativa terapéutica extraordinaria recae no solamente en el acto quirúrigico propiamente tal, sino que además en un cuidado y seguimiento post operatorio adecuados, en el cual la adhesión al tratamiento y los controles médicos son vitales". Producto de esta visión la menor no tuvo acceso a ser operada.

Los integrantes del Comité de Ética que tomó la decisión respecto a la menor afirma que al mencionar en el informe la “precariedad social, familiar y personal”, se referían a “condiciones completamente insuficientes para el cuidado pre y posoperatorios de la menor. En ningún caso, hemos vinculado las condiciones económicas de Daniela como criterio para entregar tratamiento médico, como se ha insinuado de manera insidiosa y faltante a la verdad”. También agregaron que los requisitos exigidos fueron informados al Sename, pero no obtuvieron respuesta por parte de la institución, ni del Ministerio de Salud, lo que fue desmentido por la ministra de Salud, Carmen Castillo.

Pese a estos desacuerdos y a que aún está siendo investigado el caso, tanto la ministra de Salud, como el coordinador nacional de trasplantes, José Luis Rojas, defendieron el protocolo para enlistar pacientes en espera. Este aspecto ha sido duramente cuestionado, ya que "limita el acceso a una salud de calidad y oportuna por aspectos socioeconómicos. Autoridades se basan en tratados internacionales para justificar lo indefendible. A Daniela le negaron un trasplante de corazón porque era una niña pobre y con una situación sumamente precaria. No pensaron en su bienestar y prefirieron regirse por normativas discriminatorias que se alejan totalmente del sentido social que deberían tener las instituciones médicas", denuncia Dauno Tótoro, candidato a diputado por el distrito 10.

Tras la revelación de este caso, que nuevamente involucra a una menor del Sename, el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, anunció la apertura de una investigación por el rol de las autoridades y de la clínica.

“No tenemos límites para investigar las responsabilidades. En cada caso se tendrá que esclarecer si estas existen a nivel de salud, a nivel de Sename, a nivel de determinadas personas o de organismos colaboradores”, afirmó Emilfork. Además, el fiscal aseguró que no existía denuncia del Sename por la muerte de Daniela y que actualmente indagan 1.313 decesos de menores. “Hay una focalización prioritaria respecto de esclarecer si existe o no responsabilidad penal por parte de distintas personas que finalmente hayan redundado en su fallecimiento (…) Los antecedentes son lo suficientemente graves como para poder impulsarla (la causa) de una manera más potente”.






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